ERC y la CUP dan dos años a Sánchez para que avance el diálogo y avisan de un nuevo “embate”

La CUP ha hecho público este martes el documento del preacuerdo con ERC para facilitar la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, y que someterá a la asamblea de las 11 entidades que componen la formación. El texto habla de preparar “un nuevo embate democrático” en sentido independentista, preferiblemente en la forma de “referéndum” pero no cierra la puerta a la mesa de diálogo que ERC y el PSOE pactaron para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Dentro del mundo independentista siempre ha reinado la preocupación de que se “eternicen” las conversaciones sin que se concreten en nada. Por ello, republicanos y anticapitalistas supeditan a mecanismos de rendición de cuentas de los avances periódicos y, en 2023, una revisión a fondo para ver “si ha dado frutos y decidir los pasos a seguir, “incluida una eventual finalización”.

“La rendición de cuentas, seguimiento y evaluación continuada” sobre los avances de la mesa de negociación, que solo se ha reunido dos veces, tendría dos líneas. Una pública, en el Parlament, y otra “discreta” entre los partidos y organizaciones independentistas. Durante la primera mitad de 2023, será ese segundo espacio el que, “en caso de que la mesa siga vigente”, decidirá “los pasos a seguir”. En el texto que la CUP someterá a votación interna figura claramente un compromiso de obedecer al “consenso” que llegue de los órganos de coordinación de los secesionistas. Junts, de quien depende en última instancia la investidura, presentará este martes por la tarde su propuesta política en una conferencia de su secretario general, Jordi Sànchez. Dolors Sabater y Carles Riera, número uno y dos de la CUP, han viajado este martes a Waterloo para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, según ha avanzado Ràdio 4 y confirmado la organización, que achaca el viaje a la solidaridad “antirrepresiva”.

Los límites del diálogo con el Estado era uno de los puntos espinosos en la aprobación de una hoja de acción conjunta del independentismo. En el documento, la CUP dice que, “desde el escepticismo”, da margen a la mesa y solo se sumaría si se consiguiera “el compromiso de todas las partes” de ejercer el derecho a la autodeterminación y la amnistía. El Gobierno ya ha descartado ambas posibilidades. Los partidos secesionistas presentaron un proyecto de ley de amnistía en el Congreso.

La desconfianza y los reproches que marcaron la anterior legislatura están lejos de superarse y eso lastra las negociaciones para formar un Ejecutivo en Cataluña. El pleno de investidura tiene que celebrarse el viernes y este martes la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, comienza la ronda de contactos. Los comicios del 14-F, donde la participación se hundió, dejaron al independentismo un panorama agridulce. Logró superar la barrera del 50% de votos (pese a perder muchos apoyos), pero la lectura plebiscitaria sobre qué estrategia era la preferida para el futuro del secesionismo no resultó determinante. La victoria de ERC sobre Junts, por 30.000 votos y un diputado, y el crecimiento de la CUP no aclaran las dudas.

El pacto del independentismo parece así la cuadratura del círculo, y republicanos y anticapitalistas dieron el pasado domingo un golpe de efecto al presentar su propio preacuerdo. Ideologías aparte, la lista de diferencias respecto a su unidad en el Congreso o en la acción exterior (como el papel del llamado Consell de la República que pilota Carles Puigdemont desde Bruselas) no es corta. El preacuerdo, por ejemplo, quiere otra mesa que revise cómo funciona el Consell.

Otras medidas

El temor a “eternizar” el diálogo es compartido. En sus negociaciones, ERC y Junts plantean, con matices, el diálogo con el Estado para encontrar una salida al laberinto político. Junts, sin embargo, duda de la voluntad real de diálogo del Gobierno y ve la mesa actual como una maniobra dilatoria. Y aboga por ponerle una fecha límite. La CUP llegó a proponer otro referéndum en 2025. En ERC creen que una de las lecciones aprendidas del anterior intento de confrontación con el Estado, que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el encarcelamiento de los líderes del procés, es huir del corsé de los plazos y ultimátums.

Los republicanos proponían a Junts una fórmula mixta, que es la que finalmente los anticapitalistas han asumido. Fijar unos “indicadores” para medir si el diálogo avanza y establecer una fecha no tanto de caducidad como de “evaluación” de las negociaciones. La traslación de esas posiciones entre los secesionistas ya era complicada, pero ahora, con la inestabilidad política nacional tras el terremoto en Madrid y Murcia, parece más arriesgado acompasarlas al calendario electoral nacional.

El resto del preacuerdo contempla que la CUP pueda dar apoyo a los presupuestos, y que en un gesto de buena voluntad, Aragonès se someta, también en 2023, a una moción de confianza. El texto recoge buena parte de las aspiraciones de los anticapitalistas en políticas sociales: acepta impulsar un proyecto piloto del Plan de Renta Universal, una de las propuestas estrella en su programa o medidas para conseguir que el Institut Català de Finanzas se convierta en una banca pública o impulsar una empresa energética pública.

También figura una batería de acciones en favor de la vivienda, donde se cuantifica la inversión de 1.000 millones al año, además de movilizar 5.000 pisos a través de tanteo y retracto y ponerlos a disposición de mercado de alquiler. También recuperar el 30% de pisos de la SAREB e impulsar una ley que contenga los preceptos del decreto ley 17/2019 sobre medidas urgentes para el acceso a la vivienda, que fue anulado. Las unidades de la Brimo y de la Arro de los Mossos d’Esquadra, en virtud del acuerdo, dejarán de intervenir en desahucios.

El documento recoge además dos de las reivindicaciones clave de la CUP en orden público: la suspensión del uso de las balas de foam (espuma prensada) hasta que se difundan los protocolos de utilización y la retirada de la Generalitat de las acusaciones contra manifestantes independentistas, salvo en el caso de que el Govern pueda acreditar con un parte médico que los mossos han sufrido lesiones.