El 39% de las asesinadas por violencia machista en 2022 había iniciado un proceso judicial

Apenas se ha iniciado el año y ya son seis las mujeres asesinadas en casos de violencia machista en España. De ellas, dos habían interpuesto una denuncia e iniciado un proceso judicial. Ante el repunte de crímenes, este viernes se reunirá por segunda vez el comité de crisis —lo hizo por primera vez el pasado diciembre, ante el pico que también se produjo—, integrado por los ministerios de Igualdad, de Interior y de Justicia, junto a las autonomías en las que se producen los asesinatos.

Diecinueve de las 49 mujeres asesinadas en 2022 habían iniciado un proceso judicial (39%) y cinco de ellas tenían incluso medidas de protección vigentes (como órdenes de alejamiento o cese de comunicaciones por parte del agresor). De todas las asesinadas, 23 (43%) tenían una denuncia interpuesta (por ellas mismas o por terceros) o había “constancia institucional” de su caso: nunca se había registrado un porcentaje más alto desde que el Ministerio de Igualdad recoge estos datos.

Qué falla en el sistema cuando una mujer que ya ha alertado de que es víctima de violencia machista es asesinada, es algo que se evalúa de forma individual en cada caso. Pero a esas grietas que pueden darse, y que las propias instituciones reconocen, se suma una cuestión que puede también poner en riesgo a las mujeres que han iniciado procesos judiciales: los retrasos. Los tiempos judiciales en este tipo de procesos están aumentando. La falta de recursos y la rotación excesiva de la plantilla en los juzgados especializados a menudo alargan la espera, dejando en ocasiones expuestas a las víctimas ante sus agresores.

170 días a la espera de sentencia

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se crearon en 2004 para atender específicamente los casos de delitos relacionados con la violencia de género en España. Lo normal es que estos órganos judiciales tarden, de media, 2,7 meses para resolver un asunto penal y 8,6 meses para uno civil. Esto es, una media de 5,6 meses de proceso, o 170 días, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2021 y analizados por este periódico.

El tiempo de duración de los procedimientos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en España ha aumentado en los últimos tres años. En 2019, la media para dar por cerrado un asunto penal era de 63 días. En 2021, último año con datos, el promedio había subido a 81 días.

Esta brecha de casi 20 días se debe principalmente a la crisis sanitaria de la covid, que también ha lastrado al resto de juzgados. Pero ese ‘parón’ todavía no se ha desatascado: “Los juzgados de violencia sobre la mujer realizaron durante los peores meses de la pandemia los servicios de guardia, dictaron órdenes de protección y cualquier medida cautelar necesaria para proteger a mujeres y menores... pero lógicamente la duración de los procedimientos se vio afectada”, asegura Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

En 2021 las cifras han ido a peor. “Hay evidencias claras de que faltan medios, faltan recursos. Falta una dotación presupuestaria brutal al sistema judicial”, expone una abogada especialista en violencia de género y miembro de la asociación Abogadas para la Igualdad.

De un mes y medio a más de un año, según la comunidad

Además, el tiempo que se dilatan los procesos judiciales depende mucho de en qué comunidad autónoma resida la víctima; ha crecido desde 2012 en todas, y lo ha hecho aún más después de la irrupción de la covid-19, pero hay diferencias de meses entre unas y otras.

Según los últimos datos disponibles, en Extremadura, Castilla y León y País Vasco, la media de los asuntos penales en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer supera los cuatro meses. En cambio, en Aragón o Cantabria apenas roza el mes y medio.

Para Abogadas para la Igualdad, el problema no es la pandemia, sino otro: “Si todo va bien al iniciar un proceso, su duración no es tan importante porque se toman medidas cautelares. Lo importante es que se den las órdenes de protección”, señalan. Hay que sumar, además, los quebrantamientos de dichas medidas.

De media, en España se adoptan el 70% de las medidas de protección que se solicitan en los juzgados de violencia de género, un porcentaje que ha mejorado respecto a 2012, cuando era del 60%. A día de hoy, las comunidades que conceden más este tipo de salvaguardas son la ciudad autónoma de Melilla y Aragón. En Madrid y País Vasco, en cambio, apenas se otorgan el 50%. En Cataluña, el porcentaje es del 48%, el más bajo de todo el país.

Evidencias de un sistema judicial degradado

Desde 2012, año en el que empieza la serie histórica del CGPJ, la duración de estos procesos ha experimentado un aumento del 12% en los asuntos penales, y de más del 35% en los civiles. La tendencia inicial fue la reducción de los tiempos, pero, a partir de 2016, la media empezó a incrementarse, siendo 2020 el peor año. En 2021, la duración se estabilizó en los procesos penales, pero siguió aumentando en los civiles.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer están entre los que más se han ralentizado desde el año anterior a la pandemia: la duración estimada de un proceso penal ha crecido un 28% desde 2019; de un asunto civil, un 19%.

El principal problema de que se alarguen tanto los procesos es que las víctimas de violencia de género pueden correr mayores riesgos. Desde Abogadas para la Igualdad creen que lo más importante es “emplear dinero público en formar bien a jueces y magistrados, porque si se entiende el problema se dan cuenta del peligro que ellas corren.”

La solución para reducir el tiempo hasta que se dicta una sentencia es evidente para la asociada de Abogadas para la Igualdad: cumplir la ley de forma integral. “La ley dice que debe haber un juzgado especializado en violencia de género en cada partido judicial. En Asturias, por ejemplo, solo hay dos, uno en Oviedo y otro en Gijón. El resto no son especializados, soportan la sobrecarga de este tema, además de lo que ya tienen. Si a ello le sumas la falta de formación… Deja a las mujeres desatendidas, una consecuencia de la falta de medios”.

Una de las peores plantillas judiciales

Uno de los factores que influyen en la duración de un procedimiento judicial es la movilidad del personal en los órganos judiciales. A mayor movilidad, se tendrá peor respuesta al ciudadano, ya que habrá menos personal encargado de reunir el material probatorio, tomar declaraciones, recabar informes forenses, realizar valoraciones psicológicas o entrevistas, entre otras funciones.

En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la rotación de la plantilla, el porcentaje de días cubiertos por jueces y magistrados titulares y la interinidad en estos órganos son muy superiores a la de otros juzgados. De hecho, estos juzgados tienen el índice más alto de rotación de jueces y magistrados, y de letrados, según el Informe sobre la movilidad de la plantilla judicial de 2021 del CGPJ.

Ángeles Carmona, del Observatorio del CGPJ, achaca las malas cifras de rotación en estos juzgados a la imposibilidad de reformar el Reglamento de la Carrera Judicial. “Se ha diseñado una formación específica para esta especialidad, pero no se puede poner en marcha sin reformar previamente el Reglamento de la Carrera Judicial, algo que el CGPJ en funciones no puede acometer como consecuencia de la reforma de 2021″, asegura.