La Audiencia justifica la salida del magistrado Delgado del juicio a Camps “para alejar cualquier sospecha de falta de imparcialidad”

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha argumentado que la salida del magistrado Joaquín Delgado del tribunal que juzgará a Francisco Camps por el caso Gürtel se produce “para alejar cualquier sospecha de falta de imparcialidad”. El pleno de la Sala explica así la decisión tomada la pasada semana, cuando acordó por unanimidad apartar a Delgado de la vista oral que arrancará el próximo enero contra el expresidente valenciano. Este juez fue asesor de José María Michavila y director general con Rafael Catalá, ambos ministros de Justicia con Gobiernos del PP. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Camps por prevaricación y fraude.

Según explica la Sala en un auto fechado el 5 de julio, al que tuvo acceso EL PAÍS, Joaquín Delgado ocupó un “cargó de confianza” en Gobiernos del PP y, precisamente, en este juicio se sienta en el banquillo el expresidente de la Generalitat Valenciana bajo las siglas de dicha formación, que también ostentó el puesto de presidente regional de los populares. Por ello, el tribunal incide en que la ley prevé que, “en cumplimiento de los compromisos internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción” y con el objetivo de “alejar cualquier sospecha de falta de imparcialidad”, se evite que un magistrado que “haya ejercido cargo político o de confianza conozca de asuntos en los que las partes sean partidos o agrupaciones políticas, o algunos de sus integrantes han sido o sean cargo público”.

Los socialistas valencianos plantearon la recusación de Delgado, a la que se sumó la Fiscalía, que incidió en que fue “nombrado para altos cargos del Gobierno del PP a propuesta de ministros del citado partido”. Un detalle de enorme relevancia, según el ministerio público, al enjuiciarse en esta vista a “numerosos altos cargos de la Administración de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular en los años 2004 a 2009″. Además, este magistrado cesó como director general de Relaciones con la Administración de Justicia de Catalá tras la moción de censura que propició la llegada de Pedro Sánchez (PSOE) a La Moncloa, presentada a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó por primera vez al partido por Gürtel.

El pleno de la Sala de lo Penal subraya en su resolución que, en ningún momento, se plantea que Delgado tenga “relación personal ni profesional con las personas físicas y jurídicas” acusadas en este juicio, centrado en los contratos que la Generalitat otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas del máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa. Es más, la Audiencia Nacional insiste en que no se pone en cuestión la “idoneidad, laboriosidad y profesionalidad” del magistrado, pero su presencia en el tribunal pondría en entredicho la “apariencia” de imparcialidad.

Delgado es el cuarto juez apartado de Gürtel por sus contactos con el PP o sus Gobiernos. Antes, ya se adoptaron decisiones similares con Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González. Por su parte, los populares lograron sacar al magistrado progresista José Ricardo de Prada de una de las vistas orales: en su caso, por haber declarado probada la contabilidad paralela del PP en el juicio central del caso.