El Gobierno descarta hacer ajustes en la ‘ley del solo sí es sí' y se centra en proteger a las víctimas

El Gobierno pasa página con la ley integral de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido este viernes que el texto “no ha tenido los efectos deseados”, pues ha dado lugar a que en ciertos casos (ya se han registrado más de 200) se produzcan rebajas de condena a agresores sexuales, al contemplar la ley penas más favorables para ellos. Sin embargo, el Ejecutivo descarta definitivamente cualquier modificación de la norma. Llop ha reconocido que, aunque ahora se introdujera algún ajuste en la ley, eso ya no serviría para evitar las rebajas de penas (porque los condenados podrían acogerse siempre a la normativa más favorable, la actual), por lo que el Gobierno va a centrarse en desarrollar las medidas de protección a las mujeres que contempla la norma. También en poner en marcha otras, como la anunciada esta semana para que las víctimas de agresores que hayan sido excarcelados por la reforma legal pueda pedir dispositivos de control telemático (las llamadas pulseras contra el maltrato).

El anuncio de Llop llega tras dos meses en los que distintos miembros del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos han apostado por recetas distintas para intentar hacer frente a la rebaja de penas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, pero con participación del Ministerio de Justicia, eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual que se hacía hasta entonces y fijó castigos más elevados para las conductas más graves, como las agresiones en grupo o bajo los efectos de drogas. Pero, al agrupar delitos que antes estaban diferenciados, se rebajaron también los castigos en algunos supuestos, lo que ha llevado a que los tribunales revisen centenares de sentencias en virtud del principio penal que obliga a aplicar a los condenados una nueva ley cuando les resulte más favorable que aquella con la que se los juzgó. Por los casos que se han ido difundiendo desde los propios tribunales, ya son más de 200 los condenados a los que se les ha reducido el castigo, de los que al menos 14 han sido puestos en libertad.

Nada más conocerse los primeros supuestos, el Gobierno amagó con cambiar la norma para evitar sus “efectos indeseados”, mientras las responsables del Ministerio de Igualdad culpaban a los jueces de las rebajas de penas por, supuestamente, hacer una lectura incorrecta o incluso malintencionada de los cambios en el Código Penal. El Ejecutivo optó finalmente por esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara, con la confianza de que pusiera coto a las rebajas de penas y unificara en esa dirección el criterio del resto de los tribunales, que en su mayoría estaban avalando reducir el castigo al reo siempre que la ley del solo sí es sí contemplara penas menores. Pero el Supremo, en contra de lo esperado por el Gobierno, ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones.

Descartada la opción de que fuera el alto tribunal el que frenara las reducciones de las penas, el Ejecutivo retomó la idea de introducir correcciones en la norma. El presidente, Pedro Sánchez, encomendó a las ministras de Igualdad y de Justicia la tarea de estudiar las fórmulas posibles, pero ambos ministerios han llegado a la conclusión de que no hay ninguna opción buena, tal y como ha admitido Llop este viernes. “El derecho transitorio ya se ha consolidado y, aunque se hicieran cambios, esta situación ya no se podría modificar”, ha advertido.

Llop ha reconocido que la ley “no ha tenido los efectos deseados”, y que el Ejecutivo esperaba que los tribunales dieran una respuesta “más similar” a la acordada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma. Pero, una vez descartada esta posibilidad, el Ejecutivo asume que no hay opciones viables para revertir las rebajas y ha optado por centrarse en desarrollar las medidas de protección previstas en la norma, desde mecanismos para garantizar la reparación de las víctimas a ayudas económicas, pasando por programas educativos para los agresores. “Es una ley que protege a las mujeres y a las víctimas, y estamos trabajando para seguir implementando y desarrollando la aplicación de esta norma”, ha subrayado Llop.

Este viernes, el Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la aplicación de la ley, pero lo ha hecho sobre uno de los supuestos en los que la nueva norma no rebaja las penas, sino que las incrementa, por lo que no ha aplicado el cambio de ley al agresor. El tribunal ha confirmado así la condena a 12 años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a una sobrina desde que ella tenía 11 años y hasta los 16, cuando la adolescente denunció lo ocurrido. Tras cometer las agresiones sexuales, el condenado, de 51 años, amenazaba a la víctima con que si contaba algo la encerraría en un psiquiátrico y que le haría lo mismo a su hermana pequeña. El tribunal señala que, en este caso concreto, de una agresión sexual continuada a una menor de edad con agravante de prevalimiento de relación de superioridad y atenuante de reparación del daño, no tiene incidencia la reforma de los delitos sexuales recogida en la Ley de Libertad Sexual, ya que la pena con la nueva regulación no solo no sería más favorable al reo, sino que supondría una pena superior a la impuesta con arreglo al anterior código.