Competencia falla en contra del último decreto del Gobierno catalán que regula Cabify y Uber

Los partidos que apoyan al Gobierno catalán y el PSC prevén apoyar este miércoles en el Parlament el último decreto elaborado por el Ejecutivo para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), negocios que dominan en Barcelona básicamente Cabify, Bolt y Uber. Lo harán con la opinión en contra de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que ha elaborado un informe sobre la nueva norma que considera que esta va en contra de la libre competencia y no satisface los “principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación entre operadores”. El decreto fija que los vehículos que operen como VTC sean de grandes dimensiones (a partir de 4,9 metros) y que, de ser nuevos, tengan distintivos “cero emisiones” o ECO.

La gran conclusión de la ACCO es que el decreto aporta “restricciones injustificadas a la competencia”, argumento que ya utilizaron los operadores a través de la patronal Unauto-VTC cuando lo aprobó el Govern, que buscaba con la nueva regulación pacificar sus relaciones con los taxistas y abortar nuevas movilizaciones que pudieran volver a paralizar el centro de Barcelona. El regulador considera que los condicionantes fijados por la Administración autonómica, y que debe convalidar la Cámara, pueden provocar “una muy significativa reducción de la oferta de operadores de VTC en Cataluña”, ya que “una buena parte de los operadores que hasta ahora prestaban el servicio de VTC en el ámbito urbano no podrán continuar ejerciendo esta actividad”.

“Esta situación es preocupante”, señala el informe de 24 páginas hecho público este martes, que no se fija tanto en la afectación sobre los operadores sino en “consumidores y clientes”, ya que verán condicionada la oferta de vehículos de viajeros de menos de nueve personas. También opina Competencia que existe un potencial impacto “en la congestión y la sostenibilidad medioambiental”, y que el texto va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de taxi y VTC.

Pese a las presiones de todos los actores implicados, la Administración no logra dar con la tecla que contente a todo el mundo, pese a que el primer desembarco de Uber se produjo en 2014, totalmente desregulado y bajo el supuesto concepto de “economía colaborativa”. La Administración ha adaptado el marco legal a las licencias de VTC sin que sea suficiente para convencer al colectivo de los taxistas, el más afectado por la aparición de competencia.

El último movimiento de la Generalitat, que tiene bajo su paraguas la regulación del transporte colectivo, se produjo el 5 de julio con la aprobación del decreto 9/2022. Además de las limitaciones ya comentadas, el Govern pretende obligar con él a exigir un tiempo mínimo de 15 minutos para precontratar el servicio de un VTC —requisito que la ACCO califica de “discriminatorio”— que puede llegar a ser ampliado en función de administraciones municipales, la prohibición del uso de sistemas de geolocalización —el informe lo tilda de “injustificado”— y la prohibición de que esos vehículos puedan aparcar en la vía pública —”no se basa en ningún motivo de interés general ni presenta ningún nexo de causalidad entre el objetivo y la restricción impuesta”, señala—, dando ventaja a los taxis, con sus paradas específicas.

El regulador no solo lamenta los obstáculos concretos que la norma ya fija, sino que alerta de que una de las disposiciones adicionales abre la puerta a otras modificaciones posteriores.

En medio de esta polémica, cerca de medio centenar de VTC se han manifestado este martes por el centro de Barcelona contra el decreto ley de la Generalitat que regulará los servicios urbanos a partir del 1 de octubre. Los manifestantes —la mayoría en vehículos con el logotipo de Cabify— han hecho una marcha lenta por el centro de la ciudad mientras mostraban carteles dirigidos a la ciudadanía: “Si nos echan, tú también pierdes”.

Otros manifestantes siguieron caminando la protesta, que llegó sin incidentes hasta la Generalitat. El sector de las VTC asegura que sin sus vehículos la ciudadanía no puede elegir entre el servicio del taxi y el del transporte con conductor y son los políticos quienes, según ellos, restringen esa capacidad de elección. El presidente del comité de empresa de Cabify Prestige & Limousine, José Díaz, ha pedido al Govern una negociación ya que se pone en peligro cerca de “3.000 puestos de trabajo” en Cataluña. Díaz lamenta que no se han reunido con el sector y que la limitación de la longitud de los coches de 4,9 metros que refleja el texto va en contra de las normativas europeas.

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