Enrique Sanz: “El futuro de la Mutualidad de la Abogacía está garantizado aunque el Gobierno elimine este modelo de ahorro”

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene entre sus deberes de los próximos meses intentar dar solución al conflicto abierto en el seno de algunos colectivos, fundamentalmente una parte de abogados que hasta ahora han cotizado exclusivamente a su mutualidad de previsión social (los denominados mutualistas alternativos) y están en pie de guerra porque consideran que las pensiones que están generando en el sistema alternativo son muy bajas, inferiores en muchos casos a los 500 euros al mes. Ante esto, quieren llevarse sus ahorros depositados en la mutualidad a la Seguridad Social y comprar a cambio años cotizados para obtener una pensión pública. El Ministerio de Elma Saiz está dispuesto a regular las condiciones para que los mutualistas que lo deseen pasen sus ahorros a la Seguridad Social pero, a cambio, la norma eliminaría de raíz el modelo de mutualidades alternativas al sistema público, que desparecería a partir de 2027 y solo se mantendría como un instrumento de ahorro complementarios similar al de los planes de pensiones. De salir adelante esta ley ¿Cómo afectaría esto a la Mutualidad de la Abogacía?

Lejos de estar preocupado, el presidente de dicha mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, durante una entrevista con EL PAÍS, asegura que el futuro de esta entidad “está garantizado aunque terminara la alternatividad” en 2027. Según explica, esta tranquilidad le viene de “llevar muchos años haciendo los deberes y adaptando la mutualidad a los nuevos tiempos”. Esto les ha llevado a que, de los 10.500 millones de euros de ahorro para la jubilación de abogados y que gestionan, solo 3.500 millones corresponden a mutualistas alternativos (que no han cotizado en la Seguridad Social sino en exclusiva a la mutualidad) y los 7.000 millones restantes —dos terceras partes del total, enfatiza Sanz— corresponden a ahorro complementario de profesionales del colectivo que sí cotizan al sistema público. De esta forma, de los 210.000 mutualistas de esta entidad que existen en la actualidad, solo unos 55.000 son alternativos.

A pesar de ello, defiende encarecidamente el sistema y no solo como una vía de ahorro complementario sino que Sanz está peleando en todo este proceso normativo que ha emprendido la Seguridad Social porque la Mutualidad de la Abogacía (ahora redenominada Mutualidad) siga siendo una alternativa al sistema público y no se extinga el modelo en 2027, como pretende el Ejecutivo. “El futuro de la entidad está más que garantizado por la capacidad de generar ahorro y por la confianza de los mutualistas y sobre todo por la rentabilidad que damos, la estabilidad y la solvencia”, asegura su presidente. Actualmente, según las cifras de esta mutualidad, su ratio de solvencia es superior al 220% más del doble de lo que exige el regulador; tiene unos gastos de gestión en el entorno del 0,26-0,28%, frente al 1% de otros instrumentos de ahorro semejantes, dice Sanz; y dispone de fondos propios por valor de más 535 millones de euros.

Por ello, este directivo defiende, sobre todo, “que no se termine con la alternatividad en 2027, no tiene sentido privar a estos profesionales de una opción legítima si además está informada y ha funcionado con éxito, máxime cuando el Gobierno si prevé mantener el modelo alternativo para quienes coticen en pluriactividad”, explica Sanz. En este sentido, ha calificado de “beligerante” la determinación con la que la Seguridad Social quiere terminar con el sistema del mutualismo dentro de dos años, pero ha advertido que a pesar de dicha beligerancia “hay otros grupos políticos que van a tener que apoyar las medidas en el Parlamento y que no piensan lo mismo que el Ministerio. Por ello, se deberán conjugar los planteamientos de unos y otros y habrá que llegar a un consenso. Con esta proposición de ley o la que sea”. Y añade: “No hemos dejado de hablar con los partidos en todos los ámbitos y hay grupos políticos que están a favor de mantener la alternatividad”.

Dicho todo esto sí admite que la llegada de nuevos mutualistas a la entidad “ha decaído por la incertidumbre que genera el que se esté diciendo que en 2027 se va a cerrar. Entrar en un sistema a extinguir no tiene gran atractivo, pero si se mantiene la alternatividad estoy convencido de que van a seguir llegando estos mutualistas”. En este punto, Sanz reflexiona sobre el origen del conflicto que ha generado toda esta situación para concluir que hasta 2023 “no hubo ningún problema en absoluto”. Pero ese año cambió el sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, según el cual los autónomos ya no podían elegir su base de cotización y aportar lo mínimo al sistema sino que debían cotizar por sus ingresos reales. Los mutualistas se vieron afectados por este cambio y pasaron a tener que cotizar como mínimo por el 80% de la base mínima, pero de la tarifa que les correspondiera por sus rendimientos netos declarados a Hacienda. Esto en la mayoría de los casos elevaba su aportación a la mutualidad.

