El Gobierno tiene atascadas 16.000 licencias VTC a pocos días de que venza el plazo para seguir operando

La supervivencia de más de la mitad de los vehículos de transporte concertado (VTC), los que se pueden contratar a través de apps tan populares como Uber, Cabify, Bolt o Auro, está en el aire. El próximo 30 de septiembre vence el plazo del periodo transitorio que otorgó el Gobierno a las comunidades autónomas para que regularan su actividad. En el que se conoce como decreto Ábalos, por haber sido tramitado en 2018 por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se establecía un periodo transitorio de cuatro años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. Y en caso de inhibirse, estos vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición.

Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Cataluña, han aprobado una normativa clara sobre la materia en ese plazo. En el resto de comunidades se vivirá en un limbo legislativo a partir de octubre. Pero el problema se enreda aún más. Y es que, en realidad, el decreto Ábalos (Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre) no fijó un plazo exacto para todos los vehículos porque los cuatro años de moratoria son contemplados en la norma como una especie de indemnización para compensar a los dueños de las licencias por la inversión realizada. Y el mismo decreto recoge la posibilidad de ampliar ese periodo hasta en dos años si el propietario demuestra que por distintas circunstancias no ha podido recuperar el gasto que le supuso la explotación de la VTC.

Recursos pendientes

Agarrándose a esa disposición, y sobre todo tras la llegada de la pandemia que redujo la actividad de los VTC a mínimos por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, los dueños de las licencias comenzaron a interponer recursos administrativos ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El procedimiento les obligaba a poner un recurso por cada licencia, lo que supuso que, de repente, el Ministerio se viera desbordado para tramitar los 16.000 expedientes. Por ello, subcontrató mediante cuatro concursos a la sociedad pública Ineco la tramitación y resolución de los recursos.

Pero la sección sexta de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la encargada de resolver las impugnaciones del Ministerio de Transporte en toda España, declaró en 2021 la nulidad del procedimiento al entender que Ineco, como ente empresarial aunque de capital público, no tenía competencia para resolver recursos administrativos, y que debía ser el Ministerio de Transportes con sus funcionarios los que se encargaran de esa tarea. Los 16.000 recursos volvieron al departamento que dirige Raquel Sánchez que, hasta el momento, no ha resuelto ninguno en firme, según señala a EL PAÍS José Andrés Díez, del departamento jurídico de Movea, la asociación de propietarios independientes de VTC.

“El Ministerio de Transportes, tanto con el anterior titular [José Luis Ábalos] como con la ministra actual [Raquel Sánchez], ha intentado escurrir el bulto, pese a que las circunstancias de la pandemia justifican de sobra que se amplíe el plazo de las licencias, como ha ocurrido con otros negocios como las ITV. En lugar de resolverlo, prefirieron gastarse el presupuesto para subcontratarlo con el Ineco, en una maniobra completamente ilegal, como ha dicho el TSJM, y ahora se encuentran con el problema de vuelta”, señala Díez, que ha tramitado cientos de recursos.

Fuentes del Ministerio de Transportes admiten que no se han resuelto los recursos, pero aseguran que la mayor parte de ellos serán rechazados por falta de justificación en su petición de prórroga por falta de justificación

Inacción de las comunidades

Y mientras se resuelve este procedimiento administrativo, las comunidades autónomas apuran el plazo para regular sobre la materia. Feneval, Unauto y Movea, las asociaciones que representan al sector, denuncian la inacción de los gobiernos regionales, pese a que están en peligro 18.000 licencias y más de 60.000 empleos. La Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de mayo la legislación que garantiza a los VTC que puedan seguir operando con un nuevo título habilitante específico a partir de octubre, en competencia con el taxi, y sin más limitaciones que el compromiso de no dar más licencias cuando se supere el porcentaje un VTC por cada 30 taxis (ahora el ratio está en 3,4 VTC por cada 30 taxis a escala nacional). La norma provocó la ira de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que anunció que llevaría a los tribunales al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por prevaricación.”Madrid es la única región que ha dado un paso adelante en el desarrollo de una regulación que apuesta por la convivencia entre los sectores del taxi y la VTC”, asegura Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval y presidente de Aseval Madrid.

En un sentido completamente opuesto, la Generalitat de Catalunya aprobó el 5 de julio un decreto de urgencia que permite seguir operando a los VTC en Barcelona y su área metropolitana, pero introduce tales restricciones que, en la práctica, supondrá la desaparición de la mayoría de las licencias actuales de VTC. En concreto, la norma establece que los vehículos no podrán medir menos de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Deberán contar, además, con la etiqueta ECO o Cero y también tendrán que ser titulares de una autorización de VTC domiciliada en Cataluña, pero con un vehículo adscrito durante al menos el último año. Por último, el seguro de responsabilidad civil tendrá que cubrir daños por un valor de 50 millones de euros, requisitos que no se aplican en ningún caso al taxi.

Andalucía, la segunda región por número de licencias, anunció la pasada semana que aprobará una regulación antes del 30 de septiembre que garantice “la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano”. Pero las filtraciones sobre esa norma apuntan a que el Gobierno del PP de Juanma Moreno va a replicar la legislación catalana, abocando a la desaparición al sector, presionado por las manifestaciones de los taxistas.

“Resulta increíble que un Gobierno del PP se pliegue a las amenazas de los taxistas y siga el ejemplo de Cataluña, en contra de la libre competencia y la economía de mercado. Para eso, es mejor que no legisle nada”, denuncia Eduardo Martín, expresidente de Unauto y actual presidente de Movea.

Otras comunidades como Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia aprobaron en su día normas transitorias que regulaban asuntos como la precontratación del servicio exigiendo un tiempo de 15 a 60 minutos o las condiciones de recogida, pero no regulaban expresamente la actividad de las VTC tras el fin del plazo dado por el Gobierno. Ante esta situación de indefinición, Unauto y Feneval han solicitado al Ministerio de Transportes una ampliación del plazo compensatorio a otros dos años extra.

Legislación autonómica restrictiva

Aunque con el decreto Ábalos el Gobierno se lavó las manos dejando en manos de las comunidades autónomas el problema, el asunto puede volverse contra el Ejecutivo si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite los recursos planteados por las empresas de VTC, en cuyo caso tendrá que afrontar indemnizaciones superiores a los 2.000 millones de euros. La doctrina de la UE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avalan las tesis de los propietarios de las licencias en contra de las leyes restrictivas de las comunidades autónomas.

“La moratoria es una patada hacia adelante para ganar tiempo, pero hace falta una norma para que podamos trabajar a largo plazo, en contra del decreto Ábalos, y que se regule como se tiene que regular, porque la realidad es que los VTC son una necesidad en cualquier ciudad. Hay demanda suficiente para la convivencia del taxi y las VTC”, indica Jaime Banús, consejero delegado de Auro, que posee 2.000 licencias.

España contaba el pasado 1 de septiembre de 2022 con 17.626 licencias de los también llamados vehículos con conductor (VTC) y 59.980 de taxi, que se redujeron en 4.846 hasta las 59.813, lo que arroja un ratio de 3,4 VTC por cada 30 taxis, según los datos oficiales. Madrid concentra el 48% de las VTC (8.463), seguida de Andalucía (3.202) y Cataluña (2.824).