Junts pel Sí, pero separados por la renta mínima

El debate sobre los trabajadores pobres (o, lo que es lo mismo, la limitada eficacia del trabajo como única herramienta para salir de la pobreza) está en el centro de la discusión. El tema se ha colado incluso en la precampaña presidencial de Estados Unidos. Y también está presente en la carrera catalana hacia el 27-S y especialmente en la lista que quiere hacer presidente a Artur Mas .

Fue el propio cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, quien sacó el tema durante su presentación de la lista unitaria. Romeva clamó: “Reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) hacia un modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que tienda progresivamente a cubrir los mínimos vitales de la ciudadanía en situación de pobreza”. El ex ecosocialista lo mencionó como una de las prioridades sociales de su candidatura. Y lo puso como ejemplo de las grandes políticas sociales que podrían realizarse en una hipotética Cataluña independiente.

No obstante, no todo el mundo en su propia lista que lidera opina igual. En Junts pel Sí se dan cita hasta cuatro posiciones distintas. De entrada, es importante aclarar conceptos. El profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona José Antonio Noguera explica en un artículo del portal Agenda Pública la diferencia entre una renta básica universal y de una renta garantizada. La primera alcanza a toda la población. La segunda es “pagadera únicamente a quienes no alcancen un nivel de ingresos considerado como suficiente”, dice Noguera.

La convocatoria electoral del 27-S se llevó por delante el debate final de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por entidades sociales y sindicatos (también estaban el PSC y ERC), que recogió 121.191 firmas. Esta propuesta iba en la línea de la renta universal y proponía un importe de 664 euros mensuales. En su trámite, que al principio tuvo muchos inconvenientes, hubo unas 80 comparecencias de diferentes expertos. Una semana antes del último pleno de la legislatura, la distancia abismal entre partidos y promotores enterró toda esperanza de que el proyecto sobre la renta saliera adelante.

Las ILP no decaen cuando se disuelve la Cámara. Por esa razón los promotores y las fuerzas de izquierdas también hicieron un acto en el que se comprometieron a que fuera la primera ley aprobada por el Parlament que salga del 27-S. Esquerra Republicana asegura que no fue invitada a ese acto, mientras que una parte de los impulsores acusan a los republicanos de no haber mostrado ningún interés por la iniciativa. Fuentes de ambas partes aceptan que el debate se politizó con exceso.

En 2009, cuando Romeva era candidato de Iniciativa a las europeas, ya defendía en el manifiesto Crisis de derechas, soluciones de izquierdas “establecer una renta garantizada de ciudadanía para las personas que no tengan ingresos o se encuentren en una situación de pobreza”. Su propuesta era crear una directiva marco que permitiera una implementación generalizada en la Unión Europea.

Esta definición está muy lejos de lo que piensa Convergència (CDC). “Más allá de que la ILP no es asumible económicamente, nosotros creemos en el esfuerzo de la gente. La gente lo que quiere es trabajar, no un subsidio”, aseguró la diputada convergente Meritxell Borràs durante el pleno monográfico contra la pobreza. “Creemos en la necesidad de dar cobertura a la gente que está en una situación límite pero también les digo que no podemos estar de acuerdo con el texto de la ILP”, agregó la diputada convergente y ahora consejera de Gobernación.

Las enmiendas de CDC a la iniciativa iban orientadas a “mejorar” la actual Renta Mínima de Inserción, algo que, sin embargo, el Gobierno de CDC tenía pendiente desde 2011 y que nunca abordó. La cuantía propuesta por los convergentes es prácticamente la misma (464 euros al mes por persona) y un aumento del 5% de esa cantidad por cada miembro adicional. Una familia compuesta por tres personas recibiría 6.772 euros al año. También habría —de acuerdo con la propuesta convergente— un plan de individual de apoyo que lo ayude a la inserción social o laboral. No podían acceder a esta ayuda personas menores de 25 años, no de 18 como proponía la ILP.

ERC, por su parte, era un poco más ambiciosa. De hecho, su modelo era más similar al propuesto por el PSC. Se trataba de desdoblarlo para dos segmentos distintos: una parte iría a las personas en riesgo de exclusión social (que no tendría contraprestaciones hacia la Administración) y otra para complementar los ingresos de los trabajadores pobres. La posición republicana tampoco es compacta. En un artículo de 2013, el diputado Joan Tardà aseguraba que “uno de los artículos más honrados de la Constitución republicana [de una Cataluña independiente] sería la renta básica universal”.

A esta maraña de posiciones que presenta la candidatura Junts pel Sí hay que añadirle el punto de vista del catedrático de Economía Oriol Amat, antes de ser designado número siete de la candidatura de Romeva. Amat fue uno de los comparecientes parlamentarios en el marco del debate de la ILP.

Amat calculó en unos 40.000 millones de euros al año la puesta en marcha de la renta universal “sin saber si habrá un efecto llamada o si habrá personas que dejen de trabajar para cobrar”. El catedrático reconoce el problema de la igualdad pero da a entender que una ayuda de este tipo fomenta más el desempleo que la ocupación. “Me decantaría por un modelo de los países como Nueva Zelanda, que da mucho, mucho dinero a las personas en situación de pobreza pero que al mismo tiempo exige mucho [mediante políticas de educación y reinserción]”, puntualizó.