Las heridas abiertas del 1-O: por qué Cataluña sigue sin recobrar el pulso económico cinco años después del referéndum ilegal

“O hacéis la independencia o convocáis elecciones”. Cuando la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, lanzó su advertencia el 11 de septiembre, en el cierre de la multitudinaria manifestación de la Diada, esas siete palabras no solo resonaron amenazantes a los oídos de los máximos responsables del Govern de la Generalitat, divididos entre el pragmatismo de ERC, decidido a dejar atrás la vía unilateral, y la estrategia de Junts, más próxima a los postulados de la ANC, hasta el punto de generar esta semana la mayor crisis política de la actual legislatura. También fueron escuchadas con atención en los despachos de las principales empresas, donde se interpretaron como una nueva confirmación de que la situación política en Cataluña dista de generar la confianza necesaria todavía para revertir la fuga de miles de empresas que se registró en el otoño de 2017, tras el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia de Carles Puigdemont.

Han pasado cinco años desde aquel éxodo y Cataluña continúa en compás de espera. La política sigue adentrándose en la época del deshielo y las estadísticas macroeconómicas parecen haberse sacudido aquellos meses convulsos, pero las empresas que decidieron marcharse no han regresado. Los registradores hablaron de casi 4.500 sociedades que decidieron mudarse a otras ciudades españolas, sobre todo Madrid. La Generalitat redujo ese número a 2.500 cambios de sede, asumiendo que afectó a 3.700 sociedades con código de identificación fiscal (CIF) propio, aunque el Ejecutivo autonómico asegura no tener constancia del desplazamiento de ninguna unidad operativa de las empresas. En un ámbito donde predomina la discreción y los movimientos entre bambalinas, centenares de directivos no tuvieron reparos en hacer visible su enfado con la política vigente y, de forma contundente, responder a lo que líderes independentistas como Carme Forcadell (expresidenta del Parlament y de la ANC) habían calificado como algo imposible, la huida masiva de sedes empresariales. En estos cinco años no hay casi compañías que hayan emprendido el camino de vuelta, en un periodo plagado de manifestaciones vinculadas al procés.

Según señala el presidente de las pequeñas y medianas empresas catalanas (Pimec), Antoni Cañete, “mientras haya ruido e incertidumbre, el dinero va a continuar estando atemorizado. Cuando las empresas tengan la certeza de tranquilidad, ese regreso se producirá”. Él es de los convencidos de que el tiempo volverá a poner las cosas en su sitio porque “la gente no quiere tener el cuerpo y la cabeza separados”, en referencia al hecho de que el domicilio social se encuentre en una ciudad mientras el centro de operaciones está en otra.

Fuentes próximas a la Fundación La Caixa, la entidad presidida por Isidre Fainé que controla el grupo Criteria Caixa y toda su cartera de participadas, aseguran que ese asunto de devolver a Barcelona la sede “no está encima de la mesa” en estos momentos. El máximo accionista de CaixaBank fue el mascarón de proa de un movimiento empresarial nunca visto hasta entonces en Europa. El 7 de octubre reunió a su patronato y una mayoría de sus integrantes defendieron que el grueso de las sociedades que controlaba accionarialmente trasladaran sus sedes fuera de Cataluña. Lo hizo aprovechando un decreto aprobado ad hoc por el Gobierno —entonces gobernado por el PP de Mariano Rajoy—, todavía vigente hoy, que permitía adoptar esa decisión sin pasar por la junta de accionistas. Como consecuencia, la fundación y Criteria tienen hoy su sede en Palma de Mallorca; CaixaBank, en Valencia; Naturgy, Cellnex y Abertis, en Madrid.

