Cien días de política en Cataluña

El Gobierno de Salvador Illa ha cumplido esta semana sus primeros 100 días al frente de la Generalitat de Cataluña con una agenda muy centrada en la recuperación de la normalidad institucional tras una década larga de procés y con la mejora de los servicios públicos como principal objetivo. El líder socialista, que gobierna en minoría, ha presentado un ambicioso plan de construcción de vivienda pública —con 50.000 pisos hasta 2030— y otro para adaptarse a la dramática sequía, gestos en clave interna que requerirán de grandes esfuerzos presupuestarios y acuerdos entre diferentes administraciones. Toda la agenda política de Illa está inspirada en pasar página a los sobresaltos del procés. Está intentando aunar fuerzas y apoyos en el espectro central del catalanismo convencido de que buena parte de los ciudadanos están exhaustos por el exceso de simbolismo de los años del proceso independentista. Su tarea es buscar una mayoría amplia para estas políticas y otras como la reforma de la Administración —lenta y demasiado burocratizada— o proyectos que cuentan con mayoría pero que han quedado relegados por disputas políticas, como la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Illa tiene la ventaja de contar con el apoyo de un partido cohesionado, con la complicidad del Gobierno central y de la mayor parte de alcaldes de los grandes municipios catalanes, que también son del PSC. También tiene a su favor que los partidos que podrían hacerle oposición, especialmente Junts y Esquerra Republicana, han estado o siguen estando más centrados en pugnas internas —o dentro de ese espacio— que en ejercer de alternativa a su Gobierno.

Pero que los vientos soplen a favor de Illa no significa que el president vaya a tener una legislatura plácida. Los riesgos son evidentes, comenzando por la débil mayoría que sustenta a su Ejecutivo, con solo 42 escaños (la mayoría requiere 68 diputados). El pacto de investidura con ERC y los Comunes que le permitió alcanzar la presidencia no garantiza la aprobación de las principales medidas, muy especialmente del Presupuesto. El precio a pagar por tener estabilidad es garantizar que sale adelante una financiación “singular” para Cataluña, algo que no será fácil por la furibunda oposición del PP, que gobierna 11 comunidades autónomas, y la división dentro del propio PSOE. Tampoco será fácil mantener a largo plazo el apoyo de una ERC siempre muy influenciada por las presiones de Junts y que se halla en un delicado debate interno.

El principal reto a corto plazo son los Presupuestos de 2025. Alcanzar los 100 primeros días sin graves sobresaltos y con políticas sociales bien enfocadas le da a Illa cierta autoridad para pedir apoyos para aprobar sus cuentas. Tener Presupuestos no solo sería deseable para el buen funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat, sino que también sería la prueba de fuego de que la tan necesaria institucionalidad ha regresado a Cataluña.