La quiebra catalana

Para los hijos políticos de Jordi Pujol, que demostraron tener una idea del poder más propia de un repetidor de P3 que de un estadista de provincias, la lectura de La burguesía catalana de Manel Pérez debería ser obligatoria. Puede describirse como la crónica anunciada de otro proceso cuyas consecuencias serán difícilmente reversibles a corto y medio plazo: un proceso de desempoderamiento abordado desde la política autonómica con una estrategia entre soberbia, frívola y, al fin, autolesiva. Todo salió al revés de lo previsto. A más demanda retórica de soberanía, menos capacidad de participar en los centros de decisión real. El libro llega a las librerías el próximo miércoles. Son muchos los que se han publicado preguntándose sobre las causas de una crisis constitucional no resuelta. El del subdirector de La Vanguardia es la crónica económica de lo que Cristian Segura en Gente de orden contó como una tragicomedia social: la frustración de una élite sin tantas palancas en Madrid como pensaba y, al mismo tiempo, sin capacidad para influir en el Gobierno de la Generalitat y evitar así una derrota que ha acelerado dicho proceso de pérdida de poder y ha facilitado una acumulación hipertrófica de poder en la capital que tanto sabotea la mecánica de un estado compuesto.

Entre la omnipresencia del storytelling del procés, el éxito global de Barcelona como capital de hedonismo cool y la mayoritaria desconexión de la sociedad con respecto a la información económica, algo muy relevante no caló en la sociedad del catalanismo. Aunque carcomía sus fundamentos históricos, no formaba parte de la agenda de intereses públicos.

Entre 2001 y 2013, como pronto advirtió Josep Oliver, año tras año avanzaba una destrucción de la industria catalana como no se había producido desde los Planes de Estabilización. “Aquello era una autovía hacia la debacle que sobrevendría con la crisis financiera”, sentencia Pérez. ¿Qué representaban también tantos cierres de empresas, pérdidas de empleo y caída de inversión? La pérdida de autoridad social de una burguesía cuya matriz histórica era industrial, es decir, la imposibilidad de mantener un relato convincente sobre su tradicional centralidad española. Esa centralidad, en los núcleos de poder capitalino, nunca había sido tan determinante porque, como argumenta Pérez, no era una elite integrada en el primer círculo del capitalismo patrio: el de la banca madrileña y vasca como centro del sistema, la gran industria básica heredera del INI franquista y las grandes compañías industriales y de servicios total o parcialmente vinculadas al capital extranjero. Un círculo que se compactó durante la dictadura, como Rubén Juste explicó en Ibex 35, y que se reconstituyó como bloque de poder durante el aznarato, hasta impedir la opa de ENDESA Constitución en mano. Y hasta hoy.

Pero con una excepción que es, creo, el corazón del libro de Pérez: La Caixa, la primera corporación en inversión industrial española, el principal grupo bancario del país desde la absorción de Bankia. Si las grandes figuras de la política catalana del último medio siglo han sido Pujol y Pasqual Maragall, las equiparables en el campo de la economía también tienen nombres y apellidos: Josep Vilarasau e Isidre Fainé.

En un país que perdió su autogobierno y su banca, la labor que ellos desarrollaron, como aquí se explica, ha sido fundamental. Y precisamente por ello, para mí, la clave de La burguesía catalana es lo ocurrido el 28 de abril de 2013 y que pasó demasiado inadvertido. Hacía dos semanas que el president Artur Mas había anunciado la celebración de una consulta soberanista. La respuesta sí fue una jugada maestra. El día 28 se publicó en el BOE un decreto gubernamental que recogía cambios jurídicos sobre las cajas. Una de las propuestas la ideó la propia entidad catalana: permitía que el organismo público que las tutela pasase a estar en manos del Gobierno central. Se había creado el marco para blindar la joya de la corona del poder catalán, el cortafuegos para aislarla de la deriva política. Era el prólogo de la quiebra del 2017: el trasladado de las sedes, el desempoderamiento económico del catalanismo, hoy la consecuencia más costosa del procés.