Los VTC de Barcelona tendrán que ser coches de lujo o furgonetas de pasajeros y no contaminantes
La patronal Unauto y Cabify se muestran contrarias al decreto ley aprobado por el Govern que eleva las exigencias al sector para diferenciarlo del taxi
Ya hay texto definitivo del decreto ley del Govern para regular la operativa de los VTC (los vehículos con conductor) en Barcelona para los próximos dos años, prorrogables a dos más. El decreto, pactado con el PSC, estrecha el cerco a los vehículos con conductor: supone diferenciar claramente la operativa de los VTC, para servicios puntuales o exclusivos, con restricciones inéditas en España; de la de los taxis como servicio público. El acuerdo apacigua a los taxistas, que amagaban con volver a bloquear la ciudad si se daba cancha a un sector que consideran competencia desleal; pero ha provocado el rechazo del sector y plataformas como Cabify, que amagan con recursos judiciales. El decreto coincide también con el anuncio de Uber de volver a circular con VTC en Barcelona.
La gran novedad del decreto ley es que los vehículos que operen como VTC deberán medir un mínimo de 4,90 metros: una longitud que solo cumplen los turismos de gama alta o las furgonetas de pasajeros. Es una exigencia insólita, que no se pide en ninguna otra ciudad, indican fuentes del sector. Además, si son coches nuevos, solo se admitirán con los distintivos ambientales 0 o ECO, los menos contaminantes. La nueva exigencia de longitud de los vehículos, impuesta por el PSC para apoyar el decreto en el Parlament, impacta en el grueso la flota de Cabify, turismos que no alcanzan los 4,90 metros de largo. Los modelos más comunes en Cabify son el Skoda Octavia, los Hyundai i40 o Ioniq, los Toyota Prius o Avensis, o el Volkswagen Passat. Ninguno de ellos alcanza los 4,90 metros. Sí cumplen la nueva exigencia modelos de gama superior que también operan como VTC, como el Mercedes Clase E o el Tesla Model S (no llega el Tesla Model 3).
La patronal de las empresas que operan con licencias de coche con conductor, Unauto-VTC, ha asegurado en un comunicado que el decreto “pone la soga al cuello al sector en Cataluña y elimina el 70% de las licencias cuando Barcelona necesita desesperadamente más opciones de movilidad”. La patronal cuantifica en 3.000 los empleos que la nueva norma destruirá y asegura que la aprobación del decreto “tendrá consecuencias judiciales y económicas por las reclamaciones e indemnizaciones de las empresas de VTC”. Unauto, que considera que los partidos han actuado por electoralismo a un año de las municipales y acusa a “algunos líderes del taxi” de presionar a los políticos, no concreta qué novedades son las que provocarán la eliminación del 70% de las licencias ni cómo realiza el cálculo de los empleos perdidos.
Cabify ha expresado en un comunicado su “consternación” y se ha mostrado contraria al decreto, acusando a la Generalitat de “defender el monopolio en el transporte”. En la nota aseguran que “miles de profesionales perderán su trabajo” (sin cuantificarlos) y aseguran que la exigencia de longitud mínima es “contraria a las recomendaciones de la Comisión Europea”, que abogan por coches más pequeños y ligeros para fomentar la sostenibilidad. “El 70% de la flota de Cabify son vehículos ECO o Cero pero solo un 1% cumplen con la longitud mínima de 4,9 metros”, añaden.
El decreto aprobado este martes llega después de que los taxistas respondieran a un borrador presentado la semana pasada amenazando con que irían “a la guerra” por lo que consideraban poner la alfombra roja a los VTC y “blanquear” incumplimientos como la polémica prerreserva de 15 minutos impuesta en 2019. El texto definitivo, endurecido con las aportaciones de los socialistas, contempla un severo régimen sancionador (multas de hasta 6.000 euros) si los vehículos con conductor incumplen con la prerreserva, si captan a clientes en la calle o si son empresas que se desplazan a la ciudad (sin licencia) para actos como el Mobile World Congress.
Además, deberán tener licencia VTC domiciliada en Cataluña y haber operado durante el último año, contratar el mismo seguro que se requiere a los taxistas y tener dos años de permiso de conducir. En el nuevo texto los ayuntamientos o el Área Metropolitana de Barcelona podrán aumentar las exigencias en materia de prerreserva o de formación a los conductores. Actualmente en Cataluña hay 4.000 licencias VTC de las que entre 2.570 y 3.000 tienen autorización para operar y coche. Y de estos, solo 1.455 prestaban servicio en el último recuento del ministerio, de febrero pasado.
La presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi y también concejal socialista de Movilidad de Barcelona, Laia Bonet, defiende el decreto: “Acaba con la permanente confusión entre taxi y VTC. No queremos reproducir en Barcelona el liberalismo salvaje y la competencia desleal que se ha instalado en ciudades como Madrid. El taxi es un servicio público para la movilidad en la ciudad y los VTC han de ofrecer otro servicio”. Desde la Generalitat, el secretario de Territorio y Movilidad, Isidre Gavín, defiende “el modelo catalán de transporte urbano que considera el taxi un transporte público al que se piden determinados requerimientos, y tener como complemento un servicio novedoso, que tenía poca regulación y que de si opera de forma descontrolada distorsiona el modelo”.
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