Camps pide al tribunal de ‘Gürtel’ que no tenga en cuenta las confesiones de los arrepentidos para juzgarle

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, del PP, ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará en enero por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market -una de las empresas de la trama Gürtel- que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos. La previsión es sentar en el banquillo a Camps, Correa, cinco miembros de la trama, tres exconsejeros del PP (Alicia de Miguel, Luis de Rosado y Manuel Cervera) y casi una veintena de cargos o técnicos de la Generalitat.

La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como “autoincriminatorios”, es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados. “No debe en cualquier caso admitirse ni puede servir de base objetiva, para quien sostiene la acusación, ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso”, sostiene.

En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, “todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto”.

Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre. Hasta el momento, el expresidente se ha librado de varias causas anteriores vinculadas con Gürtel al no poder establecerse una relación directa entre él y las contrataciones con la trama corrupta, si bien colaboradores y cargos de la Generalitat, que él presidió entre 2003 y 2011, han sido condenados en algunos casos con penas de cárcel, como la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Fernández, entre otros.

Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. En el banquillo se sentarán

Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de Gürtel. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a nueve años al añadir tráfico de influencias.

Correa asume culpas

Entre los conformados destaca Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel. En su caso, ha planteado una condena de dos años y tres meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

“El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo”, escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio. En él, se atribuye la idea de crear Orange Market para “obtener contratos de la Generalitat valenciana y organizar las campañas electorales del PP” allí, “dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias El Bigotes) inició con Paco Camps”. En unas grabaciones publicadas por este periódico, Camps llamaba a El Bigotes “amiguito del alma”.

Correa cuenta que “presionaba constantemente a Álvaro” porque “el 90% de los contratos” de publicidad, comunicación y eventos se adjudicaban a Global, una empresa que “trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana”. “También recuerdo que Iñaki Urdangarín nos arrebató a través de su fundación varios eventos, no sin antes previa llamada del rey emérito”, añade, matizando que toda esta información se la proporcionaba El Bigotes.

Asegura que, tras su “continua exigencia” a Pérez, cambiaron las tornas y el Gobierno valenciano les confió “algunos eventos”, como los que componen esta pieza separada, conocida también como de ‘contratos menores’. Detalla que el ‘número dos’ de ‘Gürtel’, Pablo Crespo, se ocupaba de la facturación e Isabel Jordán, de producción y montaje.

Además, precisa que solo ha coincidido dos veces con Camps, una en la ya famosa boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar y otra en la boda de ‘El Bigotes’, al que sí atribuye una “estrecha relación de amistad” con Camps. “De manera que mi relación con él es inexistente”, zanja.

En la reproducción de su escrito, avanzado por el diario Levante EMV, Correa apunta: (...) tras mi continua exigencia a Álvaro, Paco Camps a través de algunas personas de su confianza nos adjudicaban algunos eventos como son los que forman parte de la pieza separada Valencia 5″.

La Fiscalía ha llegado a una acuerdo también con Carmen Quintero, que fue gerente de la Fundación La luz de la Imágenes. Se pedían cinco años y medio de cárcel y se ha pactado una pena de un año y seis meses para evitar el ingreso en prisión, dado que no tiene antecedentes. Según consta en su escrito, ya ha abonado 34.626 euros para reparar el daño causado.

Por su parte, Crespo reconoce en su escrito que estaba a cargo de la “supervisión contable y financiera del grupo de empresas” de Gürtel’, teniendo “información puntual y periódica de las actividades de Orange Market”.

La acusada Isabel Jordán, considerada como administradora de las empresas de ‘Gürtel’, también da detalles sobre Camps y ‘El Bigotes’, a quien el expresidente valenciano debía “sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable”. Y es todavía más explícita sobre el papel de Pérez y su relación con Camps al manifestar que “durante los años 2004 a febrero de 2009, todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar” corrían de la mano de El Bigotes.

Por último, la ex directora general del Libro Silvia Caballer reconoce que acordó con ‘El Bigotes’ contratar a Orange Market para el II Congreso Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005. Admite que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que “pudieran ser tramitados como contratos menores”. Y para “minimizar” costes reconoce contactos con diez entidades para que patrocinaran el evento, así como con Proyecto Cultural Castellón para que lo “coorganizara”, facturando unos 63.000 euros.