Ventanilla única para las víctimas de la violencia machista: una atención pionera, integral, con ayuda emocional

En 21 años de trayectoria ligada a la lucha contra la violencia de género, la inspectora jefa de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana Pilar Bojó se ha hecho con argumentos suficientes, dice, para corroborar que el servicio de atención integral y especializada a las víctimas de la violencia machista articulado de manera pionera en Valencia y Castellón es un paso adelante. “Da la respuesta institucional prometida a estas víctimas, en un entorno amable, cuidado, privado, seguro y especializado”, muy alejado del ambiente que se respira en las oficinas de denuncia de una comisaría, señala.

“A una comisaría tradicional se viene a denunciar un robo, un daño en un vehículo… y también un caso de violencia machista”. La principal diferencia es “la exclusividad” que arropa este nuevo recurso. “Es un lugar tranquilo creado para ellas, donde no se atiende ningún otro tipo de denuncia, donde se cuida mucho su privacidad para que se sientan seguras, acompañadas y comprendidas”, apunta. Los juguetes y pinturas que colorean las salas de espera de estas dependencias, dirigidas a los hijos de las víctimas que muchas veces les acompañan en la huida, denotan ya esa intención de construir un entorno cercano y de reformular el enfoque en la asistencia que reciben.

Bojó es jefa de estas dos Oficinas de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, únicas en España, a las que se sumará otra en Alicante. La de Valencia, impulsada desde la consejería de Justicia, en colaboración con el ministerio, abrió en abril de 2019, y en este tiempo ha atendido a 2.275 mujeres, dos al día, y ha registrado 1.388 denuncias. Cifras “esperanzadoras” que avanzan en el reto de “conseguir que las mujeres superen el miedo a denunciar, que es el primer paso para salir del círculo del maltrato, haciendo que sea lo más sencillo posible”, indica la consejera de Justicia, Gabriela Bravo.

La evolución de los datos lo confirma: en 2019 las mujeres atendidas en estas dependencias de Valencia —de los 17 a los 75 años, aunque la mayoría tiene entre 30 y 50— fueron 370, en 2020 sumaron 545 y en 2021, casi el triple que en el arranque: 904 mujeres. En lo que va de año ya son 456 las víctimas atendidas. Las denuncias también han ido a más: 252 en 2019, 293 en 2020 y 547 en 2021. Solo este primer semestre de 2022 suman 296. La Comunidad Valenciana es la tercera región española con más denuncias acumuladas, registra 259.806 desde 2009; por detrás de Madrid (290.546) y Andalucía (383.390).

Esta semana echa a rodar la oficina de Castellón en la Ciudad de la Justicia. Como la de Valencia, abre de lunes a domingo de 9.00 a 21.00 ininterrumpidamente. Al frente, un equipo con formación específica y sensibilizado en la lucha contra la violencia de género integrado por seis policías, coordinados por una oficial y dirigidos por la inspectora jefa; seis equipos psicosociales, formados cada uno por un psicólogo y un trabajador social; y siete profesionales de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de Castellón (una coordinadora; una psicóloga; tres letradas y dos trabajadoras sociales). El personal se completa con un médico forense. También se presta asistencia jurídica específica y gratuita.

Aunque las denuncias por violencia de género pueden tramitarse en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer, el grueso, dice Bojó, se hacían en comisaría. Una tendencia que pretende revertir este recurso pionero. Su triple reto es simplificar el proceso de denuncia, ofrecer un espacio seguro a las víctimas y valorar mejor su riesgo. Y esto se logra generando un clima que trate de apaciguar el estado de agitación y desorientación en el que llega la víctima, y arropándola con profesionales especializados. “Cuando vienen sienten que su vida va a ponerse patas arriba, no saben dónde ir… De aquí salen con toda la información, derivadas a los recursos pertinentes y con custodia policial si se determina. Es como una ventanilla única. Les da tranquilidad, aun con lo duro de su situación; esa sensación de respaldo les ayuda también en el juicio”, explica Pilar Bojó.

Esto que expone la inspectora jefa es el escenario ideal en el que deberían trabajar todas las instituciones para atender la violencia machista. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de 2017, hace alusión a esa línea de trabajo y atención. Y hace ya casi dos décadas, en 2004, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establecía en su artículo 19 el derecho a la asistencia social integral para las víctimas de violencia de género, que incluía, de forma general, las especificidades que detalla Bojó.

Además, incluyó en una disposición adicional la creación de las llamadas unidades de valoración forense integral, oficinas ideadas para analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas; entre ellos, profesionales de medicina forense, trabajo social y psicología que trabajasen bajo el paraguas de los institutos de medicina legal (IML). Sin embargo, la ambigua redacción en la normativa ha provocado que 18 años después ni existan en todas las provincias ni funcionen de forma homogénea allí donde sí están.

En Valencia esas unidades sí existen. Y ahora estas oficinas suponen un paso más en la mejora de la atención a las mujeres. En la de Castellón hay un acceso independiente desde el exterior del edificio, dotado de personal de seguridad y con enlace directo a la sede judicial. A la víctima la recibe un policía, que valora el nivel de riesgo —por ejemplo, si está siendo perseguida por su agresor— para establecer las primeras medidas de protección, y si presenta lesión. Si es así, se le acompaña a un centro de salud.

A su vuelta, o en el caso de que no haya lesión, la víctima accede a una sala de espera con juegos infantiles para sus hijos y donde la mujer puede mantener el contacto visual con ellos. Las denuncias con menores implicados en los episodios de maltrato en la oficina de Valencia suman, desde abril de 2019, un total de 318.

Tras esta primera atención, se activa el equipo psicosocial, que informa a la mujer de todo el proceso y de sus derechos. Se le presta apoyo emocional y se valoran sus necesidades para articular los recursos sociales. La sensibilidad impera. “Si decide denunciar, se entrevista de forma conjunta a la mujer por todo el equipo para evitar esa doble victimización teniendo que narrar lo mismo a cada profesional”, indica Bojó.

Una vez estabilizada emocionalmente y tras la intervención del equipo psicosocial, la víctima es asistida por los agentes para presentar la denuncia. Se valora el riesgo y si lo hay, se realiza acompañamiento domiciliario y custodia policial.

La relación con la víctima no termina cuando sale de la oficina. “El seguimiento del equipo es periódico. Se le facilita un contacto y establecemos una relación con ella. Sabe que puede contar con este recurso cada vez que lo necesite. Que no está sola”, concluye Bojó.