La eficacia de un invento español: las pulseras antimaltrato que han evitado los asesinatos en el 100% de los casos

Cuando las órdenes de protección no bastan para frenar a los maltratadores —y 107 mujeres han sido asesinadas teniendo una en vigor, desde 2006—hay una medida 100% eficaz, al menos hasta hoy, para evitar los crímenes machistas. Las llamadas pulseras antimaltrato, que alertan a la policía cuando el maltratador se acerca a la víctima, se han usado en más de 12.300 casos de riesgo y ninguna mujer ha sido asesinada llevándola. Es un invento español y el sistema que lo articula es pionero en el mundo. Pero desconocido para la opinión pública. De hecho, la mujer que tuvo la idea de crear esas pulseras, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no conocía —hasta que fue contactada para este reportaje— su éxito. El científico que las creó, el catedrático de Magnetismo de la Materia Antonio Hernando, recibió una corbata como premio por la patente.

La idea de las pulseras surgió en 2006. La Comunidad de Madrid premió al científico Antonio Hernando, que, tras un largo periplo internacional por universidades y centros de investigación en Europa y Estados Unidos, había vuelto al Instituto de Magnetismo de la Universidad Complutense que él mismo había creado décadas atrás. Aguirre lo había conocido y compartido con él una inquietud: “Era muy chocante que mujeres que habían denunciado, sus maridos llegaran a asesinarlas. Y se me ocurrió que como el instituto trabajaba sobre [magnetismo], si se les pudiera poner a las mujeres una pulsera que las avisara de la cercanía del maltratador, podría darles tiempo a que llamaran a la policía y a impedir que se acercaran a ellas”, dice en conversación con EL PAÍS Aguirre, que dejó la presidencia de la comunidad en 2012.

Hernando y su equipo, codirigido por el profesor de investigación del CSIC Jesús González, se propusieron desarrollar algo realmente competitivo. “Vimos que era un problema de radar selectivo”, recuerda Hernando, hoy catedrático emérito. De lo que se trataba era de mandar una onda electromagnética desde un dispositivo y que pudiera reflejarse únicamente desde otro dispositivo concreto, explica, de tal manera que el radar midiera permanentemente la distancia que había entre ambos (maltratador y víctima).

La Complutense regaló el uso público de la patente. Sin embargo, el sistema que licitó la Consejería de Justicia, liderada por Alfredo Prada, naufragó y la Fiscalía llegó a acusar a la empresa encargada de consentir que los agresores rompieran el perímetro de seguridad.

Tres años después, en 2009, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó el sistema en el ámbito nacional. Unos 3.000 dispositivos de seguimiento electrónico están a disposición de los juzgados españoles desde entonces. Un centro de control en Madrid, el llamado centro Cometa, coordina todas las alertas y avisa a la policía en caso de que el maltratador se acerque a la víctima más allá de la distancia dictada por el juez en la orden de alejamiento. Las alertas se notifican también al juzgado encargado del caso.

Hoy, y por extraño que parezca, lo más extraordinario de la herramienta no son sus cifras —cero asesinadas en más 12.300 casos aplicados—, sino el desconocimiento y el abandono público en el que a punto estuvo de caer a pesar de sus cifras. De hecho, cuando se sacó a concurso la renovación de la concesión en 2019, quedó desierta. Solo en segunda ronda Telefónica volvió a asumir el servicio que había prestado a través de una subcontrata durante la primera década, en la que el sistema estuvo infrautilizado.

Durante los primeros años, el seguimiento electrónico se imponía en apenas un 3% de las órdenes de alejamiento, según cálculos del catedrático José Luis Díaz Ripollés, autor de un balance monográfico sobre la Ley contra la Violencia de Género. Desde 2019, el total de dispositivos usados se ha triplicado: ahora hay 2.980 dispositivos activos, lo que supone en torno a un 10% de las órdenes de protección de este año (estimación hasta el 30 de septiembre). Si es necesario, se ampliará el número de los 3.000 disponibles, según fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La patente y la corbata

El sistema ha ido venciendo sucesivas resistencias: algunas víctimas no querían llevar un dispositivo siempre encima, bastantes juzgados eran reacios a imponerlas (un desequilibrio que se da también en las órdenes de protección) y muchos abogados, fiscales y jueces ni siquiera conocían bien el sistema. “Cada año llevamos el tema [de las pulseras] a nuestras jornadas de fiscales especialistas y siempre destacamos su eficacia”, explica por teléfono Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. “Es un mecanismo muy bueno”, añade, y recuerda que el número de asesinadas en este ámbito sigue siendo cero. La ministra de Igualdad de Francia, Isabelle Lonvis-Rome, reconoce que el sistema español, que ella misma estudió como alta funcionaria en varias visitas en los últimos años, ha inspirado el que su ministerio está desarrollando y que ya tiene 900 dispositivos en uso en Francia. “Me parece muy eficaz porque, en el fondo, evita específicamente que el maltratador se acerque a su víctima”, dice, informa Isabel Valdés.

La última Guía de buenas prácticas en materia de violencia de género, editada por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, lo describe como “herramienta de extraordinaria utilidad”. Gracias a su uso, por ejemplo, cualquier quebrantamiento queda registrado y se convierte en un valioso medio de prueba, explicaba en una nota de prensa reciente el CGPJ. Además de la mayor seguridad jurídica y procesal, “reduce la victimización secundaria”, según Lorea Arenas, profesora de Criminología de la Universidad de Extremadura. “La actividad probatoria recae en el centro que gestiona la tecnología, el centro Cometa, evitando así la búsqueda de testigos y que la mujer deba acudir otra vez a comisaría [a denunciar el quebrantamiento]”, añade por teléfono Arenas, autora de Los medios de control telemáticos en el sistema penal español (Tirant lo Blanc, 2018), basado en su tesis doctoral.

También tiene sus inconvenientes. La incidencia más frecuente son “las alertas que no se corresponden con una situación real de riesgo”, según el Observatorio del CGPJ, ya sea por fallos de cobertura —el sistema alerta por defecto cuando pierde la señal del maltratador—o porque el agresor entra involuntariamente en el perímetro de seguridad. Los problemas de cobertura se dan sobre todo en zonas rurales y redundan en la angustia de las víctimas, que reciben comunicaciones alertándoles de las incidencias. En septiembre pasado, una jueza de Barakaldo alertó de que los fallos podrían provocar “desprotección” en las víctimas, según un escrito de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La notificación de alertas sin riesgo real, además, conlleva una sobrecarga en los ya muy sobrecargados juzgados de violencia de género. Pero según la fiscal Peramato, se está trabajando para mejorarlo: “Se acordó depurar esos informes para remitir solamente aquellos que merecieran generar una actuación judicial o del fiscal”.

La de las pulseras es la historia de un éxito silencioso, que se ha sobrepuesto a sus difíciles, lentos y agridulces inicios. Tras el desarrollo del dispositivo, la Complutense y su entonces rector, Carlos Berzosa, hicieron pública la patente en un gesto hacia la Comunidad de Madrid. A cambio, Hernando comentó al consejero de Justicia que estaría bien que su departamento apoyara de alguna forma la labor del centro de investigación. El entonces consejero, Alfredo Prada, que actualmente está a la espera de juicio por el caso del campus de la Justicia, le regaló una corbata. Hernando lo resume con ironía: “Yo se lo agradecí mucho, claro, aunque como ves, las uso poco, pero guardo una de la Comunidad de Madrid. Es todo el regalo que tuvimos”.

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