Inseguridad jurídica

La decisión se tomó alegando falta de seguridad jurídica. En el caso de CaixaBank, para evitar el riesgo de que el banco se quedara fuera del sistema del Banco Central Europeo (BCE) y, sobre todo, por la fuga de depósitos que padecieron: sus clientes retiraron de sus cuentas corrientes un total de 7.000 millones de euros. Como explica un empresario bajo la condición del anonimato —como otros consultados por este diario—, “cuando las mayores empresas se van, te da la sensación de que tú te tienes que ir también”. Y así fue. Entre los ilustres del empresariado catalán que participaron en la estampida figuran Banco Sabadell, Colonial, Grupo Planeta, Catalana Occidente o Cementos Molins. Y centenares de otras grandes y medianas compañías siguieron el mismo camino. De las corporaciones catalanas que cotizaban en el Ibex solo aguantó en Barcelona el grupo de hemoderivados Grifols. Otras grandes que optaron por no moverse fueron Seat, Puig, Damm o Mango.

De las que cambiaron su domicilio social ninguna ha vuelto a Barcelona por la ausencia de factores que incentiven el regreso. “No se dan las circunstancias”, argumenta un portavoz de Banco Sabadell, mientras que desde Naturgy señalan: “No comentamos”. CaixaBank, desde su fusión con Bankia, el banco con más negocio en España, es más contundente: “La sede de CaixaBank está en Valencia con vocación indefinida”. Apenas Agbar recuperó su antiguo domicilio social, pero no con los mismos activos con los que se fue, ya que una parte se quedó en Suez España, su matriz, con domicilio en Madrid.

En términos macroeconómicos, los efectos para Cataluña han sido controlados. Tanto el PIB como el empleo han evolucionado en paralelo a los del conjunto de España. Pese a las violentas imágenes que proyectaron los medios de comunicación, desde la cargas de la Policía en los centros de votación del 1-O hasta las protestas que siguieron a las condenas de los líderes independentistas dos años después, el turismo —también el de negocios— se ha recuperado. Las inversiones de filiales de compañías extranjeras presentes en Cataluña sí cayeron en 2017 y 2018. Y ya años antes del 1-O, algunas estadísticas como las del PIB per cápita catalán ya se habían ido deteriorando.

Alejandro Esteller, uno de los pocos economistas que han analizado las posibles consecuencias económicas tras el punto álgido del movimiento independentista (The Economic Costs of a Secessionist Conflict: The Case of Catalonia, libro escrito junto a Leonzio Rizzo), apunta que los efectos fueron a corto plazo y sobre todo financieros. “Más allá de las percepciones psicológicas, no se observan efectos”, señala el catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona. Su principal conclusión es el efecto de la fuga de depósitos del sector bancario, que su trabajo cuantificó en un total de 33.000 millones de euros en los dos trimestres siguientes al referéndum.

En la misma dirección, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, señala que con los datos en la mano “no se puede detectar nada espectacular, al menos nada comparado con aquel retroceso mayúsculo que se había vaticinado”. El economista sí ve matices, no obstante. Durante la recuperación económica posterior a la crisis sanitaria, Cataluña no ha crecido tanto como otras comunidades, y ha sucedido lo mismo con la afiliación a la Seguridad Social. Pero sostiene que los fundamentales de Cataluña siguen igual: capacidad industrial, gran potencial tecnológico y principal fuerza exportadora de España.

El gran interrogante sigue siendo si bajo esa supuesta calma macroeconómica hay mar de fondo y si este está dejando secuelas. “Si los que tienen las empresas se van y se llevan las sedes, se acaba yendo el dinero y se acaba escapando la capacidad de decidir”, explica un veterano financiero desde su amplio despacho en la parte alta de Barcelona, en referencia al riesgo que entraña que las empresas que dejaron Cataluña acaben normalizando su situación en sus nuevos destinos. El contexto ha cambiado sustancialmente para algunas de ellas. Utilizando los casos de la constelación La Caixa: en el último lustro, la sede de Madrid de Naturgy ha ganado un peso considerable respecto a la de Barcelona y fondos de inversión extranjeros han ganado peso en su capital social. Abertis es ahora de la madrileña ACS, y CaixaBank, tras la fusión con Bankia, ha visto cómo el accionariado cambiaba y el paquete de Criteria se diluía.

