ERC y Junts se culpan mutuamente de la posible ruptura del Govern

Ante las cámaras, nadie dice querer romper el Ejecutivo catalán. Pero la película es bien distinta si se pone la lupa a los pasos de la última semana, tanto en las filas de Esquerra Republicana como en las de Junts per Catalunya. Declaraciones y hechos van por autopistas diferentes, con versiones completamente enfrentadas y añaden más inestabilidad a una situación que puede alargarse al menos hasta que, dentro de una semana, las bases de Junts decidan si su partido debe de salir del Govern o no. Este viernes, el presidente catalán insistió en pedir “celeridad” a sus socios para que decidan ya qué hacen y el malestar en Esquerra es creciente por esa indecisión. Los decibelios del choque aumentaron la noche de este viernes, con Junts exigiendo ahora la restitución del vicepresidente cesado, Jordi Puigneró, y que Pere Aragonès ha rechazado en una entrevista a La Vanguardia. El republicano advierte en ese rotativo que, si no hay decisión de los socios, la tomará él. Los llamamientos a reconducir la situación que se han escuchado en la Cámara catalana de este viernes contrastan con reprobaciones de consejeros o deslealtades varias hacia la acción de Gobierno del socio. Ambos, eso sí, buscan cómo endosarle al otro la responsabilidad ante una ruptura que cada vez se atisba más difícil de esquivar.

Junts había asegurado que durante el viernes enviaría al president su propuesta “clara y concreta” para que se activaran tres puntos del Acuerdo del Govern, del eje independentista, que no avanzan: la coordinación secesionista; pactar la actuación en el Congreso y recentrar la mesa de diálogo solo en la autodeterminación. Pero los liderados por Laura Borràs también han añadido un punto: incluir la vuelta de Puigneró al Govern. Se trata de una condición que hace prácticamente imposible llegar a un acuerdo, pues Aragonès justificó el cese por lo que considera la deslealtad del exnúmero dos, que le ocultó que en el Debate de Política General, el pasado martes, Junts iba a lanzar la propuesta de la cuestión de confianza. El secretario general de ese partido, Jordi Turull, había evitado explicar el pasado jueves si la vuelta del también exresponsable de la cartera de Territorio se incluiría en el documento de condiciones que se le enviaría al president. Oficialmente, desde el partido, todo este viernes se ha negado esa posibilidad.

Algunas voces de la dirección del partido matizan que la restitución sería una muestra de buena voluntad, pero que el grueso del documento gira en torno a los tres puntos en disputa. Allí, sin embargo, tampoco habría posibilidad de un acuerdo, pues las exigencias son muy complicadas para ERC: por ejemplo, que haya un sentido único de voto para los Presupuestos Generales en las Cortes (los republicanos, con 13 diputados, quieren pactaros; Junts, con cuatro escaños, lo descarta). En el rotativo catalán, por primera vez desde que comenzó la crisis, el líder republicano ha exhibido el comodín de las atribuciones inherentes a su cargo al frente del Govern, como cesar consejeros o adelantar los comicios. Tras recordar que sus socios son en este instante los encargados de decidir si se van o se quedan, aseveró que “[Si no toman una decisión], la tomaré yo”.

Son precisamente esas posiciones maximalistas en momentos clave lo que choca con las palabras conciliadoras de las primeras líneas de los partidos. Antes de que se conociera la nueva petición de Junts y justo antes de que se votaran las resoluciones del Debate de Política General, Aragonès defendió en el Pleno: “Mi apuesta es que el Govern actual pueda continuar, esta es mi prioridad”. Una declaración de intenciones con una gran salvedad: que sea un Ejecutivo “compacto y centrado fundamentalmente en dar respuestas” a la ciudadanía. El líder de la bancada de Junts, Albert Batet, le respondió: “Todavía estamos a tiempo de arreglarlo, tenemos toda la voluntad. Por nuestra parte no quedará”.

Y en lo o que parece una competencia por quién tiene más fe en el futuro de un Ejecutivo prácticamente en la UCI no terminó por impregnar el sentido de las votaciones. En la cita parlamentaria para fijar la orientación política de los próximos meses, ERC y Junts dejaron de nuevo patentes sus diferencias en temas claves como la ampliación del aeropuerto de El Prat (los republicanos se opusieron a un texto del PSC que sí apoyaron los de Borràs). Junts también aprovechó una propuesta del PSC sobre Formación Profesional para reprobar al consejero republicano de ERC. Los comunes, con su propuesta sobre el Acuerdo de claridad para un referéndum ‘a la canadiense’, llevaron a los socios a dividirse de nuevo. Ese manual para establecer las condiciones de la votación había sido la propuesta estrella de Aragonès en el debate.

La semana que concluye es el colofón de una serie de desencuentros históricos entre dos formaciones que, tras la cierta tregua que permitió la celebración del referéndum ilegal de hace cinco años, viven de manera soterrada una lucha feroz por la hegemonía tanto en el mundo político local catalán (compiten por el mayor número de alcaldías, aunque usualmente de localidades con pocos habitantes) como en la del independentismo. La particularidad es que, a diferencia de otras ocasiones, el tabú sobre la ruptura del Ejecutivo ha saltado por los aires. Eso sí, nadie se quiere quedar con el sambenito de haber enterrado al cuarto Govern independentista en Cataluña tras la restitución de la democracia.

La llegada de Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, hace año y medio, fue posible después de que Junts básicamente le humillara políticamente con un debate fallido de investidura. Los republicanos ganaron en las urnas un escaño más que los de Borràs. Lo que en cualquier elección es el fair play de los resultados, dentro de Junts fue visto como una victoria de tercera. En esa primera sesión infructuosa, el 26 de marzo de 2021, Batet le dijo a Aragonès: “De hoy al martes no vamos a tener un buen acuerdo de legislatura (...) los desencuentros no podemos resolverlos en tres días”. La repuesta de Junts, el pasado jueves, para intentar solventar la crisis en el Govern fue un plazo de dos días para que se pongan en marcha los puntos sin cumplir del eje nacional que siguen en el aire.

Con esa propuesta, finalmente conocida este viernes, Junts ganaba tiempo para la realización de la consulta. Pero también respondía así a la decisión de Aragonès de fulminar al con más rango de Junts dentro del Ejecutivo. Técnicamente, ERC tiene hasta el domingo para estudiar la “propuesta de concreciones y plazos”. La dirección estratégica del independentismo, perdida tras el referéndum ilegal de hace cinco años, implica a las entidades ANC y a Òmnium. Sus cúpulas, explican desde sus respectivas organizaciones, no han sido consultadas, poniendo así en duda el alcance de la oferta de socios de los republicanos. Se trata de un punto que se cerró en falso para lograr la investidura. “Un acuerdo entre dos no puede condicionar a otros actores. Creo que eso es un aprendizaje que hemos de hacer”, había advertido Aragonès el pasado martes en el Parlament.

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