La Generalitat valenciana no ha declarado el máximo nivel de emergencia que permite su legislación

El mayor desastre natural de España en décadas y el peor de la historia de la comunidad autónoma, con más de 200 muertos y decenas de desaparecidos, no ha merecido a la Generalitat valenciana la máxima calificación prevista en su legislación: la de “emergencia catastrófica”.

La ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat prevé, en su artículo 12.4, que “cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente grave, y en tanto no sea declarado por el Estado el interés nacional o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica”. Al aludir al “interés nacional”, se refiere a la declaración de una emergencia como de nivel 3; mientras que el artículo 116 de la Constitución regula los estados de alarma, excepción y sitio. En ambos supuestos se trata del momento en que el Gobierno central asume el mando de la emergencia, que pierde la comunidad autónoma.

Una portavoz de la Presidencia de la Generalitat ha respondido este viernes a EL PAÍS que no se ha declarado la “emergencia catastrófica” y que solo se han tomado aquellas decisiones de las que se ha dado cuenta a la opinión pública. Ni en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV) ni en la web del Govern se ha informado de esta decisión.

La principal consecuencia que hubiera tenido declarar la “emergencia catastrófica”, según la ley autonómica, es que supondría “la asunción por el presidente [de la Generalitat valenciana] del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia”. Es decir, el presidente Carlos Mazón se habría convertido no solo en el responsable político, sino también legal de todo el operativo para combatir la dana y sus consecuencias. Esta previsión se incluyó en la ley valenciana en diciembre de 2020, bajo el mando del socialista Ximo Puig, tras la experiencia vivida con la covid.

Al no haber activado esta previsión, el mando único lo sigue ostentando quien dirige la consejería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias. En este caso, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Por debajo de ella, el máximo responsable es el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, quien ha reconocido que no se incorporó al puesto de mando avanzado hasta el día siguiente de la riada. En la práctica, la dirección técnica del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) la ha ejercido José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia.

El Cecopi se constituyó el martes por la tarde, cuando ya se habían iniciado las inundaciones, en la sede del Centro de Emergencias del 112, en el municipio de l’Eliana (Valencia). La Generalitat decretó el nivel 2 de emergencia en las comarcas de Utiel, Requena y La Plana a las 15 horas; y elevó toda la provincia a ese mismo nivel a las 19.17. Sin embargo, no fue hasta las 20 horas, 12 horas y media después de que la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) difundiera una alerta roja por lluvias torrenciales, cuando lanzó un aviso a la población en sus móviles a través del sistema Es-Alert. Aún pasaría más de media hora hasta que, a las 20.36, las autoridades autonómicas solicitaron la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Los militares, que estaban prealertados por las previsiones meteorológicas, enviaron casi de inmediato un equipo de reconocimiento, pero para esa hora muchas carreteras estaban ya cortadas y el acceso a las localidades más afectadas por la riada resultaba imposible.

Al haberse mantenido la alerta al nivel 2, la dirección de la emergencia la ha retenido la Generalitat valenciana. El Gobierno se ha limitado a ofrecer los recursos del Estado y a atender las peticiones que le planteaban los responsables autonómicos. Eso explica que, como se ha quejado la ministra Margarita Robles, la UME solo pudiera operar en la zona de Utiel-Requena, que fue la que se le asignó, y que los ejércitos no pudieran acudir hasta que el presidente Mazón solicitó el pasado jueves su intervención. Defensa ha elevado su representación, enviando al general de división Fernando Carrillo, segundo jefe de la UME, al Cecopi, al que se ha incorporado el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero el mando de la operación sigue en manos de la Generalitat.

El único modo de revertir esta situación sería elevar la emergencia al nivel 3, reservado a las “de interés nacional”. Además de aquellas que requieren la aplicación de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, también puede aplicarse “cuando sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas”; o cuando, “por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional”.

El Gobierno evaluó en el Comité de Crisis la posibilidad de dar este paso, que suponía la asunción del mando único por parte del ministro del Interior, del que pasarían a depender todos los recursos estatales, autonómicos y locales. Pero no se decidió a hacerlo. La razón que se esgrimió es que, aunque la dana afectaba a varias autonomías, sus efectos estaban localizados en algunas zonas y los responsables de los servicios que están pegados al terreno cuentan con la ventaja de conocerlo. Había otra razón de peso: el presidente valenciano no había pedido elevar la emergencia al nivel 3, por lo que el Gobierno debía privarle unilateralmente de sus competencias.

Ahora, reconocen fuentes gubernamentales, es tarde para dar marcha atrás y el Gobierno apuesta por una “gestión mixta” de la crisis, asumiendo que su papel se limita a prestar el máximo respaldo a la Generalitat valenciana y poner a su disposición toda la potencia de medios del Estado, aunque en privado no se ahorren críticas a su gestión. No solo se falló el día de las inundaciones, demorando incomprensiblemente la alerta a la población, sino que también se está fallando en la atención a los damnificados, agregan las mismas fuentes. Y la irritación social no la pagará solo el Gobierno valenciano, sino también el central, admiten, pues en situaciones críticas los ciudadanos no distinguen en función de qué institución tiene la competencia.