La investidura fallida de Aragonès revela la brecha de programa entre ERC y Junts

Sí pero no. Junts per Catalunya reafirmó ayer su compromiso de designar al republicano Pere Aragonès presidente de la Generalitat pero se abstuvo de nuevo en la segunda votación del debate de investidura en el Parlament. El discurso del candidato a presidente, con referencias a Carles Puigdemont pero también dejando claro que no permitirá “tutelas” en el Govern, no convenció a las filas de Junts. Las partes seguirán negociando, pero aceptan que no habrá movimiento hasta después de la Pascua. El debate permitió que afloraran diferencias programáticas, como la renta básica, que serán de difícil encaje para contentar a todos.

Los que los une ya se sabía desde la campaña: la apuesta por la universalización de la educación de 0 a 3 años; la creación de una consejería de Acción Climática o una apuesta decidida por subir la inversión en Salud. Y tal vez los desacuerdos también, aunque ayer quedaron particularmente retratados. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, salió a defender el contenido de su acuerdo con ERC y gracias al cual Aragonès obtuvo 42 votos, 33 de su partido y nueve de los anticapitalistas, lejos de la mayoría necesaria de 68. “La renta básica universal no se toca”, le advirtió a la portavoz de Junts, Gemma Geis, que en su turno de palabra había calificado de “estéril” el pacto entre las dos formaciones de izquierda.

“Nos sentimos muy lejos de este proyecto de país que han pactado”, agregó Geis. La diputada de Junts expresó su preocupación por el impacto presupuestario de esa renta. El acuerdo entre republicanos y anticapitalistas fija un plan piloto, en 2022, para dar 730 euros a cada ciudadano que viva en Cataluña —se empezaría con “las franjas de edad más vulnerables”— para garantizar así el acceso a bienes básicos. Geis, citando al economista Germà Bel, dijo que se necesitarían unos 4.200 miliones de euros. Otros expertos lo elevan el gasto a 8.000 millones.

Reguant incluso corrigió a su compañera diputada, que se refirió a la prestación que propone como “renta garantizada”. No es un detalle baladí. Esta última categoría define un monto pagadero únicamente a quienes no alcancen un nivel de ingresos que se determine como suficiente por la Administración. Es decir, un abismo en la concepción de sociedad entre los dos bloques independentistas. Un debate, por cierto, que también se tuvo en 2016 en Junts pel Sí pero que nunca se solventó.

Los de Puigdemont también ven una cruzada contra la escuela concertada en Cataluña, un punto tradicionalmente defendido por el espacio político de la extinta Convergència. Aragonès se refirió a diferencias de “matiz” para cerrar el acuerdo, pero la brecha no deja de ser considerable, al menos en lo ideológico.

Geis dijo que el acuerdo con la CUP no les hace asumir ningún compromiso y los anticapitalistas tienen claro que es la ventanilla de ERC a la que tendrán que ir en caso de incumplimientos. Junts, además, lamenta que se adquieran compromisos en los que no cree y que, sin tener las carteras repartidas, puedan caer en su terreno.

Los avances en el plan de Gobierno son pocos —lo que sí ha trascendido en la lista de deseos de cada formación— y aún falta para que se aborde el reparto de responsabilidades. Dentro de los “flecos” también está el apartado de la hoja de ruta independentista. Las reservas con las que se han llevado las negociaciones impiden saber el nivel de avance o el embarrancamiento.

Aragonès mencionó deliberadamente a Puigdemont y Junts en su discurso —una de las críticas del viernes, en la primera votación, fue la mínima alusión a los 33 diputados que necesita— y reivindicó la coordinación del independentismo para lograr el objetivo de la república. Tras semanas de estar en el centro del huracán, el líder de ERC verbalizó que el Consell de la República, la entidad privada que Puigdemont pilota desde Bruselas, tenga un papel en ese diseño de la hoja de ruta.

“Esa coordinación solo será posible si reconoce todos los espacios, pero también si pone en valor el liderazgo de las instituciones de Cataluña”, dijo Aragonès. Y una advertencia: el Parlament y el Govern “tienen una responsabilidad indelegable”. El equilibrio entre todo, agregó, requiere de “flexibilidad y generosidad”, pero “sin sustituciones ni tutelas”. Aragonès, pues, quiere tener el control de la estrategia del Govern pese a saber que tendrá que coordinarse con sus socios de Junts y la CUP cuando consiga apoyos para la investidura.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la inmersión lingüística sirvió ayer de munición a Junts para insistir en la necesidad de acción conjunta en el Congreso de todos los diputados independentistas. Geis recordó que ERC supuestamente había “blindado” la inmersión en las Cortes con un acuerdo con el Gobierno. ERC no quiere renunciar a su margen de maniobra. La cuadratura del círculo en este plano se ofrece muy difícil.

Los republicanos creen que el discurso de sus eventuales socios demostró que la estrategia de alargar la formación del Ejecutivo responde sólo a una apuesta por el desgaste. Y al ajuste de cuentas del pasado: la no investidura telemática de Puigdemont (el entonces presidente de la Cámara, Roger Torrent, la descartó y acató así la prohibición judicial) o el voto negativo de la CUP para que, en 2018, el exconsejero Jordi Turull fuera a prisión preventiva en condición de presidente de la Generalitat.

Advertencia de la CUP

Junts insiste en que la investidura llegará cuando el acuerdo esté listo y que no hay prisa. Ni la cuarta ola del coronavirus tocando la puerta de Cataluña (ayer había 411 pacientes internados en las UCI y los expertos advierten de una subida en los contagios tras la relajación, hace 15 días, de las medidas de protección) parece interpelar a las fuerzas políticas para agilizar las conversaciones. Geis puso ayer como ejemplo que el histórico pacto con Endesa para condonar la deuda que arrastran 35.000 familias desde 2015 se sellaba anteayer con un Ejecutivo en funciones. “La presión por la interinidad, con ejemplos de vida como ese acuerdo, decaen y por tanto nos permiten forjar este acuerdo estable”, dijo la portavoz de Junts.

En la formación que preside Puigdemont, además, recuerdan que el plan electoral de la Generalitat y que tumbó la justicia planteaba las elecciones para el 30 de mayo. También miran alrededor y recuerdan lo mucho que tardan en formarse los Gobiernos en Bélgica o Alemania. Eso no implica que no miren el calendario. Fechas señaladas como Sant Jordi (23 de abril) o el 14 de abril (aniversario de la proclamación de la Segunda República) son observadas como posibles colofones. El 26 de mayo, si no hay president, se disuelve el Parlament y se convocan nuevas elecciones.

Aragonès se regodeó ayer recordándole al socialista Salvador Illa que ahora no puede dar el paso. Laura Borràs tendrá que convocar una nueva ronda de contactos. “Yo hoy tendré más votos de los que usted puede”, le espetó al socialista. Más argumentos para la calma. Algo que solo rompió una advertencia de la anticapitalista Eulàlia Reguant: “Esta puede ser la legislatura de un nuevo embate con el Estado, depende ahora de ERC y de Junts que no sea la legislatura de la gente”.