El Gobierno valenciano inicia el proceso para revertir las ITV privatizadas

La consejería de Economía de la Generalitat Valenciana ha notificado a las empresas concesionarias del servicio para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) la decisión de no prorrogar los contratos una vez finalice el plazo inicial de 25 años, que concluye el próximo 2022. La Administración tiene la obligación de avisar con un año de antelación la decisión de denunciar formalmente el contrato al decidir que “no existirá prórroga”, tal como figura en la notificación que se ha hecho llegar a las concesionarias.

La recuperación de las ITV como servicio público es uno de los compromisos del Gobierno del Botànic, formado por socialistas, Compromís y Unidas Podemos que ya ha iniciado otros procesos de reversión como el del área de Salud de la Ribera. Y así lo esgrime Economía es la notificación a las empresas: “Ante la finalización de la concesión en la próxima legislatura, trabajaremos para devolver a la gestión pública directa el servicio de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente”. En cualquier caso, los socialistas, socios mayoritarios del Gobierno valenciano aún no han mostrado su total apoyo a la reversión de este servicio.

El consejero de Economía, Rafael Climent, ya manifestó su intención de dar por concluido el contrato con las adjudicatarias para un servicio que fue privatizado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La concesión de las ITV es una de las contratas que está investigando la justicia por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, ante la posibilidad de que los adjudicatarios pagaran sobornos, entre otros, al propio Zaplana.

Para recuperar las ITV como servicio público, Climent encargó el diseño de una hoja de ruta que sostiene que el proceso se llevará a cabo en tres fases, hasta 2026. El documento concluye que la Generalitat se embolsará 39,3 millones de euros anuales de beneficios por la gestión de las ITV, mientras que, en el caso de que se optara por la prórroga de la concesión actual, la ganancia sería de 7,6 millones al año y, en caso de licitar una nueva concesión, sería de unos 19,2 millones.

En cualquier caso, según la notificación remitida por la consejería de Economía, la concesión no podría prorrogarse automáticamente porque, “según ha manifestado recientemente la Comisión Europea, sobre el asunto de la prórroga de la concesión de determinadas autopistas en España e Italia, “la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación”.