Ayuso eleva la crispación: “No es el fiscal general sino Sánchez quien está en el banquillo. Es propio de una dictadura”

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido este viernes entre una gran expectación por lo que tenía que decir un día después de que se conociera la condena al fiscal general del Estado por un caso que le atañe directamente. La sentencia ha tenido una enorme repercusión política y mediática. La resolución del Tribunal Supremo supone una victoria para ella porque ha prevalecido su relato de que Álvaro García Ortiz, en connivencia con el presidente Pedro Sánchez, maniobraron en su contra.

Nada de eso ha quedado demostrado en el juicio, aunque haya acabado en condena. García Ortiz era sospechoso de filtrar un documento en el que el abogado del novio de la presidenta, Alberto González Amador, reconocía dos delitos fiscales que, juntos, suman más de 300.000 euros. “No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”, ha declarado Ayuso en una comparecencia ante los medios en la que no ha admitido preguntas.

La presidenta ha leído en teleprompter una declaración muy institucional, de la que no se ha salido ni un milímetro. Si la gente la esperaba eufórica en su intervención hoy en la sede del Gobierno de Madrid, se ha llevado una decepción. Ayuso se ha presentado contenida, seria, nada presa de sus emociones. Su mensaje es que ella ha vencido a Sánchez: “Él mismo afirmó que el fiscal dependía de él. Y el fiscal ha sido condenado. Él mismo dijo que habría que pedir perdón al fiscal mientras juntos borraban todo el dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”.

Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, el asesor más importante del Gabinete, han señalado desde el principio a García Ortiz como el autor de la filtración. Faltó en el juicio una prueba concluyente (la smoking gun que todo investigador busca), pero igualmente se ha impuesto el relato del PP madrileño, una facción muy poderosa dentro del principal partido de la derecha española. La presidenta se apunta un tanto en su disputa casi diaria con Sánchez, en la que siempre queda opacado el líder de su partido y cabeza de la oposición, Alberto Núñez Feijoó. Ella ha llegado a hablar del momento en el que los españoles vuelvan a votar, pero en ningún momento aludió a que tengan que hacerlo por Feijóo. O lo dio por supuesto o lo obvió.

Los periodistas interrogados durante las sesiones que durante dos semanas se celebraron en el Supremo negaron haber recibido la información de sus manos. Algunos incluso mostraron chats en los que se demuestran que tuvieron acceso a la información antes que García Ortiz. A preguntas de la defensa, quedó expuesto el jefe de la UCO, que reconoció no haber investigado las comunicaciones de las más de 500 personas del sistema judicial que pudieron haber tenido la misma información a la vez que él. Nada de eso caló en los cinco de los siete magistrados que han coincidido en condenarle por revelación de secretos.

Ha habido hasta cinco menciones a la supuesta connivencia entre el fiscal y Sánchez, algo que de lo que no hay pruebas. “Operaron coordinados y han sido condenados”, ha dicho, y ha añadido que el presidente puede estar preparando “algo desquiciado” para las próximas fechas. Ha hecho suyo un lema de Alfredo Rubalcaba, el portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, que acusó a José María Aznar de mentir sobre los atentados del 11-M: “España no se merece un gobierno que les mienta (...)”. El guiño, reconocen en el PP, no ha sido casual. Se ha escrito con toda la intención.

Ha ido mucho más lejos: “Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir”. Ha añadido que este caso “nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas, con quien la preside”. La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno central de mentir y “utilizar el poder judicial que le pertenece a todos los españoles para fines políticos”.

Detrás de todo el andamiaje comunicativo y político del caso se encuentra Rodríguez, que desde el principio asumió como propia la crisis. Entonces pasó de ser un asunto de un particular, en este caso la pareja de la presidenta, a algo que concernía a todo un Gobierno, nada menos que el de Madrid. Trató de adelantarse filtrando que la fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador y después se lo había retirado por “órdenes de arriba”. Apuntaba, sin necesidad de decirlo, a Sánchez. El asesor, exministro de José María Aznar, ha tenido que reconocer que esa información era falsa, una suposición suya. En realidad, era el abogado del novio el que decía que su cliente había cometido esos dos delitos y que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la fiscalía con tal de rebajar la pena. La fiscalía emitió después un comunicado en el que matizaba esto. El caso se convirtió en una enorme bola de nieve.

Se ha llevado por delante nada menos que al fiscal general, que ha quedado inhabilitado, y ha opacado, de cierta forma, el fondo del asunto: los problemas con Hacienda de González Amador.