Otro órdago de Puigdemont

Junts per Catalunya quiere que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, dado que considera negativo el balance del año transcurrido desde que sus siete votos contribuyeron a la investidura del presidente del Gobierno. Carles Puigdemont escenificó este lunes la amenaza en una rueda de prensa en Bruselas en la que utilizó su habitual retórica desafiante. En los últimos meses, Puigdemont ha rechazado la jefatura de la oposición en el Parlament de Cataluña, puesto que le correspondía, pero que le obligaba a poner fin al autoexilio con el que ha conseguido eludir a la justicia. En tales condiciones y sin escaño en el Parlamento Europeo —renunció a presentarse a las elecciones europeas para hacerlo a las autonómicas catalanas—, son crecientes sus dificultades para mantener la visibilidad mediática, el instrumento con el que mejor ha sabido manejarse desde su fracaso de 2017.

Ahora tiene enfrente el notable balance de Salvador Illa a los 100 días de llegar al Govern y la necesidad de sostener la subasta de radicalidad independentista con Esquerra en el marco de la inminente elección de un líder para los republicanos. El movimiento de Puigdemont no se entiende sin ese contexto, que condiciona el nuevo órdago de los siete diputados a sus órdenes ante un Gobierno que los necesitará para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La forma que ha adoptado es una proposición no de ley que debe pasar por la Mesa del Congreso antes de su hipotética discusión en el hemiciclo, circunstancia que, de prosperar, no se dará antes de febrero.

Junts siempre encontrará materia para nuevas exigencias con las que alimentar su presión, pero esta vez lo relevante es la coincidencia entre Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo en la expresión de desconfianza hacia Sánchez. Resulta ine­vitable interpretar la cuestión de confianza como el amago de una moción de censura entre polos teóricamente contrarios —Junts y PP-Vox— para derribar al Gobierno. La proposición impulsada por Junts es perfectamente constitucional y sería incluso lógica si fueran buenos los argumentos para presentarla. No es el caso, puesto que la mayor parte de los reproches —lanzados días después de votar a favor de la reforma fiscal promovida por el Gobierno— se dirigen hacia asuntos cuya resolución no depende del Ejecutivo, como la lentitud en la aplicación de la ley de amnistía —aprobada por el Congreso pero torpedeada por algunos jueces— o el reconocimiento de la lengua catalana en el Parlamento Europeo.

Pese a que alimenta una inestabilidad que conviene más a Puigdemont que a Junts —que se aleja de la vocación de centralidad que dice querer recuperar— hay que celebrar que el líder independentista recurra a los mecanismos institucionales previstos en la Constitución española. Y hay que animar por el mismo camino a Feijóo con la moción de censura: la vía parlamentaria es siempre la salida democrática a las discrepancias entre partidos políticos, no la unilateral, ni la judicial, ni la callejera.

Si la iniciativa de Junts es una mera estrategia de negociación presupuestaria se verá tarde o temprano: los posconvergentes acostumbran a conseguir foco elevando la apuesta y la temperatura de los titulares, como es propio de las organizaciones obligadas a gesticular cuando tienen problemas de credibilidad o de relevancia. Si no es una estrategia negociadora y Puigdemont ha decidido empezar a visibilizar una nueva mayoría con el PP y Vox quedará claramente reflejado en la votación para la tramitación de la cuestión de confianza. Aunque sea simbólicamente, puesto que someterse a una cuestión de confianza solo depende del presidente del Gobierno.