El mapa de las violencias

No es solo un empujón o un puñetazo. No es solo un tirón de pelo o una bofetada. No es solo un arañazo ni solo tiene que ver con las heridas sobre la piel. La violencia de género, esa que se ejerce sobre las mujeres solo por ser mujeres en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, tiene múltiples formas. Ni las cifras oficiales de los países que las recogen —lo hacen 106, según ONU Mujeres— ni las globales computan el total de estas violencias ni las desgranan. La mayoría de ellas están presentes en las cifras oficiales por maltrato, aunque no se desagreguen: no solo no son excluyentes sino que, en su mayoría, son inherentes unas a otras. Cuando se habla de violencia machista se tiende a pensar en la física, la sexual o la psicológica. Y algunas pasan casi desapercibidas, como la violencia económica, la patrimonial o la social. De otras no se habla con regularidad en los países desarrollados, donde apenas ocurren, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina; y de ellas solo hay datos aproximados de los estados donde esas prácticas siguen extendidas. Organizaciones internacionales, cuerpos de seguridad y expertas coinciden: es imposible saber el número exacto, de cualquier violencia. Solo se conoce lo que se denuncia. La OMS estima que una de cada tres mujeres (35%) en el mundo ha sufrido violencia machista, física o sexual. También se calcula que solo denuncia una de cada tres. Aquí, un repaso a las distintas violencias y sus cifras [cuando las hay] en España.

Es la más fácil de reconocer, la más evidente y la que siempre recogen los datos. La produce cualquier acción que provoque daño en el cuerpo de la mujer —un empujón, un pellizco o un arañazo también son violencia física—. Su forma más extrema es el asesinato. Este año son 51 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 1.027 desde que se registran datos oficiales, en 2003. Además, en 2018 se interpusieron 166.620 denuncias por violencia de género; y el sistema Viogén, la herramienta de seguimiento de la policía para estos casos, registró hasta octubre de este año 513.308 víctimas y 570.387 casos (60.538 de ellos activos).

Tocamientos en bares y discotecas, roces sin permiso en el transporte público o una violación. Toda aquella intromisión no permitida en el cuerpo de una mujer, con o sin penetración, es violencia sexual. El pasado año, estos delitos fueron los que más crecieron: un 23,2%, según la Fiscalía. Los datos de Interior cifran en 1.702 los delitos de violación y en 12.109 las agresiones y abusos sin penetración en 2018. Y dos tendencias preocupantes para el Ministerio Fiscal: el aumento de las denuncias de violaciones grupales; y los datos de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, no por los números absolutos (648 casos) sino por el crecimiento, un 43% más que en 2017.

Amenazar, humillar, ridiculizar, aislar, hostigar... El maltrato psicológico puede llegar a ser tan sutil que no se perciba. Mina la confianza, destruye la autoestima, es repetitivo, tiende a intensificarse con el tiempo y se produce de dos maneras: activa (insultar o cuestionar de forma constante las acciones o sentimientos) o pasiva (ignorar a la pareja o imponer silencio, por ejemplo). Organizaciones internacionales describen multitud de consecuencias —tristeza, angustia, depresión, ansiedad, comportamientos de autolesión, consumo abusivo de drogas...— que pueden desembocar en el suicidio. Aunque no existen datos específicos de esta violencia [se engloban con los de violencia física], siempre acompañan, y casi siempre anteceden, a esa violencia.

La frase “te voy a quitar lo que más quieres” corresponde a esta violencia, la que ejercen los maltratadores contra terceras personas para hacer el mayor daño posible a su pareja o expareja. Pueden ser hijos e hijas, madres o padres, hermanas o hermanos. En España solo se contabilizan como víctimas de violencia machista, y desde 2013, los menores asesinados. Son 34 desde entonces, tres en lo que va de 2019.

Ejercer, de una u otra forma, control sobre el dinero para conseguir un menoscabo psicológico y mermar la independencia de la mujer es violencia económica. Según los últimos datos disponibles, en la Macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Sanidad, de 2015, el 7,2% de las mujeres que han tenido pareja alguna vez han sufrido que él se negara a darle dinero para gastos del hogar; el 7,5% que se le impidiera tomar decisiones sobre la economía familiar o hacer compras libremente; y el 5,1% afirman que no las dejaban trabajar o estudiar fuera de casa. En España, este tipo de violencia se recoge en la ley de 2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, en la adhesión de España al Convenio de Estambul y en el Pacto de Estado contra la violencia de género y, aunque es común, no está aún muy reconocida socialmente y no existen datos actualizados.

Romper objetos de valor de la pareja, ocultarlos, impedir el acceso a documentos o a estancias de la casa, esconder el correo o documentación personal son algunos ejemplos de violencia patrimonial, una forma de violencia económica. En la ley de 2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se recoge este tipo, en el artículo tres: "... que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella dependientes, o la discriminación en la disposición de los recursos que le correspondan legalmente o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica".

En España, la brecha de género tiene una cifra oficial, del INE: la diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres es del 22,34%. Pero no todo tiene que ver con el sueldo, los cargos que se ostentan o a los que se te tiene acceso también general desigualdad; por ejemplo, el último informe Científicas en cifras, del Ministerio de Ciencia e Innovación, cifró en un 21% los puestos de mayor responsabilidad científica que ocupan las mujeres. Y no sucede solo en la vida laboral, también en las pensiones existe desigualdad: la pensión promedio de una mujer el pasado año fue de 740,2 euros, para ellos fue de 1.162,3 euros.

