Las condenas por corrupción en Terra Mítica o Cooperación devuelven a las arcas públicas más de siete millones de euros

La Generalitat Valenciana ha recuperado más de siete millones de euros robados de las arcas públicas por tramas corruptas a las que han condenado los tribunales y a cuyos integrantes han obligado a devolver bienes y cantidades distraídas en casos como el de Terra Mítica. Ese montante puede aumentar en breve y sumar otros tres millones de euros tras la última sentencia de la Audiencia Nacional a la trama Gürtel por la pieza de las pantallas de la visita del Papa a Valencia en 2006, por el que el tribunal cifró el sobrecoste en 3,2 millones. Además, lo recuperado de la corrupción se incrementará aún más en cuanto se vendan, en subasta, los dos apartamentos que el empresario Augusto César Tauroni compró en Miami con dinero del fraude en las ayudas de la Generalitat en el caso Cooperación.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado este jueves, en la sesión de control de las Cortes valencianas, la cantidad de dinero recuperada, después de que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, afirmara que “el peor sablazo a los valencianos ha sido la corrupción del PP” y criticara a quienes se empeñan en “sacar pecho” de aquel modelo “de constructores sin escrúpulos y políticos sin vergüenza”.

Entre los siete millones recuperados ya, la mayor parte corresponden a la sentencia del caso Terra Mítica, por el que se condenó a dos exdirectivos del parque ubicado en Benidorm y a otras 20 personas por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental en la construcción del parque temático impulsado por el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En su mayor parte es dinero de deudas por la adjudicación de derecho de superficie. Por este caso, la Generalitat ha recuperado alrededor de tres millones de euros.

Otro de los casos juzgados que ha supuesto la devolución de dinero a las arcas públicas ha sido el de Emarsa, por el saqueo de la depuradora de Valencia cuando el PP estaba al frente de la Diputación de Valencia y por el que se debieron más de 23 millones de euros. La Generalitat ya ha recuperado uno pero quedan pendientes de recuperar otros 11 tras la condena por la emisión de facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real.

Junto a estos, se han recuperado otras pequeñas cantidades, como los cerca de 25.000 que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia no reclamaba al PP por el alquiler del espacio para la celebración de un mitin. El PP pagó 5.000 euros por el alquiler para un acto con Mariano Rajoy, cuando el precio de tarifas públicas era superior.

Del caso Cooperación, por el fraude registrado entre 2009 y 2011 en subvenciones a ONG destinadas a cooperación al desarrollo del Tercer Mundo, así como a la construcción de un hospital en Haití, que tuvo al conseller Rafael Blasco como principal condenado, la Generalitat ha recuperado cerca de otro millón de euros, aunque están pendientes de subasta varios bienes de Blasco que acercarán el montante al cifrado por la Fiscalía, más de cinco millones de euros, como cantidad para compensar el perjuicio total causado a las arcas públicas.

Suspensión de militancia

Por otro lado, el PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia y ha abierto expediente a José María Cataluña, que fue responsable de finanzas del PSPV y ahora seguía como militante sin cargos en el partido desde 2004, al figurar como investigado en el caso Azud, según han confirmado fuentes socialistas.

En la segunda fase de la operación, en la que se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal, relacionados con la corrupción urbanística y cobro de mordidas, figura como investigado Cataluña, a quien se considera supuesto “facilitador” de contactos al constructor detenido en la trama y en prisión, Jaime Febrer. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado jueves el domicilio de Cataluña.

En total, en la segunda parte de Azud, que se instruye en el Juzgado número 13 de Valencia junto a Fiscalía Anticorrupción, 14 personas fueron detenidas la semana pasada. La operación de la UCO se desplegó por varios puntos de la geografía española --Valencia, Alicante, Madrid, Tomelloso e Ibiza--, donde se practicaron hasta 46 registros para intervenir documentación. La causa suma ya cerca de medio centenar de investigados. El PP valenciano abrió expediente este lunes un expediente informativo a la exalcaldesa de Xixona (Alicante) Rosa Verdú y al exconcejal Francisco Doménech, imputados en el caso, en el que el exvicealcalde del PP, Alfonso Grau, y elexsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, siguen en prisión.