Transportes se compromete a resolver “una a una” las licencias de VTC pero avisa de que no habrá prórroga

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró este lunes que resolverán “uno a uno” los 16.000 recursos administrativos presentados por los propietarios de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para poder seguir operando al menos dos años en toda España más allá del 1 de octubre, cuando se vence el plazo para que las comunidades autónomas regulen si estos vehículos tiene autorización para los trayectos urbanos.

No obstante, la titular de Transportes descartó que el Gobierno vaya a aprobar, con carácter general, una prórroga de la moratoria de cuatro años que el decreto aprobado en 2018 por el anterior ministro, José Luis Ábalos, concedió a las comunidades autónomas para regular el sector en el que trabajan empresas como Uber, Cabify o Bolt. Sánchez dijo esos cuatro años eran tiempo suficiente para haber aprobado una norma.

La ministra admitió que, al margen de la acción normativa de las comunidades autónomas, su departamento tiene una gran cantidad de recursos pendientes de resolución, aunque achacó el retraso a que se han tenido que volver a analizar por “un defecto formal”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la instancia encargada de resolver las impugnaciones del Ministerio de Transporte en toda España, declaró en 2021 la nulidad del procedimiento porque el Ministerio traspasó a la sociedad pública Ineco la tramitación de los recursos administrativos, cuando solo los funcionarios del propio departamento tienen potestad para esa tarea

En los recursos interpuestos, los demandantes argumentan de manera genérica que los cuatro años de moratoria no han sido suficientes para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias. Además, en muchas de ellas los solicitantes incluyen en sus escritos la paralización de la actividad por el estado de alarma por la pandemia y la imposibilidad, por tanto, de obtener ingresos.

Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Cataluña, han aprobado una normativa clara sobre la materia en ese plazo. Solo en la primera se garantiza la actividad de la VTC como hasta ahora, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, mientras que la normativa catalana impone tantas restricciones que en la práctica aboca a la desaparición del sector. En el resto de comunidades se vivirá en un limbo legislativo a partir de octubre. Y es que comunidades como Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia aprobaron en su día normas transitorias que regulaban asuntos como la precontratación del servicio exigiendo un tiempo de 15 a 60 minutos o las condiciones de recogida, pero no regulaban expresamente la actividad de las VTC tras el fin del plazo dado por el Gobierno.

Andalucía se ha comprometido a tener lista la norma antes del 30 de septiembre. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, de la Junta ha pedido a las organizaciones representativas del taxi y de los VTC a “ceder pensando en el usuario” en las negociaciones abiertas para poder “consensuar” el decreto de “forma pacífica y sin ruido”. El pasado jueves, dos taxistas fueron detenidos como consecuencia de los altercados que se produjeron a las puertas del Parlamento andaluz tras la protesta en Sevilla contra la nueva regulación.