No es un término reciente aunque solo ha empezado a tener atención social y mediática en los últimos años. Ya en 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de la ONU la recogió; describió esa violencia como "la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra". Y en su artículo cuatro añadía: "Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer". Así, el daño institucional es toda aquella acción de organismos públicos que desprotege o daña a las mujeres: desde los recortes de presupuesto destinado a este fin a la falta de educación en perspectiva de género para los operadores jurídicos o la ausencia de credibilidad de las víctimas. 

La trata y la prostitución están estrechamente relacionadas, como apunta la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito y la UE: “Las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas detectadas en todo el mundo y el 80% de las identificadas en Europa occidental. El 95% de ellas acaban explotadas por la prostitución, lo que pone de manifiesto la muy estrecha relación que hay entre la trata y la prostitución y un claro componente de género”. En España, —donde la prostitución es alegal a la espera de una nueva legislación de la que ya se hizo un borrador el pasado año y que prevé el Pacto de Estado—, se estima que la explotación sexual de mujeres mueve 3.700 millones de euros anuales. Interior registró, en 2017, 14.000 prostitutas en España, aunque cree que esa cifra puede ser el triple; y la policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales.

El ciberacoso contempla múltiples formas que, además, van ampliándose según van cambiando las tecnologías. Puede ir desde el control de las redes sociales hasta la amenaza con publicar imágenes, vídeos o información personal sexual de la pareja. Ya ha sido recogido en varios documentos y estudios de diversos organismos, como la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, que la define como una forma de violencia de género que limita la libertad, genera dominación y relaciones desiguales entre hombres y mujeres que tienen o han tenido una relación. "Supone una dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, además del daño que supone a su imagen pública", apuntó el organismo hace casi una década en uno de sus informes sobre esta cuestión. Y ya adelantaba que las mujeres eran víctimas de esta violencia con mayor asiduidad que los hombres. Sobre todo, en los últimos años, niñas y adolescentes. Según el último informe de Save the Children sobre la violencia en línea Violencia viral, de todas las denuncias en las que la víctima era menor de edad, 2.286 —con datos del Ministerio de Interior— el 65,44% eran niñas.

Aunque en España el aborto es legal durante las primeras 14 semanas de gestación, según la ley de plazos de 2010, nunca ha parado la presión sobre las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo por parte de distintos colectivos. El pasado septiembre, 62 organizaciones feministas, sindicales y civiles agrupadas en la Plataforma Pro-Derechos, denunciaron un hostigamiento creciente a las puertas de las clínicas que practican abortos y pidieron la creación de un nuevo tipo penal para actuar contra “los grupos antiderechos y antielección” que lo perpetran. Según sus datos, alrededor de 8.000 mujeres lo han sufrido desde que entró en vigor la ley de plazos.

La violencia social y simbólica es aquella ejercida por la sociedad, en su conjunto o desde distintas organizaciones, contra las mujeres. El machismo, construido socialmente, también se refuerza socialmente. Así, se considera violencia social acciones como la cosificación que se hace de ciertas mujeres, frases que minusvaloran, estereotipos sexistas, insultos, la culpabilización mediática o el vilipendio que en ocasiones se hace de las víctimas, sobre todo de violencia sexual, o el silencio ante abusos o agresiones de mayor o menor gravedad.

Las cifras globales son muy elevadas para algo que la Organización Internacional del Trabajo ya considera una forma de esclavitud moderna. Según datos de Unicef, alrededor de 650 millones de mujeres se han casado siendo niñas y, cada año lo hacen aproximadamente 12 millones más, aunque también apunta que la tendencia es a la baja. En España, los matrimonios forzosos apenas han tenido relevancia en la agenda pública y mediática porque apenas ocurrían —y los datos de matrimonios infantiles que registra el INE suponen alrededor de un 0,03% de todos los enlaces—, sin embargo, los movimientos migratorios, crecientes en los últimos años, han hecho que esta práctica aparezca en Europa. El pasado año, la Fundación de Mujeres Progresistas realizó un estudio con el objetivo de aproximarse a esta forma de violencia en España a través de reuniones y entrevistas con organizaciones y personal del tercer sector que trabajan con personas migrantes; pero no existen cifras oficiales.

Como ocurre con los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina no es una práctica habitual en España, por lo que no tiene cifras, aunque sí está recogida como delito en el Código Penal, desde 2003. En el mundo, los datos también tienden a la baja pero siguen siendo elevados: según las organizaciones internacionales, más de 200 millones de mujeres han sido sometidas a la mutilación genital, de ellas, al menos medio millón en Europa. Y se estima que tres millones de niñas están en situación de riesgo cada año en países, sobre todo, de Asia, África subsahariana y Oriente Próximo. Distintas asociaciones y entidades en España intentan contabilizar cuántas mujeres migrantes provenientes de culturas donde esta práctica sigue arraigada viven en España o cuántas niñas pertenecen a núcleos familiares que mantienen esa tradición, para valorar el riesgo. Una de ellas es la Fundación Wassu UAB, según sus datos, son alrededor de 70.000, un 5,2% más que en 2012.

Al igual que las dos violencias anteriores, los crímenes de honor no se recogen en España. Esa violencia, arraigada en algunos países de Asia y Oriente Medio, se traduce en el asesinato de una persona, normalmente una mujer, a manos de su familia. Dentro de esta violencia también se recogen los ataques con ácido, las mutilaciones o las privaciones de libertad. Creen que el desprestigio que ha causado a la familia por algo que ha hecho (tener relaciones sexuales con alguien que no acepta) o a lo que se ha negado (como a un matrimonio acordado) les da derecho a matarla, torturarla o aislarla. Los expertos apuntan a la dificultad de hacer un cálculo, global o por países, porque muchos de esos asesinatos no se denuncian como tales, a veces se reportan como suicidios o accidentes. La estimación del Fondo de Población de Naciones Unidas es de 5.000 mujeres asesinadas cada año.