El preacuerdo entre ERC y la CUP elude cómo pagar las medidas sociales

El preacuerdo de investidura alcanzado por ERC y la CUP contempla una batería de medidas sociales de alto impacto económico en los presupuestos de la Generalitat. Solo la inversión en políticas de vivienda, afianzar un 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria y el impulso de la renta básica supondrían una carga adicional que superará los 2.000 millones de euros. Pese a esa política expansiva, el acuerdo no concreta la forma de financiación.

El documento pretende que la atención primaria “constituya la base del sistema sanitario” y marca el objetivo de destinar a ella un 25% del presupuesto de Salud. La cifra planteada cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, el departamento destina un 16% del total, y el incremento supondría casi 1.000 millones más como mínimo, en caso de que las cuentas de la consejería se mantengan. La actual crisis sanitaria, sin embargo, obligará al nuevo Govern a aumentar esta partida, pero el presidente en funciones, Pere Aragonès, no entró ayer en detalles: “Esperamos que haya acuerdos definitivos para tener Govern cuanto antes”, pidió, “tenemos muchos retos, y uno es la mejora de la financiación de la sanidad pública, que debe revertir especialmente en la primaria. Pero cada cosa a su tiempo”.

El refuerzo de la atención primaria genera consenso entre el sector, aunque el propio Colegio de Metges de Barcelona pide cierta concreción. “El 25% está bien, pero ¿de qué cantidad hablamos?”, se pregunta su presidente, Jaume Padrós. “El refuerzo de la primaria es fundamental y se deben mejorar las condiciones de los sanitarios de forma significativa”, agregó. El vicesecretario general de Metges de Catalunya, David Arribas, coincide: “Lo más importante es aumentar la plantilla”.

La voluntad de ERC y la CUP requiere de “políticas valientes”, según la exconsejera de Salud, Marina Geli, en el cargo desde 2003 hasta 2010. “Los cambios se pueden conseguir en un periodo incrementalista de unos años”, reclama. “El presupuesto de Salud debe aumentar unos 4.000 o 5.000 millones de euros durante la legislatura, e ir reforzando la primaria año a año”.

Política de vivienda

Más concreta en el gasto necesario es la partida que hace referencia a políticas de vivienda. ERC y CUP se comprometen a “dar respuestas a la emergencia de la vivienda a corto plazo y generar un cambio de modelo a medio plazo”. Además de modificaciones legislativas en la línea de intentar limitar los precios del alquiler, ERC y la CUP se comprometen a alcanzar un presupuesto de 1.000 millones de euros anuales para ampliar en 5.000 pisos al año la dotación de vivienda pública de la Generalitat. Se refieren a la adquisición de viviendas ya construidas y otras que están pendientes de rehabilitar. En los últimos presupuestos aprobados junto a Junts per Catalunya y la CUP, se destinó a vivienda y núcleos urbanos 380 millones de euros.

La CUP también ha introducido en el acuerdo de investidura el primer punto de su programa electoral: la creación de una renta básica universal, un ingreso de unos 730 euros —según la propuesta de la CUP— al que tendría derecho todo ciudadano que residiera en Cataluña. En ese caso, la propuesta es más genérica, pero a la vez más pautada: Tras un año de diagnóstico, se fija para 2022 la implementación de un “plan piloto” para las “franjas de edad más vulnerables”. Un año después se haría una evaluación de los resultados para “ampliarla si es el caso”. La falta de concreción impide conocer el coste, aunque algunos estudios lo sitúan en cerca de 8.000 millones de euros para toda la población.

Banca pública e inversiones en empresas

El pacto entre ERC y la CUP también pretende seguir el objetivo de los últimos gobiernos para que el Instituto Catalán de Finanzas consiga una ficha bancaria y se convierta en un banco público de titularidad autonómica. Se convertiría así en una entidad con capacidad de inversión en la economía productiva. Además de ese objetivo, el acuerdo aboga por crear un fondo de reconversión industrial para empresas que estén en una situación límite y con un riesgo de cierre. Asimismo se contempla que la Generalitat potencie su participación en empresas emergentes.