Hace cinco años, el camino de ida era muy fácil; hoy el de retorno se antoja complicado, también por el temor a un posible efecto de boicoteo en el resto de España motivado por la polarización política. Y, por si no fuera suficiente, a los años del procés se les suma que administraciones como la propia Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona están controladas por partidos de izquierda cuyas políticas tampoco despiertan simpatías entre el empresariado (en el caso de Barcelona, la patronal Foment del Treball no disimula su enfrentamiento con la alcaldesa, Ada Colau). El sector inmobiliario y hotelero sufre la restricción, por ejemplo, para poner en marcha nuevos proyectos, y desde el Consistorio se impidió una inversión para montar una franquicia del Museo del Hermitage.

Distracción política

El secretario general de Industria, Raül Blanco, quien conoce bien la Administración catalana tras trabajar en el gabinete del socialista José Montilla cuando este era presidente, detecta tres puntos que juegan en contra de Cataluña a causa del procés. Uno es el estructural, “que no deja rastro en los indicadores a corto plazo, pero que sí pesa sobre el escenario económico que acaba desarrollándose 5 o 10 años después”. En este apartado se incluiría la pérdida de los centros de decisión. Otro punto, Blanco lo define como el de “la distracción política”, en referencia a las leyes y las políticas que acaban definiendo un modelo determinado y que tanto en el Govern como en el Parlamento catalán han escaseado durante los últimos años. Dos ejemplos serían el bloqueo a los parques eólicos o la tibieza a la hora de impulsar la política industrial.

El tercer plano es el de la comparativa con otras regiones. “Ya no hay tanta distancia entre Barcelona, o Cataluña, con el resto de comunidades”, se resigna Blanco, en un comentario compartido por otras personas consultadas. Ya no solo se trata de competir con Madrid, sino de evitar, por ejemplo, que por cuestión de trámites administrativos muchas empresas de Lleida prefieran realizar inversiones en Aragón. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de honor de Freixenet, tiene otra forma más contundente de decirlo: “Se ha perdido el liderazgo y ahora Cataluña es una entre el montón, cuando su vocación era la de ser un motor entre las comunidades autónomas”.

A un directivo de una empresa catalana que cotiza en el Ibex no se le escapa tampoco otra cuestión. Es lo que los economistas denominan el “coste de oportunidad”, aquellos recursos que se dejan de percibir a causa de determinadas decisiones. Son los beneficios de inversiones que el procés dejó congeladas, sobre todo de multinacionales instaladas en Cataluña. O los proyectos que pudieron ser y que la incertidumbre acabó aparcando. Aparecen distintos proyectos en esa carpeta. El más claro es el de la Agencia Europea del Medicamento, que acabó en Ámsterdam después de que en una reunión en Barcelona quedaran patentes las diferencias entre las administraciones central y autonómica acerca del futuro político de Cataluña como sujeto político.

También hay quien culpa a las violentas protestas de octubre de 2019, cuando se conocieron las penas de prisión de Oriol Junqueras, Jordi Turull y el resto de los líderes independentistas, de que una de las mayores inversiones de la automoción en Europa (5.000 millones de euros) se fuera a Berlín y no a Barcelona. El fabricante de coches eléctricos Tesla había situado a la provincia catalana en su lista de candidatos y, según algunas fuentes, tenía ventaja con su oferta para ubicar esas instalaciones en el municipio de Òdena. E incluso se vincula a la desorientación política de la última década el cierre de la factoría de Nissan o que Cataluña, locomotora de la industria del automóvil en España, no disponga aún de un proyecto de fábrica de celdas de baterías. La Comunidad Valenciana se ha asegurado la del Grupo Volkswagen, una inversión de 3.500 millones.

Y otro coste de oportunidad sería el distanciamiento entre las clases política y empresarial de la comunidad, que dejó una señal patente durante la fusión de CaixaBank y Bankia: Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, no conoció esos planes hasta que los publicaron los medios de comunicación.

En el lado contrario, este verano Barcelona ha logrado asegurarse hasta 2030 el Mobile World Congress, una las ferias globales más preciadas, con una capacidad de impacto económico de más de 250 millones de euros. “Si Fira de Barcelona es un termómetro, la influencia que ha tenido el momento político sobre esta institución no ha sido relevante”, explicó el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, en una reciente entrevista a EL PAÍS.

