La modificación de la ‘ley del solo sí es sí’ es urgente

“No ha tenido los efectos deseados”. La ministra de Justicia difícilmente puede decir otra cosa. Es la expresión más contemporizadora para referirse a lo que viene ocurriendo desde la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En un momento de necesaria concienciación en relación con las violencias ejercidas sobre la mujer, han visto rebajada su pena o han sido excarcelados al menos 278 violadores o pederastas (el dato lo daba el viernes Alfonso Pérez Medina). Lo desconcertante es que la ministra Pilar Llop asuma que el redactado de la ley está habilitando dichos efectos y, al mismo tiempo, afirmase que el Gobierno descarta cualquier modificación de la norma [aunque ahora sí está decidido a cambiarla]. Dicho de otro modo, a pesar de constatar lo que está pasando y el desgaste gubernamental que provoca, el Ejecutivo habría optado por mirar hacia otro lado mientras las malas noticias se repiten, la oposición lo denuncia, como es su obligación, e, inevitablemente, el trumpismo mediático transforma cada caso en carnaza para generar el pánico que nutre el discurso de la extrema derecha.

La ambiciosa ley del solo sí es sí ha sido la principal iniciativa desarrollada por el Ministerio de Igualdad durante la actual legislatura. Su gestación, que contaba con un amplísimo respaldo social tras el caso de La Manada, no fue para nada sencilla; desde dentro del partido que la lideraba incluso se advirtieron problemas, pero los correos enviados al Ministerio de Irene Montero no obtuvieron respuesta. Y eso no fue nada comparado con las tensiones en el seno del Gobierno de coalición. Lo detalló Carlota Guindal en una crónica publicada a finales del año pasado. En las vísperas del 8-M de 2020 y en el contexto de redacción de la ley, el vicepresidente Pablo Iglesias cargó sin nombrarlo contra el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo, que se sabía con el apoyo de la vicepresidenta Carmen Calvo, se había referido a problemas técnicos en el anteproyecto, pero Iglesias contratacó colgándole el sambenito de “machismo frustrado”. (Campo, magistrado del Tribunal Constitucional, se abstendrá a la hora de responder al recurso presentado por Vox contra la ley).

Antes de su aprobación en el Congreso, lo más relevante fue el informe redactado por el letrado del Consejo General del Poder Judicial. Allí se explicitaba que los capítulos I y II del título octavo de la ley supondrían la reducción del límite máximo de algunas penas. Ni se le hizo caso ni tampoco a los abogados que se dirigieron al Gobierno. A nadie que estudiase ese informe jurídico, por consiguiente, puede sorprenderle lo que está pasando desde la entrada en vigor de la ley. Pero en lugar de atender lo advertido por el CGPJ, y colaborar así en la relegitimación de un órgano clave del poder judicial hoy desacreditado, la reacción de la ministra Montero al producirse las primeras revisiones fue atribuir a los jueces un sesgo machista, introduciendo un elemento más de sospecha en la mecánica del Estado de derecho para no responder al problema creado. No es no. Ya pueden pedir la modificación compañeras tan afines como Manuela Carmena (“no corregir la ley del solo sí es sí es soberbia infantil”), Mónica García (“cuando algo tiene un efecto secundario indeseable se cambia o se intenta paliar, y ya está”) o Rita Maestre (“hay que corregir la ley del solo sí es sí sin dramatismos”). De ninguna manera.

El motivo que explica esta obcecada dejadez es el partidismo: evitar la modificación de la ley parece haberse convertido en una línea roja para Montero y su entorno. El pulso se ha escenificado como un blindaje de la ministra de Igualdad que posibilita transferir la presión a la vicepresidenta Yolanda Díaz como un plebiscito de lealtad en pleno proceso de refundación del espacio progresista al que dio forma Podemos. Es una estrategia absurda y sus efectos son contraproducentes. No solo se debilita al Gobierno, sino también la credibilidad de las políticas contra la violencia que sufren las mujeres. Por ello la modificación es urgente. Para demostrar la responsabilidad de los y las líderes de ese espacio.