Todavía hay violadas de segunda

En 1990, Cristina C. acusó a dos hombres de haberla violado cinco veces seguidas, anal y vaginalmente, en el baño de un pub a la salida de la discoteca Lovely de Getafe. El caso tuvo más trascendencia pública porque uno de ellos era primo del futbolista Emilio Butragueño. Según su relato, cuando acabaron, amenazaron con matarla y asesinar también a su hija si se atrevía a denunciarles. Durante el juicio, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid preguntó a la mujer, casada, si solía practicar sexo anal con su marido. “Si hubiese dicho que sí, cosa que la mujer no quiso hacer, la sentencia contra los señores violadores hubiese bajado unos cuantos años de prisión”, denunció Montserrat Roig en Violades de primera y violades de segona. En aquella columna que la escritora catalana publicó en el diario Avui sobre el caso —recopilada en Som una ganga. Textos feministes, la antología que editó Comanegra en 2020—, Roig carga contra un sistema en el que “una mujer que hace lo que le da la gana con su marido es más culpable que la que reza el rosario mientras el hombre hace lo que tiene que hacer”, que “una prostituta violada no es lo mismo que la mujer violada de un inspector de Hacienda” y que “ante una violación, hay víctimas de primera y de segunda clase. Unas mujeres son menos violadas que otras”.

Es inevitable volver a esa columna, 30 años después, ahora que Dani Alves permanece en prisión preventiva acusado de violar a una joven en el baño del club Sutton de Barcelona. Qué pertinente es leerla ahora para comprobar cómo han evolucionado y mejorado los protocolos de actuación frente a la cultura de la violación. Y si ha pasado, ha sido gracias a la pedagogía y la presión del activismo feminista de la última década.

Un apunte a los que en Twitter han dado las gracias al “crack” del portero del local y han elogiado al dueño de Sutton por haber animado a la joven a denunciar los hechos: nunca hubiese sido posible si la concejala barcelonesa de Derechos Sociales, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, de Barcelona en Comú, no hubiese lanzado en 2018 el protocolo No callem para que las discotecas y los grandes festivales musicales de la ciudad se comprometiesen a informar al Ayuntamiento de las agresiones sexuales en un máximo de 36 horas. Un total de 1.576 trabajadores del ocio nocturno barcelonés recibieron formación sobre la atención adecuada a las víctimas. Porque Barcelona, en aquella época, era esa ciudad en la que si una se acercaba a un portero de una discoteca para decirle que un hombre te había agredido en la pista y había salido huyendo, te podían ignorar por golfa. Así le pasó a la joven que denunció en 2016 a los responsables de seguridad de la sala Jamboree un caso de abusos y solo encontró vacío y desprecio. En la denuncia que interpuso ante los Mossos, especificó que los dos porteros del local la menospreciaron: “Si le estabas bailando, ¿qué te esperas?” y “vete al psiquiatra, que es al único sitio al que tienes que ir”, le espetaron. “Me trataron de loca por denunciar una agresión sexual”, resumió la mujer a eldiario.es.

Mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consolida un protocolo para garantizar la protección de las agredidas, todavía quedan grietas afuera. Dani Alves ha fichado al abogado penalista Cristóbal Martell, el mismo que asegura que su trabajo no promueve “una sociedad mejor” y que “el feminismo está adquiriendo en el sistema penal una voz más allá de lo razonable”. Todavía hay violadas de segunda. No todos han aprendido a no tratarnos de locas.