La justicia sienta en el banquillo 16 años de corrupción del PP desde la presidencia de la Generalitat Valenciana

Entre 1995 y 2011, la Generalitat Valenciana estuvo presidida por tres presidentes del PP. Los tres, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, se sentarán en el banquillo acusados de amañar concursos públicos cuyas adjudicaciones han supuesto un perjuicio para las arcas autonómicas y, en dos los casos, un beneficio para sus bolsillos particulares, según la Fiscalía. Los dos primeros están implicados en el llamado caso Erial. El tercero, en el caso Gürtel.

El relato que hace la Fiscalía Anticorrupción en los escritos de acusación refleja un hábito de compadreo entre los dirigentes populares y ciertos grupos empresariales que se hacían con adjudicaciones para los más diversos servicios públicos: desde el montaje de expositores en ferias a la construcción de parques eólicos o la explotación de unas privatizadas ITV.

Los coletazos de la Gürtel llevarán a Camps en enero al banquillo de la Audiencia Nacional para responder por el supuesto amaño en la adjudicación a Orange Market del contrato de la feria de turismo, Fitur, en 2009. La propia Fiscalía, que pide dos años y medio de cárcel, señala que el interés para que estas adjudicaciones recayeran en las empresas de la trama Gürtel ya se había dado en ediciones anteriores. Y no solo esos. Ya ha quedado probado que la Generalitat que Camps presidió “manipuló” otros contratos públicos en favor de Gürtel o que el PP que lideró también se financió de forma “irregular” en las campañas de 2007 y 2008. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo valenciano entre 2003 y 2011 ha quedado, de momento, impune en todas las acusaciones. Pero en esta, en la que está pendiente de juicio, Francisco Camps ya ha quemado todas las argucias y estratagemas posibles para tratar de evitar un banquillo en el que, además, se sentará después de que varios de los acusados que le iban a acompañar hayan confesado. Uno de ellos, Francisco Correa, líderes de la trama corrupta describe en su escrito de confesión la competencia entre empresas por hacerse con el favor de la Generalitat. Y, según el fiscal, Camps dio “verbalmente instrucciones” para que las empresas de Correa fueran adjudicatarias del stand de grandes proyectos, esos que, según el expresidente, ponían a Valencia “en el mapa”.

La decisión del juzgado número 8 de Valencia de abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y José Luis Olivas por amañar otros contratos que les reportaron copiosos beneficios de forma ilícita, según las acusaciones, procede de las adjudicaciones del plan eólico valenciano y del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos privatizada por el PP. Mientras que en el caso Gürtel Camps dejó al margen “la tramitación de procedimiento de contratación alguno”, en el caso Erial que mancha a Zaplana y Olivas, los adjudicatarios “contaban con la información informativa necesaria (...) en perjuicio del resto de los posibles competidores, limitando en lo posible la competencia”. Y así, la Generalitat, iba menguando sus arcas.

El gobierno del Botànic puso en marcha en 2015 una Oficina de Recuperación de Activos que ha abierto 40 expedientes para promover acciones que permitan la recuperación del patrimonio público que se perdió con la corrupción. Según los últimos datos, se han recuperado un total de 7,24 millones de euros pero hay trámites abiertos para la recuperación de hasta 22 millones.

Las causas pendientes dejan al PP expuesto en año electoral. Los intentos de sus sucesores al frente de los populares valencianos, Isabel Bonig en su día y Carlos Mazón actualmente, por desligarse de los años de corrupción son vanos. La portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, ha asegurado que la corrupción sistemática del PP “es un ciclo sin fin” incluso siete años después de que los populares salieran de las instituciones. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha diferenciado entre las corruptelas y el caso por el que es investigada Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada y la de Podem, Pilar Lima, ha exigido “tolerancia cero” ante estos casos y que se devuelva todo el dinero apropiado indebidamente en una etapa de “decadencia de los servicios públicos.

La defensa política de Zaplana y Olivas ha recaído en la portavoz del Grupo Popular en el parlamento valenciano, María José Catalá, quien ha pedido respeto a la “la presunción de inocencia”. Respetamos mucho los procedimientos judiciales, no solo los que afectan a personas que han formado parte del PP, sino también los que afectan a personas que forman parte de otros partidos políticos”, ha dicho. Quien no se ha pronunciado es el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, discípulo político del propio Zaplana.