Los empresarios se revuelven contra la propuesta de Junts de multar a las compañías que dejaron Cataluña por el ‘procés’

La abismal distancia de los últimos años entre la política catalana y el mundo empresarial ha vuelto a hacerse evidente este martes con la publicitada pretensión de Junts per Catalunya de sancionar a las empresas que se fueron a otras comunidades durante el momento álgido del proceso independentista y que no han regresado. El partido de Carles Puigdemont pretendía que los decretos que hoy se votarán en el Congreso incluyeran medidas de fomento para el regreso de estas compañías y también eventuales sanciones para las que no quieran hacerlo. El entusiasmo con el que el partido independentista explicó sus propuestas contrastó con la decisión de las grandes empresas de ignorar la propuesta y de la patronal catalana, Foment del Treball, de rechazarla frontalmente en un comunicado. El Govern catalán, monocolor y en manos de ERC, también se desmarcó de una idea que combinaba tanto la idea de dar incentivos fiscales a las compañías que regresen o a las que se mantuvieron, como llegar a plantear hasta multas a quienes no lo hicieran.

“Lo que proponemos es incentivar el retorno de estas empresas, que puedan volver con unos beneficios fiscales, y las que no lo hagan pero tengan una mayor actividad en Cataluña, sean sancionadas”, explicó este martes por la mañana, en una entrevista a SER Catalunya, el portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius. El partido fundado por el expresident Carles Puigdemont hasta ahora hablaba de incluir “ayudas a las empresas” en la renegociación del contenido de los tres textos que se votarán. Miembros de la ejecutiva de Junts, algunos sorprendidos con lo anunciado por el portavoz de la formación, aseguran que en la reunión del pasado lunes no se planteó la idea de las multas a las empresas y recuerdan que la única referencia al tema está en los acuerdos con el PSOE para la investidura, donde se habla de abordar “los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso” de las compañías.

De ahí la sorpresa cuando el portavoz, Josep Rius, bajara a detallar que podría haber multas para las empresas que mediante otro decreto aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, agilizaron los trámites para su cambio de sede social ante la incertidumbre generada por el momento álgido del procés. La confusión la alimentó que, además, se hablara también de bonificaciones para las que optaron por quedarse o, incluso, para las que decidieran volver.

Se calcula que más de 5.000 empresas cambiaron su sede social, una operación que no implica directamente cambiar la ubicación de los centros productivos y de deslocalización de producción a gran escala. Los casos más trascendentes fueron la inmensa mayoría de las compañías cotizadas. Hasta octubre de 2017, unas 1.000 empresas más también habían hecho el cambio de sede fiscal, que sí tiene efectos en los impuestos que se recaudan y tienen un impacto en las arcas autonómicas por diferentes figuras impositivas.

La vuelta a Cataluña, más allá de un asunto reputacional para muchas compañías emblemáticas, no es una de las principales prioridades de las compañías. Sobre todo en el sector bancario, por ejemplo, ante la constante pregunta sobre un eventual regreso se sigue esgrimiendo la idea de que aún “no se dan las condiciones” para poder pensar en dar ese paso. Precisamente, la patronal catalana, Foment del Treball, puso ahí el acento en su crítica directa a la propuesta explicitada por Rius.

“La normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario. En un comunicado donde hace referencia directa a la propuesta de la formación independentista, Foment se muestra contraria a que “las empresas que vuelvan o aquellas que mantuvieron su sede en Cataluña se puedan beneficiar de ‘incentivos fiscales’” y rechaza que se aliente que las “sanciones” fomenten un eventual regreso.

“Ya era complicado encontrar cómo seducirnos, si ahora la propuesta es que se sancionará si no hay un traslado, eso no tiene ni pies ni cabeza”, asegura el portavoz de una de las empresas que se marchó, de peso en su sector y que prefiere mantener el anonimato. “No somos un partido, somos una empresa”, remacha la misma voz, asegurando que se enteraron del plan por la prensa.

Difícil recorrido legal

Varias empresas consultadas por este diario, de sectores diversos y que cambiaron su sede social en 2017, coinciden en ese último punto. No consta un acercamiento serio con Junts de cara a compartir sus planes y varios recuerdan con ironía como el propio Carles Puigdemont, en 2017, quitó hierro al efecto que pudiera tener en la economía catalana la huida de determinadas empresas. “¿La propuesta [de retorno] es recurrir al dumping [competencia desleal] fiscal por el que se critica a Madrid?”, se pregunta una voz autorizada de otra compañía. “Le veo un difícil recorrido legal a una medida que va en contra de la libre circulación de bienes y servicios en el territorio europeo”, tercia el portavoz de otra empresa cotizada, en referencia a las sanciones. Otra cosa, añade esta última fuente, es que se busque aclarar qué empresas no cumplen con los requerimientos derivados de cambiar la sede social, como la obligación de celebrar sus juntas de accionistas.

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