Caixabank y Sabadell sufrieron una fuga de depósitos de 11.600 millones tras el 1-O

Los responsables de Caixabank y Banc Sabadell, Jordi Gual y Josep Oliu, han negado este martes haber recibido presiones políticas para trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña en la semana del 1-O. En su declaración como testigos en la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155, han asegurado que la decisión, que calificaron de “técnica”, estuvo motivada por la fuga de depósitos de los clientes, que entre las dos entidades sacaron 11.600 millones de euros.

La comisión de investigación sobre el 155 ha tenido este martes tres protagonistas del ámbito financiero: Josep Oliu, presidente del Sabadell, Jordi Gual, presidente de Caixabank, y también Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa, accionista de referencia de la entidad bancaria. En la comparecencia de los tres directivos, los partidos independentistas y los comunes —PSC, PP y Ciudadanos no acuden a esta comisión— han intentado dilucidar dos cuestiones: por qué estas entidades trasladaron su sede social, y si recibieron presiones políticas para hacerlo.

Los responsables de las entidades han afirmado que el traslado de sede obedeció a la necesidad de parar la sangría de la fuga de depósitos: en los días previos y posteriores a la celebración del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, Caixabank perdió 7.000 millones en depósitos, y el Sabadell 4.600 millones. “La salida de depósitos fue exponencial, era mucho dinero y había que cortarlo de cuajo”, ha dicho Gual.

Ambas entidades han explicado que la gran mayoría de los depósitos correspondían a recursos privados, y negaron que hubiese una retirada importante de depósitos propiedad de las administraciones. Además, han asegurado que tras el traslado de las sedes los depósitos volvieron a estabilizarse. Las dos entidades han afirmado que no tienen sobre la mesa un retorno de la sede a Cataluña.

Los grupos políticos han asegurado, basándose en informaciones periodísticas y a publicaciones como el libro de memorias del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o un informe del Colegio de Economistas, que las entidades bancarias fueron presionadas para marcharse de Cataluña. Incluso, el diputado Carles Riera, de la CUP, ha acusado a las entidades de formar parte de “los poderes fácticos que crearon un clima de legitimación para vulnerar derechos civiles, políticos y sociales” tras la aplicación del 155.

Los directivos —en primer lugar ha comparecido Oliu, y más tarde Gual junto a Fainé— han rechazado cualquier injerencia política en su decisión. “La decisión fue técnica, no política, actuamos siguiendo los planes de contingencia”, ha explicado Oliu. El Sabadell, según ha confirmado el presidente del banco, se empezó a preparar en 2014, “cuando empezamos a tomar conciencia de que la situación política se podía complicar, que podría haber incertidumbre e inestabilidad política y financiera”. Esta entidad, de hecho, cambió sus estatutos ya en ese momento para poder trasladar la sede social sin tener que pasar por la junta de accionistas. Fue el primer banco en irse, el día 5 de octubre de 2017, y trasladó la sede a Alicante. Caixabank, en cambio, tuvo que esperar a que el Gobierno de Rajoy aprobase, el día 6, un decreto urgente para poder trasladar su sede a Valencia sin pasar por la junta pese a que así lo estipulaban sus estatutos.

“No recibimos llamadas ni presiones, ni de la Corona ni del Gobierno, lo hicimos ante una hipotética independencia, real o percibida. Para mí fue una decisión extraordinariamente difícil y lamentable”, ha dicho Oliu. Gual ha añadido que la motivación del traslado de las sedes fue “proteger los ahorros, los puestos de trabajo y las inversiones”, a lo que Fainé ha apostillado que “los ahorros son sagrados”.