“El problema surge en el 2023 cuando se les comunica que como consecuencia del cambio en el RETA, según el cual los autónomos van a tener que cotizar según sus ingresos reales. Eso es lo que molesta a los mutualistas, porque muchos de ellos lo que querían era pagar lo mínimo y se buscaban luego la vida por otro lado. Y en ese momento dicen: si ahora la Mutualidad va a ser igual de cara que el RETA, pues ya no me interesa la Mutualidad. Esa es la primera protesta que surge y a partir de ahí se genera el conflicto”, asegura Sanz.

Dicho conflicto adoptó la forma de protestas en las calles, donde miles de abogados y procuradores, han revindicado en varias ocasiones en el último año y medio la creación de una pasarela al RETA, que les permita comprar años cotizados con sus ahorros en la mutualidad y obtener pensiones públicas con ello. La Seguridad Social ha accedido a diseñar dicha pasarela, cuyas condiciones prefiere no valorar Sanz, “porque eso corresponde a quienes tienen que pagar (los mutualistas) o recibir el dinero (la Seguridad Social)”. Aunque sí defiende que esa conversión de años cotizados a cambio del ahorro depositado en la mutualidad “debe ser justa”.

Lo que sí reclama Sanz para la puesta en marcha de esta pasarela es “que el dinero que tienen aquí los alternativos y quieren pasar a la Seguridad Social, debe salir de la mutualidad de una forma ordenada y con un calendario adaptado a las previsiones de jubilación año a año, porque no se puede pedir a unas entidades que hagan líquidas inmediatamente inversiones que tenían previstas para el largo plazo”. Sea como fuere, este directivo insiste en que “la Mutualidad no va a poner ningún impedimento” a los mutualistas que se quieran marchar.

Otra cosa es cuántos vayan a ser los que se pasen a la Seguridad Social. En su opinión, ni siquiera serán todos los alternativos: “No sabemos a qué sector de los mutualistas le va a merecer la pena irse, en el caso de mayor desplazamiento del ahorro podría irse al sistema público en torno a un 30% (alrededor de 3.000 millones), pero es un dato aleatorio que no está sujeto a ninguna estadística, porque dependerá de las valoraciones de los mutualistas”, ha dicho Sanz.

“A la hora de tomar una decisión sobre su marcha tendrán que tener en cuenta muchas variables porque no todo va a tener el camino fácil que está teniendo ahora”, ha explicado Sanz en referencia a posibles futuros recortes en el sistema público. “Estamos en un momento dulce de la Seguridad Social, con la revalorización de las pensiones con el IPC, y la subida de las mínimas, pero no sabemos si eso va a ser así en un futuro porque es evidente que para mantener el sistema se van a tener que tomar medidas que van a endurecer las condiciones; lo que ahora parecen ventajas a lo mejor en un futuro no lo son tanto”, ha considerado Sanz. Por ejemplo, indica que actualmente el periodo mínimo para generar el derecho a cobrar una pensión del 50% de la base reguladora son 15 años “pero no sabemos si se va a ampliar ese mínimo”. Además, apunta que en los próximos años, la tasa de sustitución (porcentaje del último sueldo que representa la pensión) de las pensiones españolas deberá bajar del actual 80% al entorno del 60% o 50% y, por tanto, los pensionistas tendrán que complementar sus prestaciones con ahorro complementario. “El Gobierno debe, por tanto, incentivar este ahorro, no solo con incentivos fiscales directos, sino también con bonificaciones en las cotizaciones”, ha considerado.

Para finalizar, el máximo responsable de la mutualidad de abogados y responde a quienes no se explican cómo estos profesionales, que se dedican en muchas ocasiones a asesorar a empresas y trabajadores, no calcularon que con sus aportaciones a su sistema de previsión no recibirían pensiones mayores. “La abogacía es una profesión que se ha dedicado a defender intereses ajenos y se ha preocupado poco de los suyos”, se lamenta Sanz. Así, reconoce también que existe poca cultura financiera en general en la ciudadanía y también en el colectivo de abogados. Pero concluye asimismo que “en la base del problema está la precarización de la profesión y la pérdida de ingresos. Si los abogados llegaran a la jubilación con ingresos patrimoniales suficientes no se preocuparían por la cuantía de la pensión”, como asegura que pasaba hace años.