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Columna
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Dónde está la bolita de Junts

El episodio de la fuga de las sedes sociales de algunas empresas, descrito como un ejemplo doloroso del conflicto, es revelador de la ambigüedad sobre la que se funda la estrategia del partido de Puigdemont y que tiene desquiciada a Esquerra

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante una intervención ante el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante una intervención ante el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado.Mariscal (EFE)
Jordi Amat

Introducir el tema de la inmigración no fue una ocurrencia de la noche del martes, cuando todo parece indicar que responsables de Junts y el PSOE cenaron en la Moncloa. Tampoco surgió durante la conversación que presuntamente mantuvieron Santos Cerdán y Carles Puigdemont y que certificó el acuerdo de conveniencia que se hizo efectivo durante la esperpéntica sesión parlamentaria del miércoles. Ya se acumulan indicios suficientes para constatar que la inmigración, como hacen tantos partidos europeos, es y será un vector de la resurrección de Junts. La primera señal la dio Puigdemont durante la conferencia que el 5 de septiembre leyó en Bruselas para fijar las condiciones de negociación con los dos partidos que en aquel momento aspiraban a la presidencia. “Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla”. Aquel discurso, que resonó en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE dos meses después, fue relevante: prefiguraba la equivocidad a través de la cual el partido mantendrá un discurso para humillar al Gobierno (Vilacañas dixit) y así no se perciba cómo rectifica su actitud antisistema de los últimos años mientras asume el marco autonómico sin que se note el cuidado.

En ese discurso en un hotel de Bruselas, Puigdemont se refirió a uno de los puntos del acuerdo suscrito el miércoles con el PSOE. A la hora de delimitar el conflicto político, afirmó que uno de sus aspectos constitutivos era “el ahogo sistemático de la economía catalana, que tiene como ejemplo doloroso la estrategia de cambio de sedes empresariales incentivado por un real decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno español y que aún está vigente”. Según se desprende del último acuerdo, publicitado por Junts en nota de prensa y desplegado el día después en declaraciones periodísticas, se habría avanzado en la resolución de ese aspecto del conflicto porque existiría un compromiso de “reforma de la ley de sociedades de capital a través del Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto del PP en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña”. Pero otra vez, como ocurre en el caso de las competencias de inmigración, que pueden delegarse pero no traspasarse, estamos ante un equívoco cuya función es avanzar en la rectificación de Junts sin que el cambio sea percibido como tal. Porque la vigencia del decreto no impide que las empresas regresen a Cataluña, más bien lo facilita. Además, como explicó con parsimoniosa claridad el ministro de Economía en Las Mañanas de RNE, en nuestro país opera la trasposición de una normativa europea en virtud de la cual existe la libertad de establecimiento de sede y por ello descarta la posibilidad de multar.

Este episodio de la fuga de las sedes sociales, descrito como un ejemplo doloroso del conflicto, es revelador de la equivocidad sobre la que se funda la estrategia del partido de Puigdemont y que tiene desquiciada a Esquerra. El relato de Junts repite que en octubre 2017, las compañías que trasladaron sus sedes lo hicieron forzadas o presas del pánico agitado por altas instancias del Estado (llamadas del Rey incluidas). Pero, como narró Manel Pérez en La burguesía catalana, la realidad no es tan peliculera como ese mito conspiratorio. Temiendo que la aceleración del procés crease una situación de inseguridad jurídica y la consiguiente pérdida de confianza de clientes y accionistas de las grandes entidades bancarias, desde 2014 sus más altos directivos, como es lógico, idearon alternativas legales que minimizasen las consecuencias de una hipotética crisis. Lo advirtieron a la Generalitat y, a la vez, realizaron gestiones con el ministro de Economía, al que le presentaron fórmulas para taponar una fuga masiva de depósitos, que fue real. Pero mejor no contarlo de esta manera porque obligaría a realizar una autocrítica que ni está ni se la espera. Más sencillo decir que la culpa es de los otros, no asumir responsabilidades por la derrota y mover la bolita una y otra vez.

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Sobre la firma

Jordi Amat
Filólogo y escritor. Ha estudiado la reconstrucción de la cultura democrática catalana y española. Sus últimos libros son la novela 'El hijo del chófer' y la biografía 'Vencer el miedo. Vida de Gabriel Ferrater' (Tusquets). Ejerce la crítica literaria en 'Babelia' y coordina 'Quadern', el suplemento cultural de la edición catalana de EL PAÍS.
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