Trabajo cataloga de “indecente” el ERE de Telefónica para más de 6.000 empleados

El Ministerio de Trabajo ha calificado de “indecente” la decisión de Telefónica de aplicar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 6.088 trabajadores, alrededor del 35% de la plantilla, pendiente de que esta propuesta inicial se rebaje durante las negociaciones. “No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho Yolanda Díaz este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda ha dicho que ha formalizado ese descontento en una carta enviada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que abunda en los mismos argumentos. El Estado, a través de la SEPI, es el principal accionista de la operadora tras la compra en 2024 del 10% del capital por 2.285 millones de euros. “No me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un ERE. Se está diciendo que más de 5.000 trabajadores se vayan a la calle. Mi posición es conocida”, ha agregado Díaz.

Esta opinión de la ministra de Trabajo difiere de la mantenida hasta ahora por otros miembros del Gobierno apelando al acuerdo necesario entre dirección y sindicatos para que se aplique un ajuste consensuado.

Así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó este lunes que el Gobierno vigilará el proceso, pero evitó criticar el ajuste. “Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica”, dijo el ministro, quien recordó elementos “importantes” para los sindicatos como son “la voluntariedad de acogerse” al ERE y que se “mejoren en la medida de lo posible” las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa. “Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den”, insistió Cuerpo, quien recalcó la importancia de que el proceso de negociación “se lleve de la mano de los sindicatos”.

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, indicó la pasada semana que el ERE tenía que pasar necesariamente por un acuerdo con los sindicatos “Me consta que Telefónica ha empezado o va a empezar ya esa negociación con los sindicatos. Y lo que tiene que ser, siempre es con acuerdo social, siempre con los sindicatos”, señaló.

Con este pronunciamiento, Díaz profundiza en la línea que marcó hace un par de semanas, cuando comunicó un refuerzo de la Inspección a las grandes tecnológicas poco después de que Amazon anunciase un ERE para 1.200 empleados. Es habitual que la vicepresidenta segunda señale a empresas concretas cuando considera que emprenden prácticas poco éticas. El ejemplo más paradigmático es el de Glovo, la empresa de reparto de comida que operó durante años con riders autónomos. Ahora focaliza la atención en Uber Eats, la única empresa del sector que sigue operando con repartidores por cuenta propia.

Coste social del ajuste

Telefónica provisionó alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para cubrir el coste de las 3.421 salidas de 2024, lo que supuso un gasto aproximado de 380.000 euros por empleado. Con el mismo baremo, el nuevo ERE puede disparar el gasto hasta los 2.000 millones. No obstante, todo ese desembolso corre a cargo de Telefónica. Y es que aunque el Estado asume inicialmente los costes sociales derivados de los despidos, este impacto se ve compensado por la denominada “Cláusula Telefónica”, que se legisló precisamente por un ERE masivo en la operadora en 2011.

Esta cláusula obliga a las grandes empresas que realizan despidos colectivos con trabajadores de edad avanzada (mayores de 50 años) y con beneficios económicos sustanciales a reintegrar el coste de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones asociadas al mismo, mientras que el Convenio Especial con la Seguridad Social impone que sean la empresas las que se hagan cargo de las cotizaciones para los prejubilados hasta que lleguen a la edad legal de jubilación.