El sector económico catalán aboga por la amnistía como paso previo al regreso de empresas que se marcharon por el ‘procés’

Los dos partidos independentistas que tienen la llave de la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno mantienen que la amnistía no es más que una meta volante en la montañosa etapa que supone la negociación por la investidura. Esquerra y Junts defienden que el perdón judicial de los encausados por hechos relacionados con el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 es un gesto imprescindible para que se puedan abrir otras carpetas. Pese a que le pone una letra distinta, el sector económico catalán hace sonar una melodía parecida. El Cercle d’Economia, Pimec, la Cecot, la Cámara de Barcelona y, ni que sea de manera más discreta, Foment del Treball, comparten el argumentario que sirve a Junts y Esquerra para configurar su lista de demandas en la negociación por la investidura. Tras ese posicionamiento público de las entidades empresariales y organismos vinculados a la economía y los negocios subyace el interés por propiciar que puedan regresar a Cataluña algunas de las empresas, se calcula que más de 5.000, que se marcharon a causa del bullicio de 2017.

El Cercle d’Economia y Pimec defienden que dar carpetazo a los expedientes judiciales surgidos del desafío separatista es un paso útil para reconfigurar la quebradiza que ocasionó el procés. La Cecot y la Cámara de Barcelona han dado eco a las pretensiones que ponen las formaciones independentistas en la negociación, reclamando una mejor financiación para Cataluña y el traspaso de servicios como los trenes de Rodalies. Mientras, Foment del Treball le reclama “estabilidad” al Gobierno después de que su presidente, Josep Sánchez Llibre, haya mantenido reuniones con Carles Puigdemont en Bélgica. “Lograr esta estabilidad es deseable para la cohesión social y también para conseguir el retorno de empresas catalanas que cambiaron su sede en el 2017″, manifestó Foment en un comunicado del mes pasado. La entidad trata de guardar una actitud cautelosa para no enturbiar sus vínculos con la CEOE. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, insistió este jueves en su rechazo a una posible amnistía. “Yo he dicho con total claridad que nosotros no consideramos la palabra amnistía y que no estamos de acuerdo, lo he dicho clarísimo”, señaló Garamendi en el Palacio de Congresos de Granada, donde se celebraba el XXII Congreso de Directivos CEDE.

“Ahora ya no es el momento de señalar culpables”, había manifestado por la mañana el Cercle d’Economia en una nota pública. La entidad está liderada por el exbanquero Jaume Guardiola y una junta formada por empresarios, directivos y académicos, donde destacan Núria Cabutí, Consejera Delegada de Penguin Random House, Alfonso Rodés, Presidente de Havas Media Group, Carmina Ganyet, de Colonial, o Francesc Rubiralta. El Cercle señala que “tras una etapa convulsa, la situación política en Cataluña ha mejorado durante los últimos tiempos”. A parecer de la asociación, que se define como “cívica” y defiende contribuir a la mejora de la calidad del debate público mediante la emisión de “opinión independiente”, impulsar la amnistía posibilita seguir en la senda del reencuentro: “Creemos que avanzar en esa dirección, suturar juntos todas las heridas y evitar así la radicalización de posiciones en el conjunto del país creará las condiciones para enfrentarnos colectivamente a los grandes retos planteados”. El texto pone énfasis en que “ni el pasado ni sus protagonistas pueden ser una losa colectiva”. La reflexión aboga por la conveniencia de dejar atrás el poso de bronca ciudadana que supuso el procés, y supone un dardo contra aquellos que la fomentaron. El mensaje se hace público en un momento en que se ha reactivado el debate sobre la posibilidad que Oriol Junqueras y Carles Puigdemont puedan volver al primer plano de la política, si se da una amnistía que los rehabilite.

Hace unos días, la patronal de las pequeñas empresas Pimec, por boca de su presidente, Antoni Cañete, se pronunció a favor de la amnistía y de resolver los problemas políticos en ese ámbito y no en el judicial. En el mismo sentido, Cañete pidió la renuncia a cualquier acción fuera de la lega­lidad.

También este jueves, por la noche, la Cecot, patronal multisectorial que promueve los intereses de las empresas catalanas, juntó en un acto celebrado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) al ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, con el president Pere Aragonès. “La financiación y las inversiones en Cataluña son claramente insuficientes e injustas”, denunció el presidente de Cecot, Xavier Panés, en su intervención. “Con una visión empresarial parecería lógico que la estrategia del Estado pasara por potenciar a Cataluña, que no deja de ser su mejor tienda, su mejor fábrica”, abundó.

El encaje territorial de Cataluña en España no es un tema que esté resuelto, analizan los empresarios: “A pesar de que los partidos independentistas catalanes obtuvieron un muy mal resultado, la cuestión del encaje de Cataluña y, con él, la redefinición del modelo territorial de España centraliza una vez más el debate político, como lo ha venido haciendo en los últimos veinte años”, recoge el Cercle d’Economia. Su último manifiesto subraya que este es un asunto espinoso, y llama a no pasar sobre él de puntillas, ni que sea desde la oposición. Piden que se tenga en cuenta la propuesta que eventualmente pueda aportar el PP. “Los dos grandes partidos mayoritarios (PP y PSOE) deberían ser capaces de poner sobre la mesa una gran propuesta de pacto territorial”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal