La desigualdad agrava la obesidad infantil

Obesidad infantil y desigualdad social están íntimamente unidas, como constatan cada vez más investigaciones. España, el segundo país de la UE con mayor número de menores en riesgo de pobreza o exclusión, es uno de los Veintisiete en los que ambas tasas muestran una correlación más alta. Los datos del estudio Aladino 2023, que elabora el Ministerio de Consumo, señalan que el exceso de peso es más de 17 puntos superior en los niños de familias de rentas bajas (con ingresos brutos anuales inferiores a 18.000 euros) que en los de rentas altas (más de 30.000 euros).

Realizado sobre una muestra de casi 13.000 escolares de seis a nueve años de 296 colegios, el informe ofrece otros datos preocupantes sobre la relación entre la alimentación insana y esa brecha socioeconómica, que ha crecido desde la anterior estadística, previa a la pandemia: el porcentaje de hijos de familias pobres que desayunan cada día algo más que una bebida es 17 puntos más bajo que el de los hijos familias acomodadas. Por contraste, el consumo de refrescos con azúcar más de tres días a la semana por parte de los primeros multiplica casi por nueve el de los segundos. Esas grandes diferencias se reproducen en el caso de las actividades extraescolares y el tiempo de uso de pantallas, indicativos del sedentarismo, de unos y otros.

El exceso de peso ya es una pandemia que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo, es decir, un problema cada vez más grave de salud pública. En el caso de los menores, se puede perpetuar en la edad adulta y abrir paso a dolencias como diabetes, afecciones cardiovasculares, hipertensión o depresión, que tienen un enorme impacto personal y social. Poner el acento de las campañas de prevención en los comportamientos individuales (seguir una dieta saludable y hacer ejercicio) no sirve si el 6,9% de los menores de 18 años (el dato más alto en dos décadas; más de 550.000 niños y adolescentes) no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Cuando resulta más caro comprar alimentos frescos saludables que comida basura, es normal que crezca el consumo de bollería industrial, bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó a mediados de 2022 un plan nacional que se propone reducir la brecha social en el caso de la obesidad infantil en un 15% para el año próximo y un 40% para 2030. Los últimos datos muestran que la perspectiva no es halagüeña. Sin dejar de trabajar por la equidad —un proceso mucho más lento—, es necesario actuar de forma más decidida sobre los factores achacables a la industria alimentaria que derivan en una mayor obesidad. Por ejemplo, controlando la publicidad de alimentos y bebidas insanos en televisiones y redes sociales dirigida a niños y adolescentes. Está en juego es la salud de las generaciones futuras.