Los empresarios reciben con desconfianza el acuerdo para el retorno de empresas a Cataluña

La incertidumbre reina entre el empresariado catalán ante el acuerdo cerrado por Junts y PSOE, sobre todo por el punto referente al retorno de las sedes de los millares de compañías que modificaron sus domicilios sociales en el otoño de 2017. Ninguno de los dos partidos han aclarado cómo se ejecutará ese punto, pero la sensación generalizada es que el paso, de concretarse como una imposición, puede acabar resultando “contraproducente” para los intereses de corregir la fuga de empresas de hace cinco años.

El comunicado remitido por Junts apunta un acuerdo para reformar la Ley de Sociedades de Capital “para revertir” el decreto aprobado en 2017, que supuso el inicio de un baile de salidas de empresas en Cataluña encabezado por La Caixa y todas sus participadas de referencia. CaixaBank lo argumentó por la fuga de 7.000 millones de euros en depósitos que sufrió en solo una semana. A falta de que se concrete el acuerdo, los empresarios consideran que sería un torpe error derogar aquel decreto, puesto que tal y como sirvió entonces para acelerar la decisión de cambios de sede, su actual vigencia podría permitir también dar el paso en dirección contraria tomando la decisión únicamente el consejo de administración. Si se anula el denominado decreto [Luis de] Guindos, entonces ministro de Economía, ese cambio requeriría un paso todavía más complejo, el de pasar por la junta de accionistas.

El desconocimiento empresarial acerca de las intenciones de Junts se mantiene en la ejecutiva del partido, a la que el miércoles se explicaron los acuerdos con el PSOE sin dar más concreciones. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el acuerdo con Junts para modificar la Ley de Sociedades de Capital busca “reforzar la legalidad vigente” para que “no produzcan ingenierías fiscales”. Ante tanta vacuidad, la patronal Foment del Treball, principal representante de las empresas catalanas es clara en su mutismo: “No tenemos conocimiento de ninguna propuesta concreta. No valoramos declaraciones políticas. En cualquier caso, creemos que la mejor política económica es la que genera confianza, y no la que quiere castigar la actividad de empresas y emprendedores”

En todo caso, son contadas las excepciones de empresas que han manifestado un supuesto interés en volver a Cataluña: Agbar hizo un movimiento en 2018 y recientemente se le ha sumado Red Points, regreso avanzado por Expansión. El resto no lo ve claro. Algunas lo argumentan porque no existe la estabilidad política necesaria si sigue gobernando un partido independentista que siga apostando por la independencia. Hay también un temor generalizado sobre el efecto boicot que se puede producir si se revierte la decisión de 2017 a causa de la gran polarización política existente en España. Desde hace meses otros han denunciado la falta de un gobierno amigo de las empresas en Cataluña, calificación que basan en la presión fiscal en la comunidad autónoma, superior a la de otras regiones. Y después, hay empresas cuyos centros operativos han ganado fuerza en Madrid o que tienen fuertes vínculos con la Administración a las que difícilmente les rentaría volver a Barcelona.

Y, sobre todo, “ser obligado no le gusta al empresariado”, señala una fuente empresarial sobre una posible penalización a las empresas que teniendo el centro operativo en Cataluña decidan seguir teniendo la sede fuera de territorio catalán. Otras fuentes consultadas por Efe advierten de que obligar a cambiar el domicilio social podría tener un punto peligroso en el caso de que a la compañía no le complaciera la idea: “¿Se podría tener que trasladar personal desde Barcelona a Madrid, Valencia o Alicante?”.

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