El PP ante la catástrofe, o la catástrofe del PP

A estas alturas, no parece controvertido afirmar que el retraso de más de 12 horas del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en lanzar la alarma y pedir a la ciudadanía que tomara medidas drásticas de protección ha tenido consecuencias muy graves. Si la gente hubiese estado debidamente informada, no se habrían producido tantas muertes. Las lluvias y las riadas habrían sido las mismas, los municipios afectados habrían quedado igualmente devastados, pero una alarma a tiempo habría reducido considerablemente la hecatombe que se ha vivido en Valencia.

Los motivos que llevaron a Mazón a cometer un error de esta índole serán materia para la especulación durante mucho tiempo. Quizá el presidente valenciano no se tomó suficientemente en serio las advertencias de los expertos en clima, quizá no hubo acuerdo entre sus asesores y técnicos, quizá no quiso crear alarmismo, quizá pesó el interés de mantener la actividad económica, en fin, no sabemos todavía qué sucedió, pero es difícil evitar la conclusión de que hubo una negligencia que ha tenido un coste enorme en vidas humanas. Mucha gente que hacía vida normal quedó atrapada o murió ahogada antes de recibir el mensaje de alarma.

Se trata de uno de esos errores que resulta imposible borrar. Al día siguiente, Alberto Núñez Feijóo se presentó en Valencia y realizó unas declaraciones que no le dejan en buen lugar. Con tal de disculpar a Mazón, cuestionó el servicio prestado por la Aemet (cuando las predicciones sobre la gravedad de la dana eran públicas e inequívocas) e intentó desviar la responsabilidad hacia el Gobierno central.

A partir de ahí, el presidente Mazón ha tenido una gestión errática y vacilante, con retrasos inexplicables a la hora de solicitar ayuda al Gobierno central, descoordinación en los servicios de rescate y decisiones que no son fáciles de entender (como anunciar la creación de grupos de emergencia cuatro días después de la catástrofe).

La reacción del Gobierno popular en Valencia tiene precedentes. El PP ha tenido que gestionar unas cuantas catástrofes y, en todas ellas, ha seguido un patrón regular de conducta. Dicho patrón se caracteriza por la mezcla, en grado variable, de una serie de elementos: 1. Ocultación de información. 2. Desconfianza hacia el criterio de los expertos. 3. Incapacidad para reconocer errores. 4. Politización de la catástrofe. Y 5. Falta de empatía y escaso respeto hacia la ciudadanía.

Durante la segunda legislatura de José María Aznar hubo varios casos en los que el Gobierno perdió completamente el norte. En 2002 fue la crisis del Prestige, en la que se tomó la peor decisión posible: llevar el petrolero averiado mar adentro, con la consecuencia de contaminar buena parte de la costa gallega. El PP gobernaba tanto en la Xunta como en Madrid. Sus dirigentes intentaron ocultar el alcance del desastre, no quisieron hacerse cargo del error cometido y, encima, hubo declaraciones incomprensibles, como aquella de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente primero del Gobierno, hablando de los “hilillos de plastilina”. Antes, en la crisis de las vacas locas, la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ya había dejado desconcertado a todo el mundo con sus declaraciones sobre el uso de huesos en la preparación del caldo. Este tipo de frivolidades en medio de la catástrofe resultan profundamente desconcertantes para la opinión pública y solo contribuyen a aumentar la alarma.

La mentira, la chapuza y la falta de respeto a las víctimas y sus familiares fueron las notas dominantes en el accidente del Yak-42 en 2003 (62 militares fallecidos). Aparte de la polémica sobre las penosas condiciones en las que viajaban los militares españoles, hubo una negligencia grave en la identificación de cadáveres, para escarnio de los familiares de las víctimas. Algo parecido sucedió con el accidente del metro de Valencia en 2006 (43 fallecidos): Juan Cotino, entonces vicepresidente de la Generalitat, engañó a las familias de las víctimas, presionó a los medios de comunicación para que no contaran la verdad e influyó para dar carpetazo a la investigación sobre aquella tragedia.

Esta forma de reaccionar ante la catástrofe se llevó hasta el límite tras el atentado yihadista del 11-M (192 fallecidos). En este caso, el Gobierno de José María Aznar mintió, poniendo por delante de las víctimas el empeño en mantenerse en el poder. Aznar y los suyos pensaron que, si se sabía la verdad sobre la autoría del peor ataque terrorista de la historia de España, perderían las elecciones. Y decidieron ocultar dicha autoría todo lo que pudieron. Nunca han reconocido la mentira; prefirieron azuzar la teoría de la conspiración.

Muchos de los rasgos antes descritos son reconocibles en esta primera semana de la crisis de Valencia. En primer lugar, falta de confianza en el criterio de los expertos y en los propios organismos públicos encargados de este tipo de sucesos (críticas a la Aemet). En segundo lugar, un error de bulto (lanzar la alarma cuando la situación ya estaba fuera de control). En tercer lugar, incapacidad para reconocer los errores, con la correspondiente huida hacia adelante. En cuarto lugar, falta de información sobre fallecidos y desaparecidos, como si la ciudadanía no estuviera preparada para saber la verdad. En quinto lugar, echar balones fuera responsabilizando al Gobierno central por un asunto sobre el que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva. Y, finalmente, falta de sensibilidad hacia las víctimas, como se puso de manifiesto en las declaraciones de la consejera Nuria Montes (luego corregidas).

Lo extraño es que este patrón se repita en tantas ocasiones. Cabría esperar que el PP hubiese aprendido algo de los fallos cometidos en el pasado. Sin embargo, cada vez que surge un acontecimiento extraordinario, el Partido Popular vuelve a caer en las mismas trampas. Es evidente que, de no haber gestionado tan mal las catástrofes, el PP no habría pasado de la mayoría absoluta en 2000 a irse a la oposición cuatro años después. Con todo, no sacan las lecciones pertinentes, tal vez porque cuentan con un apoyo cerrado de los medios derechistas que les da una falsa sensación de seguridad, pero la opinión pública acaba hartándose de tanta mentira y tanta ineficacia. A veces tarda un tiempo, pero este tipo de gestión tiene al final un coste reputacional y electoral importante.

Es en los momentos extraordinarios cuando un partido en el poder revela su verdadera naturaleza. Una cosa es gobernar la coyuntura y otra enfrentarse a una catástrofe. Ante las sucesivas catástrofes ocurridas durante sus periodos de gobierno, ya sea a nivel autonómico o central, el PP se ha caracterizado por cometer errores importantes de gestión y por rehuir la responsabilidad de los mismos, recurriendo incluso a información falsa y a la manipulación. Parece que estamos otra vez en lo mismo. La situación resultante es muy confusa, y el PP y los medios conservadores ya están tratando de disculpar a la Generalitat desviando la responsabilidad hacia arriba. Lo ocurrido el pasado domingo, cuando la indignación popular se transformó en agresiones por parte de miembros de la ultraderecha, revela que hay una voluntad deliberada de extender el caos político. Unos quieren disimular los errores cometidos y otros buscan cobrarse la presa más preciada, el propio Pedro Sánchez. Pese a todo ello, el origen de la tragedia está claro. Y tiene múltiples antecedentes.