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La Generalitat eleva a más de 11 millones de euros el dinero de la corrupción que recuperará para las arcas públicas

Los casos Cooperación y el saqueo de la empresa pública Emarsa son los expedientes de los que procede en mayor volumen de patrimonio

El exconsejero del PP, Rafael Blasco, en junio de 2021, antes del juicio por un presunto amaño en contratos de informática, dentro del conocido como ‘caso Cooperación’.
El exconsejero del PP, Rafael Blasco, en junio de 2021, antes del juicio por un presunto amaño en contratos de informática, dentro del conocido como ‘caso Cooperación’.Rober Solsona (Europa Press)
El País

La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat valenciana ha abierto 40 expedientes para promover acciones que permitan la recuperación del patrimonio público que se perdió con la corrupción desde su puesta en funcionamiento en el año 2015. Hasta ahora ha recuperado un total de 7,24 millones de euros pero tramita ya la recuperación de otros cuatro millones con lo que el montante de dinero que volverá a las arcas públicas se eleva a más de 11 millones.

Los casos Cooperación (sobre el desvío de fondos destinados a países del tercer mundo que nunca llegaron a su destino) y Emarsa (por el que se saquearon fondos de esta empresa pública), así como del cobro de derechos liquidables de actuaciones urbanísticas de Terra Mítica son los tres expedientes de los que proceden la mayoría de los fondos recuperados.

El director general de Relaciones con las Cortes, Antonio Torres, ha destacado que el Consell ha trabajado desde el primer día por recuperar los recursos públicos hurtados a los valencianos en casos de corrupción, “y destinar estos fondos a lo que realmente hay que destinarlo que es a servicios públicos para los ciudadanos”. Ade,ás, , ha señalado que actualmente todavía existen actuaciones de relevancia económica pendientes, para la recuperación de otros 4 millones de euros. En concreto, se ha referido a la existencia de 13 inmuebles, así como dos apartamentos en Miami que se encuentran en proceso de subasta, pertenecientes a los condenados en el caso Cooperación.

Según indica un comunicado de prensa de la Generalitat, el Gobierno valenciano, a través de la representación jurídica “ha velado por una adecuada defensa de los intereses públicos y se ha personado en asuntos de repercusión social y trascendencia económica, documentando adecuadamente los perjuicios ocasionados a las arcas públicas derivados de actuaciones antijurídicas, así como reclamando el cobro de activos de la Generalitat que no habían sido exigidos”.

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