Igualdad plantea el acceso inmediato a una vivienda y al ingreso mínimo vital para víctimas de violencia machista en riesgo alto

Que aquellas mujeres en situación de alto riesgo por violencia machista y especial vulnerabilidad económica tengan acceso inmediato a una solución de vivienda y a una ayuda como el ingreso mínimo vital; que en el ámbito rural existan puntos violetas que no solo den información sino que sirvan como mecanismos de derivación, y que podrían estar ubicados en farmacias, centros sociales y en los centros de atención primaria; y atención psicológica especializada para estas mujeres dentro del Sistema Nacional de Salud. Estas son tres de las propuestas que se van a incluir en el informe resultante del Comité de Crisis por los últimos asesinatos por violencia machista, seis en lo que va de 2023, 1.188 desde que se recogen datos oficiales, en 2003. El último, el de una mujer y su hija de ocho años en Valladolid.

La de este viernes ha sido la segunda reunión de ese comité —lo hizo por primera vez en diciembre, ante el pico de asesinatos que se produjo—, y seguirá haciéndolo, según ha informado la secretaria de Estado Ángela Rodríguez, cada mes que haya cinco o más asesinatos. Junto a Rodríguez han comparecido en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, justo al finalizar esa segunda convocatoria, a la que han asistido no solo representantes de las comunidades donde se han producido asesinatos en lo que va de este año —Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Canarias—, sino que se ha invitado al resto de autonomías, que acudieron a la reunión para ver con detalle cada caso junto a los ministerios de Interior y Justicia, la fiscal de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, y las unidades de violencia sobre la mujer.

Como ya sucedió a finales del pasado año, el análisis pormenorizado de cada asesinato deja ver las grietas por las que se cuela la violencia y también las posibles soluciones. “La principal conclusión de las propuestas tiene que ver con la capacidad de llegar allá donde están las víctimas para ofrecerles toda la capacidad de atención integral que el Estado tiene la obligación de poner a su disposición. Sabemos que no estamos llegando siempre a tiempo. Tenemos que ser capaces de que estén disponibles los servicios y de buscar las maneras de llegar de manera eficaz a esas víctimas, y atendiendo a situaciones de especial vulnerabilidad que son algunos de los casos más impactantes que hemos visto en esta reunión”, ha dicho Montero.

Esos casos más “impactantes” son aquellos en los que las mujeres tienen por unos u otros motivos una especial vulnerabilidad, “circunstancias especialmente relevantes que, de haber sido tenidas en cuenta, podríamos haber prevenido”, ha ahondado la secretaria de Estado, que se ha referido, sin concretarlos, a los casos en los que “la precariedad económica obligaba a estas mujeres a tener convivencia con sus maltratadores por no disponer de una vivienda alternativa”.

De esas situaciones parte la propuesta de que exista un contacto automático entre servicios sociales y especializados y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo para compartir la información que pueda ser relevante para activar medidas preventivas, sino “para poner en marcha medidas proactivas”, ha dicho Rodríguez. Es decir, las alternativas habitacionales y las ayudas ya existen para las víctimas de violencia machista, pero tienen que solicitarlas ellas.

La propuesta, ha especificado la secretaria de Estado, es “invertir la mirada”, no esperar a que las mujeres soliciten esa ayuda, sino que cuando se detecta riesgo alto, se ponga a su disposición, “inmediatamente”, “el acceso a una vivienda, al ingreso mínimo vital o ayudas de carácter económico”. Además, ha añadido, “la rapidez no la estamos consiguiendo, [necesitamos] que el ofrecimiento de estos servicios sea automático, rápido, inmediato. La pobreza también mata, la precariedad supone un factor más de riesgo”.

Necesidad de recursos

Como también lo es vivir en lugares que por población no cuentan con todos los recursos disponibles y la salud mental, cuestiones de las que han derivado las propuestas de contar con puntos violetas en distintos espacios como farmacias, centros sociales y centros de salud en el ámbito rural; y que los servicios de atención psicológica especializados no solo se encuentren en los servicios de atención a víctimas, “sino que el propio Sistema de Salud tenga capacidad de tener, como establece la Ley de Libertad Sexual, un servicio de atención psicológica especializada para las mujeres que hayan sufrido violencia de género o violencia sexual, pero mucho más continuado en el tiempo”, y que se hagan extensibles no solo a hijos e hijas menores, sino también a mayores de edad y otros familiares.

Desde Igualdad creen que esto sirve “como un lugar de recuperación y reparación, y también de detección precoz de otros posibles casos de violencia que puedan estar sufriendo estas mujeres”, porque, han especificado, no solo hay agresores reincidentes: “también mujeres que no era el primer caso de violencia que habían vivido”.

Sin embargo es esta última, quizás, la propuesta más complicada de materializar para un Sistema Nacional de Salud que no cuenta con todos los recursos necesarios para atender a la población que ya los solicita, y en el que las esperas ya se alargan meses. España tiene seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea; y también está lejos de los estándares de otros países del entorno en psiquiatría, donde hay 11 por cada 100.000 personas, la mitad que en Francia (23), y algo menos de la mitad que Alemania (27).

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.