Puigdemont renace en Madrid

El martes, Carles Puigdemont fue entrevistado en TV3 a solicitud de Junts. Se trata de una prerrogativa del líder de la oposición, como contó Marc Rovira, pero Puigdemont se ha negado a ejercer ese papel. La emisión se justificaba, según su partido, por el interés informativo: la valoración de la petición para que el presidente Sánchez se someta a una cuestión de confianza, la relación de Junts con el Gobierno central. A los telespectadores la conversación con el “líder del principal partido de la oposición” les interesó menos. De las que ha concedido a la televisión pública, esta ha obtenido la peor audiencia desde 2017 (12% de cuota de pantalla). Nada que sorprenda. En las elecciones generales de 2023, este espacio político obtuvo el peor resultado de su historia (395.429 votos); en las autonómicas de 2024, con el líder de candidato, el segundo peor (681.470). La circunstancia es paradójica. Junts, con cuotas de poder precarias, atraviesa una situación crítica que no se percibe como tal por el protagonismo que le otorga la aritmética parlamentaria. La influencia de sus siete diputados es la palanca a través de la cual el movimiento que pivota en torno a Puigdemont se redefine y subsiste.

Cuando el president se refugió en Bélgica para huir de la justicia (la que evita que se le aplique la ley de amnistía, activismo político del Tribunal Supremo de manual), tuvo el apoyo de empresarios y se creó una infraestructura que debía mantenerse a través de los inscritos en el fantasmal gobierno paralelo del Consell de la República. Luego fue elegido eurodiputado. Ahora no lo es y el Consell se está desintegrando por inoperante y por el uso fraudulento del presupuesto del eurodiputado Toni Comín. Las aportaciones tampoco no son las que fueron. Cuando en 2018 se le detuvo en Alemania se recaudaron más de dos millones, explicaron Saura y Orovio en La Vanguardia; tras la aparición y fuga de este verano en Barcelona, solo 24.000. La vía básica de ingresos es el grupo parlamentario de Madrid, constituido no por los votos sino gracias a la cesión de diputados socialistas. Además, como revelaban Orriols y Serra en Ara, el jueves se aprobó una modificación de la ley orgánica de régimen electoral, camuflada en el proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia de la justicia, en virtud de la cual Junts cobrará 1.200.000 euros de una subvención por las elecciones del 23-J gracias a ser grupo parlamentario.

A través de su influencia en Madrid, tras casi una década de estéril confrontación independentista, Junts se está redefiniendo como un partido nacionalista de derechas. De las agresivas derechas actuales más que del viejo moderantismo convergente. No tiene alternativa. En la patronal se sabe que se puede contar con sus votos para retrasar la agenda progresista del Gobierno y una diputada de ERC les llamó por pasiva “lacayos de Repsol” durante la negociación para aprobar la reforma fiscal y mantener el gravamen a las energéticas. A la vez la cuestión de la inmigración va ganando centralidad en su discurso, como quedó claro por los minutos que Puigdemont le dedicó en la entrevista con Ariadna Oltra. Según el acuerdo de investidura, en la clandestina mesa de Ginebra, el PSOE negocia con Junts la anticonstitucional cesión plena de competencias en esta materia. En la práctica, Puigdemont quiere otorgarse el mérito que sea la Generalitat quien gestione los permisos de residencia y que los Mossos d’Esquadra sean quienes ejecuten la orden de expulsión de los irregulares de Cataluña. En este tema, además de la preservación de su mito, cree que está la clave de la viabilidad de su espacio: dar con la fórmula para taponar su consolidada fuga de votos hacia la xenofobia de Aliança Catalana.