La Generalitat mantiene que Cataluña ha continuado ganando inversiones y que le avala el hecho de que el Financial Times la considere la mejor región del sur de Europa para invertir. También que en el periodo 2014-2019 logró datos de PIB, de creación de empleo, de exportaciones y de inversión extranjera superiores a la media española y europea. “El procés ha sido muy intenso en pasión y en ilusión para millones de personas, y en este sentido probablemente ha generado desgarro emocional en muchas de ellas, por la polarización e intensidad, pero en lo económico no ha tenido consecuencias negativas”, señala el actual consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, quien vivió desde primera línea las actuaciones empresariales de otoño de 2017, cuando era director general de la Fundación La Caixa.

Mònica Roca es la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona. Independentista reconocida, asumió el cargo en la corporación tras ganar las elecciones —consideradas nulas por una sentencia judicial— a través de Eines de País, una plataforma con la que la ANC pretende alcanzar el poder en las instituciones empresariales. Roca admite que la huida de las empresas será un problema “si se prolonga en el tiempo”, pero no es partidaria de tomar acciones que faciliten su regreso. Tampoco de una rebaja de las demandas del independentismo que aportara mayor tranquilidad al Gobierno de la Generalitat. “No me gusta nada que se fueran, pero, si bajáramos la cabeza y dijéramos que ya no somos independentistas, ¿volverían? No, yo creo que no”.

Un veterano directivo del Ibex señala que, para revertir lo ocurrido en 2017, “lo primero que tiene que pasar es que las empresas quieran volver, pero la idea de la vuelta también genera incomodidad”. Se refiere a los temidos boicoteos de parte de la población en el resto de España. “Yo se lo he dicho a todos, a [Pedro] Sánchez, a [Alberto Núñez] Feijóo: ‘Salid y decid que las empresas catalanas tienen que volver a su casa”, explica Javier Faus, expresidente del Círculo de Economía. La institución tuvo un especial papel de apoyo al Gobierno en el momento en que decidió los indultos, con los partidos de derecha yendo a la contra. Ahora no son pocos los empresarios que reclaman el mismo apoyo para que las empresas puedan asumir el regreso si las condiciones lo hicieran posible. Porque, subraya Faus, “solo volverán cuando tener de nuevo el domicilio social en Cataluña no sea una mala noticia para ellas y en el resto de España entiendan que es un movimiento natural”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dio ese apoyo el 18 de julio en un acto en la patronal catalana Foment del Treball: “Vamos a trabajar juntos y uno de los objetivos tiene que ser también que las empresas catalanas vuelvan a casa. Es un empeño de todos la estabilidad de nuestro país”. Su aparición fue aplaudida, aunque se demandan otros hechos, como que esa nueva etapa de relaciones entre la Generalitat y La Moncloa pueda acabar con mayor estabilidad política y un sistema de financiación que colme algunas aspiraciones de los partidos políticos catalanes.

Las formas con las que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, presentó la supresión del impuesto de patrimonio la semana pasada —”les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra”, dijo en una invitación a movilizar domicilios fiscales— no han gustado en las patronales catalanas, pese a ser partidarias de rebajar la carga fiscal.

Pero en realidad lo que miran las élites barcelonesas es al dinamismo de Madrid, “la referencia más nítida”, según el catedrático Martí Parellada, de la situación catalana. Pese a que entidades como el Círculo de Economía hayan acusado de actuar a los dirigentes madrileños como un “aspirador” sobre otras comunidades aprovechando su efecto de capitalidad. O que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas haya denunciado cómo su iniciativa económica privada se ha alimentado durante años de la presencia de estamentos públicos en la ciudad hasta conseguir su capacidad actual. Lo cierto es que en 2018 Madrid superó a Cataluña en PIB y se convirtió en la locomotora de España. Como dice un directivo bancario catalán: “Se acabó lo de mirar por encima del hombro”.

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