El Gobierno modificará la ‘ley del solo sí es sí’ para “resolver a futuro los problemas detectados”

Casi tres meses después de que empezara el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, el Gobierno se ha decidido finalmente a cambiar la ley del solo sí es sí, aunque aún no sabe cómo lo hará. El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual ya en vigor por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”, según una nota oficial de La Moncloa. Esto es, para los juicios que se hagan con la nueva ley, no para las revisiones de las condenas con normas anteriores.

No se sabe aún cómo lo hará, y no parece sencillo, pero lo que hay es una decisión política del presidente, Pedro Sánchez, de hacer algo para frenar la sangría de imagen para el Gobierno progresista en un asunto muy sensible que está suponiendo este problema, que se ha convertido en el centro de las críticas de la oposición.

Sánchez ha forzado así a Irene Montero, que se ha resistido durante semanas a este cambio con la idea de que no encontraban una solución viable. La ministra de Igualdad ha rechazado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones hasta que La Moncloa lo ha confirmado oficialmente. De hecho, después de la nota de La Moncloa, fuentes de Podemos, el partido de Montero, admiten que se está trabajando en una solución pero se han encargado de destacar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida” y añaden que “el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal”, informa Paula Chouza. El mensaje parece evidente: Sánchez y su equipo han decidido hacer algo ya —como adelantó este sábado La Vanguardia— y Montero ha aceptado la instrucción del presidente, pero aún no ve cómo aplicarla, mostrando así sus reticencias.

El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, repiten los dos sectores del Ejecutivo—, la nota oficial de La Moncloa señala que “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”.

El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez que la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar. El motivo es el principio básico que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. Y por tanto, aunque ahora se modifiquen al alza las penas, ese cambio solo afectará a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor. El pasado viernes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya incidió en ello.

Tanto Llop la semana pasada, como en otros momentos la ministra de Igualdad y ahora fuentes gubernamentales, reconocen los “efectos indeseados” que ha tenido la ley. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. Aseguran que la modificación será acordada entre los socios de gobierno, “con plena sintonía” y que el texto que se está redactando para la modificación estará listo “pronto”. El Partido Popular volvió a urgir a Sánchez este sábado a modificar la norma y ofreció el apoyo de su formación. “Los votos del PP en las dos Cámaras están a disposición del Gobierno para cambiar la ley; no necesita a Podemos ni a nadie, solo sentido común”, señaló su secretaria general, Cuca Gamarra, en un acto en Burgos.

La nota oficial de La Moncloa se esfuerza por evitar la imagen de un conflicto entre socios y deja en todo momento la gestión en manos de Igualdad. Pero las tensiones de las últimas semanas son inocultables y la resistencia de Montero frente al deseo del sector socialista de hacer algo era muy evidente. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”, añade la nota. El cómo aún no está definido. No pueden “concretar” la forma en la que se procederá; si será tocando la parte penal de la ley —elevando las penas, por ejemplo— o si será haciendo ajustes en el resto de la normativa.

Una fórmula que significaría eliminar por completo el espíritu de la ley, que nació precisamente del clamor social por el caso de La Manada para que la justicia no dirimiese la diferencia entre abuso y agresión según la violencia e intimidación que los agresores hubiesen usado para cometer el delito, es decir, según la resistencia de las mujeres agredidas.

En año electoral, la norma más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años, tras la ley de 2004, de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. Aunque el Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas, sí quiere intentar acotar las consecuencias en el futuro.

Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a que se estaba trabajando en perfeccionarla, confirman fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa tras la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir”.

Pero matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía [el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma] ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”, apuntó.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.

Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos ―por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas ―como la agresión sexual sin ningún agravante, que pasó de cinco a cuatro años―. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.

El “trabajo” que Montero afirma que llevan meses haciendo comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Entonces, la primera reacción del Gobierno fue amagar con cambiar la norma por “los efectos indeseados”; pero Igualdad se cerró en banda y achacó las rebajas a una lectura incorrecta, incompleta y machista de la ley. El Ejecutivo decidió esperar a que el Tribunal Supremo unificara criterio, esperando que lo hiciera en el mismo sentido que la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones. Las excarcelaciones alcanzan ya la veintena y son casi 300 las reducciones de condena.

Portavoces de todos los ministerios implicados —Igualdad, Justicia e Interior— y de cualquier otra instancia gubernamental han repetido que estas consecuencias de la entrada en vigor de la ley “no eran la voluntad del legislador”. Pero esas implicaciones han provocado sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo— y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.

A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Gobierno que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después a las generales.