La autoridad del Govern

Los múltiples desencuentros públicos entre los dos socios de gobierno en Cataluña, ERC y Junts, han desembocado este miércoles pasado en una decisión política del presidente Pere Aragonès valiente y a la vez arriesgada. Aragonès ha castigado con la destitución la deslealtad de su vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts, por no haberle informado previamente de la petición de plantear una cuestión de confianza que iba a realizar, en pleno debate de política general, el portavoz del partido que es socio de gobierno, Albert Batet (y que no conocían ni siquiera otros consejeros de Junts). El objetivo era un cuestionamiento directo de la autoridad del propio presidente. A Aragonès le sentó muy mal enterarse en directo y lo entendió como un desafío abierto a su poder por parte de un socio desleal de gobierno que parece no haber asimilado ni la derrota de sus planes antidemocráticos en 2017 ni los cambios que ha vivido la sociedad catalana tras dos crisis graves encadenadas: la de la pandemia y la derivada de la guerra en Ucrania. Junts sigue exigiendo que la agenda política del país entero esté sometida a las ambiciones de un sector minoritario con prisas por alcanzar por cualquier vía y bajo cualquier condición la secesión de España, incluida la vía unilateral ampliamente fracasada hace cinco años.

El movimiento de Aragonès es arriesgado porque sin Junts en el Govern, en caso de que acabe renunciando a seguir tras la consulta a su militancia anunciada este jueves, ERC necesitará los votos de otras formaciones políticas ajenas al eje independentista. Pero es un movimiento también valiente que refuerza la estrategia negociadora con el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr avances efectivos en las múltiples cuestiones pendientes entre ambos Ejecutivos. Sabotear cada una de las iniciativas de Aragonès, como ha ido haciendo Junts y algunos de sus más rutilantes líderes, desacredita a un partido como instrumento para regular el bien común. Las prioridades sociales de Cataluña hoy están muy lejos de donde estuvieron: la secesión no es el motor que mueve hoy a una población azotada por la crisis.

Paradójicamente, la destitución del vicepresidente Puigneró por parte de Aragonès puede clarificar el panorama de futuro de un Ejecutivo que tendrá que jugar las cartas de que dispone con la expectativa permanente de un abandono súbito del Gobierno por parte de Junts, sea hoy mismo o sea dentro de unas semanas. Sus 33 diputados dejan en una flagrante debilidad al Govern, pero a la vez abren por fin las vías de una negociación política con otras fuerzas que ha estado demasiado tiempo ausente del Parlamento catalán. Una democracia no funciona con sectarismos intransigentes ni con vetos a perpetuidad. Tanto socialistas como comunes han reiterado en numerosas ocasiones su disponibilidad a pactar leyes que necesita la sociedad catalana ante una emergencia social como la que vivimos, con la inflación disparada y angustias reales en las familias. Los datos de riesgo de pobreza y la depauperación de las clases medias deberían figurar en el centro de la acción política de un partido de izquierdas que puede disponer de un buen puñado de diputados también de izquierdas en el Parlamento.