Ni ampliación de El Prat, ni fiscalidad ni estrategia política: La pelea entre ERC y Junts impide los acuerdos en el Parlament

Los socios de Govern trasladan sus desencuentros al Debate de Política General y las votaciones ponen en evidencia la falta de sincronía

El consejero de Economía, Jaume Giró, de Junts, habla con el president Pere Aragonès, en presencia de la consejera de Presidencia, Marta Vilagrà.
El consejero de Economía, Jaume Giró, de Junts, habla con el president Pere Aragonès, en presencia de la consejera de Presidencia, Marta Vilagrà.Albert Garcia

Las hostilidades entre Esquerra y Junts en el gobierno catalán tuvieron este viernes su réplica en el Parlament en forma de votaciones divergentes en el debate de política general, uno de los más importantes del año y que, al menos sobre el papel, enfoca la acción del ejecutivo. Los dos socios independentistas exhibieron más muestras de la distancia que los separa chocando en propuestas que afectan a asuntos sensibles de la coyuntura catalana y espina dorsal del Ejecutivo. El choque no fue puntual, y quedó patente en temas de política fiscal, en materia de infraestructuras o en el rumbo que ha de tomar la estrategia para negociar el encaje de Cataluña en España. El president Pere Aragonès vio como su idea estrella del debate, un “acuerdo de claridad” para lograr un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno, era impulsada y apoyada por En Comú Podem, pero topaba con la abstención de Junts.

En lo relativo a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no tiene nada de nuevo la confrontación que hay dentro del Govern. Este viernes, los propósitos de Junts para que la instalación crezca encontraron eco en una propuesta de PSC que llama a retomar las conversaciones entre Generalitat y La Moncloa para “transformar el aeropuerto de Barcelona en un verdadero ‘hub’ intercontinental”. En el lado del sí, socialistas y posconvergentes hallaron a Ciudadanos, Vox y PP, pero Esquerra optó por la abstención. El desacuerdo sobre este tema continúa, cuando se ha cumplido un año del embarranque de un proyecto que suponía una inversión de 1.700 millones de euros por parte de Aena en el Josep Tarradellas. El Departamento de Vicepresidencia, comandado por Junts, se encargó de la negociación con el Ministerio de Transportes, hasta que la oposición de Pere Aragonès bloqueó el plan.

Una propuesta de resolución de En Comú Podem que insta al Govern a seguir apostando por “un modelo de fiscalidad justa y de redistribución de la riqueza” alumbró también divergencias de calado entre Esquerra y Junts. El texto aboga por la necesidad de mantener el impuesto de patrimonio y de sucesiones porque, en un contexto de incertidumbre económica y crecimiento de la inflación, la Generalitat “necesita de muchos recursos económicos para hacer frente a las necesidades sociales de los ciudadanos de Cataluña”. La propuesta se aprobó con el PSC, ERC y comunes, pero los votos contrarios de Junts se alinearon con VOX, Cs y PP.

En el Debate de Política General ERC y Junts también votaron divididos a una propuesta de resolución que defiende que la mesa de diálogo debe ser “de gobierno a gobierno” y debe abordar la desjudicialización. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSC, ERC y comunes, y el ‘no’ de Junts, Vox, CUP, Cs y PP.

El Parlament pide actualizar las ayudas sociales

Los grupos del Parlament han instado al gobierno de la Generalitat a ir un paso más allá en las políticas sociales. Una resolución de En Comú Podem, que entre otras cosas pedía actualizar el baremo que fija las ayudas sociales, ha prosperado con los votos de los comunes, PSC, ERC, Ciudadanos y PP; la abstención de CUP y Vox; y el rechazo de Junts. Después de que Aragonès anunciase en la primera sesión del pleno un paquete de ayudas sociales dotadas con 300 millones de euros, las entidades sociales recordaron que hacen falta medidas estructurales, y que una de las más importantes es la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo con el que se calculan no solo las cuantías de muchas ayudas sociales, entre ellas la Renta Garantizada de Ciudadanía, sino también el tope de ingresos para pedirlas. Este indicador lleva 12 años congelado, mientras que el coste de la vida ha aumentado en el mismo tiempo cerca de un 30%. Las entidades pedían que el IRSC se incrementase al menos un 15,9%, el equivalente a lo que ha subido la inflación desde 2017, cuando se aprobó la Renta Garantizada. La resolución pide que se actualice el baremo en relación al aumento del IPC, sin especificar hasta qué punto, y también que se doble la cuantía por hijo de la Renta Garantizada.

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El Parlament ya había aprobado, en otras ocasiones, resoluciones en este sentido, pero el Govern no llevó a cabo la actualización del baremo.


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