La ministra de Transportes amenaza con querellarse contra Cabify por su campaña de publicidad

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha amenazado con querellarse contra Cabify por las campañas publicitarias que ha lanzado esta semana la empresa para criticar la decisión del ministerio de no prorrogar las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) que vencen el próximo 1 de octubre. “Ante el contenido y las alusiones tanto directas al ministerio como personales hacia la titular de este departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, Mitma está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes”, ha señalado este jueves en un comunicado el departamento de Raquel Sánchez.

El ministerio se refiere a sendas campañas de publicidad lanzadas por Cabify para criticar las contradicciones de Transportes y su inhibición en la regulación del sector de VTC, que ha dejado en manos de las comunidades autónomas. En una de esas campañas se puede leer: ¨Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437* viajes en Cabify”. La empresa aclaraba que con esa cifra se refería a los trayectos que se han contratado con su plataforma “desde/hasta el Ministerio de Transportes en 2022″, cuya sede está en el paseo de la Castellana de Madrid.

Sin embargo, la campaña que más ha dolido a la ministra es que la Cabify está llevando a cabo en Gavà (Barcelona), la localidad natal de Raquel Sánchez y de la que era alcaldesa antes de asumir el cargo en el Gobierno central. “R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid. Pese a que no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: podrás seguir viajando por otras ciudades“, señala la cartelería en castellano y en catalán distribuida en el municipio.

Tanto Cabify como, en general, todas las empresas del sector se han mostrado muy críticas con la postura de Transportes de no aprobar una legislación a escala nacional para el sector. El anterior ministro, José Luis Ábalos, en el decreto de 2018 que se conoce popularmente por su apellido, estableció un periodo transitorio de cuatro años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022, de forma que, si no lo hacían, estos vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición, ya que su negocio principal son los viajes urbanos. Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Cataluña han aprobado una normativa clara sobre la materia. En el resto de las comunidades se vivirá en un limbo legislativo a partir de octubre.

Resolución de los recursos

Desde el ministerio se defiende que deben ser las comunidades autónomas y las entidades locales las que regulen los servicios exclusivamente urbanos, porque son las que mejor conocen las necesidades concretas de transporte de cada territorio, un reparto de competencias que está de acuerdo con la Constitución. Asimismo, insisten en que las autonomías o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente (cuatro años) para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial de cuatro años establecido en septiembre de 2018, porque con el nuevo marco competencial establecido por el decreto Ábalos, Transportes carece ya de competencias en esta cuestión.

No obstante, el ministerio admite que el decreto contemplaba la posibilidad excepcional para que los titulares de las VTC solicitaran, hasta tres meses después de su aprobación, una ampliación de los cuatro años, si estimaban que el plazo inicial no era suficiente para recuperar su inversión. Consecuentemente, se presentaron 16.000 reclamaciones.

De ese total, el ministerio solo ha resuelto 4.000, al entender que el resto estaba bajo el paraguas normativo de las comunidades autónomas, especialmente de la de Madrid, donde hay un mayor número de licencias. Y en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes, día 20, se concedía la prórroga solo para 95 licencias que habían acreditado que necesitan más de los cuatro años de moratoria iniciales para recuperar su inversión. El resto, 3.906, han sido desestimadas, la mayoría porque no cumplían las condiciones, sobre todo la de que hubieran adquirido el coche o la autorización después del 30 de septiembre de 2014, cuatro años antes de la entrada en vigor del decreto ley que pasó la patata caliente de las VTC a las comunidades autónomas.