Las víctimas afectadas por las excarcelaciones tras la ‘ley del solo sí es sí’ podrán pedir dispositivos telemáticos de protección

Las víctimas de violencia sexual que se vean afectadas por las rebajas de penas y las excarcelaciones tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí pueden pedir ya dispositivos de control telemático para sus agresores, conocidos como pulseras contra el maltrato, que hasta ahora estaban disponibles solo para víctimas de lo que se entiende como violencia de género, es decir, dentro de la pareja o expareja. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, durante la presentación de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 la tarde de este martes. Podrán pedirlas las “víctimas afectadas por reducciones de penas imprevistas o incluso algunas excarcelaciones sorpresivas”, ha confirmado Rosell en lo que supone el primer movimiento del Ministerio de Igualdad para paliar las consecuencias ante la constatación de que las rebajas pueden hacer sentir desprotección a las mujeres.

La delegada ha explicado que el Ministerio de Igualdad pidió en diciembre que “en 24 horas” estuvieran disponibles y a disposición de las víctimas dichas pulseras una vez hubiera “orden judicial” —un juez debe dar la orden tras la solicitud de las víctimas—. Ha añadido que tanto la Fiscalía, como el Consejo General del Poder Judicial y el Sistema Cometa [el seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género]ya están al tanto.

La fiscal de sala de violencia, Teresa Peramato, mandó “un oficio” a todas las fiscalías a finales de diciembre. “Comuniqué a toda carrera la posibilidad de solicitar el dispositivo para proteger a las víctimas de violencia sexual, y [corroboré] que la delegada de Gobierno hubiera dado orden al Centro Cometa [el de control de estos dispositivos] para que, si se solicitan, se proceda a su instalación en el plazo de 24 horas. El oficio se remitió el día 21 de diciembre a través de la Unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado”, explica Peramato a EL PAÍS a través de un mensaje.

Rosell envió el mismo oficio al Consejo General del Poder Judicial, “diciéndoles que lo bajaran [que informaran] a toda la carrera judicial, porque nosotras [el Ministerio de Igualdad] no podemos dirigir recomendaciones ni ningún tipo de orden”. Asegura que a fecha de hoy, 17 de enero de 2023, no han recibido ninguna petición. Sobre cuál es el procedimiento específico para pedirlo, la delegada no ha entrado en detalles, pero ha afirmado que pueden hacerlo a través de las fiscalías.

Los delincuentes sexuales que salen de la cárcel tras cumplir su condena suelen tener, en su gran mayoría, una pena de libertad vigilada. Es decir, el condenado está sometido al control judicial a través de distintas medidas que pueden ir desde la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente a la prohibición de residir en el lugar que la Justicia estime oportuno, según establece el artículo 106 del Código Penal.

Esto es preceptivo desde 2014, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que fijaba la “libertad vigilada como medida posdelictiva en delitos sexuales”. “Es obligatoria su imposición en sentencia, salvo los casos excepcionales en que el Código Penal autoriza a prescindir de ella (delincuente primario al que se condena por un único delito)”, seguía ese fallo. El mismo documento ahondaba en que “la posibilidad de suspensión de la pena privativa de libertad no habilita para dejar de imponer tal medida que deberá cumplirse una vez extinguida la pena principal [es decir, la libertad vigilada empieza una vez se haya cumplido la pena de cárcel] sin perjuicio de las posibilidades de reducción, revisión o incluso cese que previene el Código Penal”.

Hasta ahora, no hay un recuento oficial de cuántos agresores se han visto beneficiados por las rebajas de penas y cuántos han sido excarcelados, la delegada ha hecho referencia, “según han publicado los medios de comunicación”, a “un centenar de rebajas” y “14 excarcelaciones”.

Las pulseras de control son dispositivos que geolocalizan tanto a víctima como a agresor y envían una alerta cuando este último se salta el perímetro impuesto. Actualmente, hay 3.015 activas y alrededor de 1.300 más disponibles. Además de otorgar la posibilidad de la instalación de estos dispositivos, Igualdad ha abierto el Servicio Télefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) a mujeres cuyos agresores ahora se vean beneficiados de las rebajas de condena.

Y ambos servicios, tanto los dispositivos telemáticos como ATENPRO, estarán disponibles para todas las víctimas de cualquier violencia machista —y no solo para las que la sufren por parte de su pareja o expareja o ahora las de violencia sexual relacionadas con la ley de Libertad Sexual— en un plazo de dos años. El teléfono lo estará “antes de que acabe este año”, ha afirmado Rosell, y las pulseras, “a partir de marzo de 2024″.