Los taxistas de Madrid cortan el tráfico de la Castellana por la reforma de la ley que regula los VTC

Tráfico cortado, una cola de más de 400 taxis aparcados entre las plazas de Neptuno y Colón y una lluvia de billetes con la cara de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rezan: “Ayuso ¿por cuánto te vendes?”. Los taxistas de Madrid han marchado este miércoles hasta la Puerta del Sol para protestar en contra de la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes, que se votará este jueves en la Asamblea de Madrid. Si se aprueba ―para ello, el PP necesita los votos de Vox―, como todo parece indicar, empresas como Uber, Bolt o Cabify —conocidas como VTC, vehículos de transporte con conductor— podrán seguir operando en trayectos urbanos, algo que los taxistas consideran perjudicial para su trabajo.

“No es normal que haya 8.000 coches que hacen servicios de taxi sin autorización. Hacen lo que quieren porque los dejan”, sentencia el madrileño Alfonso López, de 55 años, que lleva tres décadas conduciendo su taxi por la capital. Entre gritos de “no más VTC”, “Ayuso vende a su pueblo” y “Ayuso dimisión”, unos 500 taxistas han empezado la protesta tras aparcar sus vehículos en una de las arterias más concurrida de la ciudad. Después, la mitad ha cortado el tráfico del paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles, mientras que la otra mitad ha ocupado la plaza de Colón. “La ley que se quiere aprobar mañana en el pleno está vacía de contenido. Va a acabar con el colectivo de los taxis, mientras permiten a las VTC que sigan haciendo lo que quieran”, sostiene Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional de Taxis de Madrid. Sanz, que lidera la protesta, trabaja en el sector desde hace 38 años.

El meollo de la controversia reside en la competencia que estas empresas suponen para los conductores, a su juicio desleal. “Los clientes, por ahorrarse dos duros, se juegan la vida montándose en un coche con gente que no es profesional”, critica Rafael López, taxista de 49 años. Los precios muy bajos y la falta de regulación de las condiciones laborales de estas plataformas se contraponen, según denuncian los taxistas, los requisitos que ellos deben cumplir: número de vehículos con licencia, ITV periódicas, tarifas de obligado cumplimiento y jornada laboral tasada.

El Gobierno regional aprobó el pasado 4 de mayo el proyecto de ley que permitirá a las VTC seguir operando en la capital a partir de octubre. Entonces acabará la moratoria de cuatro años del decreto Ábalos, la norma estatal que deja en manos de las comunidades autónomas la competencia de gestionar las licencias de estas plataformas. Si la reforma de la ley madrileña sale adelante este jueves en el pleno de la Asamblea, estas empresas podrán seguir circulando en Madrid como lo han hecho hasta ahora. Una decisión que critican los taxistas, que creen más oportuno desterrar los VTC a las afueras de la ciudad. “Los Uber y Cabify tendrían que actuar en los pueblos, donde los abuelos tienen que esperar dos horas para coger el autobús y trasladarse a otros municipios”, propone el conductor autónomo Rubén Peinado, de 52 años.

Con pancartas y maletas llenas de billetes de 11 euros con la cara de la presidenta y una gran presencia policial a lo largo de todo del recorrido, los manifestantes han subido por la calle de Alcalá con destino a la Puerta del Sol, donde está la sede del Gobierno regional. Después de 27 años en el taxi, Alfredo Ureña, de 51 años, explica sus razones para manifestarse, mientras sostiene una pancarta en la que se lee: “Ayuso, proempresas afines a su partido”. “Le llevamos este paquete de dinero para que no lo busque en empresas extranjeras y deje de hacer política por amiguismo”, afirma, enfadado, en referencia a las comisiones cobradas por el hermano de la presidenta en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Entre música a todo volumen, pitidos y una lluvia de billetes, los manifestantes acaban la protesta en la Puerta del Sol. Frente a la sede de la Comunidad de Madrid, una veintena de ellos simula un robo. “¡Manos arriba, esto es un atraco!”, gritan, tras dejar en la puerta una caja de billetes falsos y un maletín destinado a Ayuso. “El taxi es un servicio público y de interés general que no se puede entregar a manos de empresas”, ha reivindicado Sanz al término de la concentración.

Según la Federación Profesional del Taxi, que ha convocado la manifestación, 25.000 familias viven de los ingresos que produce esta profesión. Benigna Carroza, de 66 años, se queja de las dificultades para llegar a fin de mes. “Si tienes las cosas en regla y todo legal con el seguro y el combustible, ya se te van 1.000 euros. Me queda un sueldo pequeño”, sentencia, indignada. A mediodía, los taxistas han regresado a sus vehículos.

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