El sector del taxi se moviliza contra la intención de la Junta de regular las VTC en Andalucía

El anuncio de la Junta de Andalucía de que antes del 1 de octubre regulará la circulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la comunidad amenaza con desatar un mes de septiembre convulso con el sector del taxi que ha recibido con escepticismo y sorpresa la propuesta, que se les presentó el pasado lunes. El primer atisbo se ha evidenciado esta misma mañana en Sevilla con una marcha de protesta de cerca de un millar de profesionales hasta el Parlamento de Andalucía en protesta por el futuro decreto ley. La manifestación ha terminado con la detención de dos taxistas por la Policía Nacional por desórdenes públicos.

En la concentración se han vivido momentos de tensión cuando varios manifestantes han tratado de tirar abajo una de las vallas de seguridad para impedir el paso hasta la sede del Parlamento regional y han arrojado huevos ante el edificio. La detención de uno de ellos por los agentes ha disparado el nerviosismo. Cuando el coche de la policía que transportaba al taxista arrestado estaba abandonado la zona, otros compañeros han tratado de evitarlo lanzando botellas y palos, lo que ha provocado una carga policial que ha terminado con otro detenido.

Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la organización mayoritaria del sector y la convocante de la marcha, ha lamentado los incidentes y los problemas que hayan podido causar la concentración a los usuarios de ese servicio, pero ha reivindicado la necesidad de manifestar de manera pública el malestar con la que el gremio del taxi ha recibido el anuncio de regulación por parte de la Consejería de Fomento. “Nosotros no tenemos la capacidad de las multinacionales para poder arreglar nuestros problemas en los despachos”, ha ironizado a cuenta de las malas prácticas empresariales desplegadas por Uber que fueron desveladas por este diario.

Los taxistas y el sector de las VTC fueron convocados el pasado lunes a una reunión con la Consejería de Fomento en la que se les trasladó la intención de tener listo en las próximas semanas un decreto ley para que las VTC sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre con una serie de limitaciones para los vehículos de transporte con conductor para garantizar “la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano”, según ha reiterado esta mañana la consejera Marifrán Carazo.

Novedad: Zonas de especial protección para que las VTC no puedan captar clientes

En la reunión del lunes solo se trasladaron líneas generales. Allí la consejera aseguró que desea que la norma sea lo más consensuada posible y que “no será ni tan liberal como la de Madrid, ni tan restrictiva como la de Cataluña”, señalan fuentes de la Consejería de Fomento. Entre las muchas propuestas planteadas se puso encima de la mesa la eliminación de la geolocalización o la obligación de que los vehículos de VTC tengan unas características de longitud mínima atendiendo a su calificación ambiental para diferenciarlos de los taxis, dos medidas con las que están de acuerdo los taxistas. También se ha planteado establecer zonas de especial protección donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captación de clientes, con una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles cuatro estrellas, juzgados o lugares donde se celebre eventos.

“Es una medida que no está recogida en ninguna otra regulación autonómica y que surge de una propuesta del propio Ministerio de Transporte a una consulta de la Junta”, explican desde la Consejería. En Fomento se hace hincapié en que no quieren caer en la maraña judicial en la que se enredaron varias comunidades autónomas, como Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia, Murcia o Cataluña al plantear tiempos de precontratación entre 15 y 60 minutos, provocando reclamaciones patrimoniales millonarias.

Con 3.256, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más licencias de VTC de España, por detrás de Madrid, con 8.266. La mayoría de ellas están operativas en la Costa del Sol (2.304 —casi el mismo número que taxis (2.697)― y Sevilla. Desde Unauto VTC, su presidente ejecutivo nacional, José Manuel Berzal, se muestra mucho más condescendiente con la iniciativa de la Junta de regular su sector. “Estamos confiados porque tanto el sector como el turismo de Andalucía necesita emplear toda la movilidad que tiene a su disposición y lo que pretendemos es prestar nuestro servicio con la suficiente garantía jurídica”, explica.

Carazo comienza nueva legislatura casi de la misma manera que empezó la anterior. A principios de 2019 se reunía también con las asociaciones de taxistas y los empresarios de VTC para consensuar una norma que regulara este último sector. Se prometió que sería inmediata, pero finalmente la Consejería optó por centrarse en elaborar un reglamento para modernizar el gremio del taxi —que incluía la contratación por plaza y el pago individual, la recogida de viajeros en distintos municipios o el precio cerrado, una reclamación histórica― y aparcó la ordenación de las VTC.

La Junta se apoya en esa negociación con el sector del taxi para justificar que muchas de las medidas que ahora se quieren incorporar en el nuevo decreto ya fueron abordadas e incluso consensuadas, pero Ruano desconfía. “El reglamento que se aprobó no se ha podido desarrollar porque los Ayuntamientos no han adaptado su normativa a las nuevas propuestas”, indica. “Sin seguridad jurídica nosotros no podemos empezar a desarrollar el precio cerrado”, sostiene.

Como hay hicieron en 2019, la FAAT ha trasladado a la Consejería de Fomento las líneas rojas que no debería cruzar el futuro decreto ley: “Tiene que haber una limitación de las licencias, no esperamos que se llegue a la proporción de 1 licencia de VTC por 30 de taxi, pero sí que se limite; la precontratación debe ser tal y no ser instantánea, la eliminación de la geolocalización y los VTC deben circular con seguro de responsabilidad civil”, expone.

Son medidas que se encuentran recogidas con matices en la norma catalana que regula las VTC. La Junta ya ha advertido de que quiere optar por su propio modelo y evitar que se considere una norma política. Desde la Consejería se advierte de que la Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias con recomendaciones para revisar y adecuar la normativa a las directrices y la libre competencia, que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, “entre ellas se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base”, especifican en Fomento. También alude a que el Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una valoración prejudicial sobre la disposición del Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos, sobre la proporción de una licencia de VTC por 30 de taxi.

Proteger 8.000 puestos de trabajo

Berzal, que no oculta sus simpatías hacia un modelo regulador similar al de la Comunidad de Madrid, también apela a que se “respeten las decisiones de Europa” y espera que la próxima norma andaluza “defienda la libertad del ciudadano de elegir el modelo de transporte que desee”. El presidente de Unauto VTC recuerda que el sector genera miles de puestos de trabajo y que esa y el hecho de que sea demandado en una comunidad que además es punta de lanza del turismo, es la mejor defensa de su modelo de servicio.

Berzal entiende la exigencia de reducir las VTC en la Costa del Sol por parte del sector del taxi, pero advierte de que eso dejaría en la calle a muchos conductores —el mismo argumento que esgrime Ruano desde la FAAT a cuenta de la competencia desleal que esos vehículos ejercen en la zona con el servicio público del taxi―. A la preservación de los puestos de trabajo del sector de las VTC ha apelado también el sindicato UGT que esta mañana en un comunicado ha advertido de que “iniciará actuaciones en el caso de que se pretenda restringir la actividad de la VTC en Andalucía, y poner con ello en riesgo más de 8.000 puestos de trabajo dejando a miles de familias desamparadas”.

En su nota, la organización recuerda que junto con CC OO están negociando convenios colectivos con la patronal de las VTC y también apelan a que se cumplan las normas de Bruselas “para evitar la discriminación de este sector con otros colectivos”. “Exigimos a la Junta de Andalucía que considere y vele por los puestos de trabajo, y no opte por aplicar medidas que ya han demostrado ser erróneas en distintos territorios de España”, concluyen. Esa urgencia y la ausencia de restricciones también es compartida por la Mesa de Turismo de España.