La crisis del mutualismo muestra las costuras de la colaboración público-privada

Dos millones de funcionarios y familiares llevan dos semanas sumidos en la inquietud. Las aseguradoras sanitarias que participan en el llamado modelo Muface han amenazado con irse por las pérdidas acumuladas. No serían las primeras en marcharse. El Gobierno ha propuesto una subida de las primas del 17%, pero ni aún así está clara la viabilidad del convenio. Esta crisis nunca vista en la asistencia médica mutual para empleados públicos coincide con la enorme conflictividad que rodea a las mutualidades de previsión social de colectivos profesionales —abogados, procuradores, arquitectos o gestores administrativos—. Estos grupos que han ahorrado para la jubilación a través de estas aseguradoras ven ahora que las pensiones privadas que cobrarán son muy bajas. Además, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, conocidas como mutuas de accidentes de trabajo, han sido señaladas por la vicepresidenta Yolanda Díaz como un foco de prácticas corruptas, puertas giratorias y sueldos escandalosos.

Las mutualidades son empresas sin ánimo de lucro en las que un colectivo se une para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Una figura similar a las cooperativas. Aquí no hay unos accionistas que sean dueños de la compañía y que repartan los beneficios según el poder accionarial. Cada mutualista tiene un voto y los beneficios se reinvierten o se reparten de forma homogénea. Esta es la teoría, que rige para aseguradoras como Mutua Madrileña, Pelayo o Fiatc. Pero en España también se ha utilizado la figura de la mutualidad para cubrir algunas parcelas y competencias donde el Estado de Bienestar no alcanzaba.

Durante el franquismo, cuando la preocupación por la jubilación o la incapacidad laboral era incipiente, se crearon infinidad de mutualidades para proteger a diversos colectivos. En 1944 se creó la Hermandad Nacional de Arquitectos para ayudar a este gremio con las pensiones de vejez; en 1948 surgió la mutualidad de los abogados, de obligada inscripción para todos los letrados, y que les prestaría ayuda tras la jubilación y proveería pensiones de orfandad y viudedad. También había mutualidades para notarios, curas, empleados de banca...

En esa época, los funcionarios también tenían carencias en materia asistencia sanitaria y por la cuantía de las pensiones que recibían, por lo que se crea la figura del mutualismo administrativo. Los Abogados del Estado tenían su mutua, los inspectores de Hacienda... Durante la Transición española surgió la necesidad de aglutinar la acción mutual dispersa, fragmentada y desigual. Así se creó Muface (1975), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que hoy en día ofrece servicios médicos a profesores, policías o funcionarios de prisiones; se creó Isfas (1975), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que atiende militares y la Guardia Civil; y Mugeju (1978), la Mutualidad General de Justicia, para jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.

María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es una de las mayores conocedoras de la problemática mutual. Hace unos meses la contrató el Colegio de la Abogacía de Madrid para elaborar un dictamen con el fin de intentar desencallar la situación de miles de abogados mutualistas que quieren dejar de cotizar en una mutualidad privada y pasar el dinero acumulado a la Seguridad Social para cobrar una pensión pública. “Hay que tener en cuenta que hasta 1995 los abogados, y otros colectivos profesionales, tenían la obligación de cotizar a través de su mutualidad correspondiente, y era la entidad quien establecía cuánto tenían que aportar”, recuerda la jurista.

En el caso de las mutualidades de previsión social, las costuras empezaron a saltar a causa del envejecimiento de la población. En su origen, estas aseguradoras funcionaban con un sistema de reparto: tanto dinero entraba cada año, tanto repartían. Como ocurre con la Seguridad Social. Pero a medida que iba a aumentando la esperanza de vida, el modelo se hacía insostenible. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, recuerda que “la normativa nos obligó a pasar a un sistema de capitalización individual, por el cual cada mutualistas va ahorrando tanto como lo que aporta”. El problema es que muchos abogados, procuradores o arquitectos quedaron a contrapié. Quienes siguieron cotizando en la mutualidad en lugar de hacerlo para la Seguridad Social, denuncian que nunca se les informó adecuadamente del nivel de prestaciones que iban a recibir. Ahora, reclaman que se habilite para todos ellos una pasarela para ir al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Nuria Cachafeiro es abogada en un pequeño despacho de Vigo. Tras comprobar las exiguas pensiones que van a cobrar de la Mutualidad, decidió fundar una asociación para reclamar al Gobierno soluciones. “Lo que nos han hecho es una vergüenza”, relata. “Nunca se nos informó con claridad de lo que supondría seguir cotizando a través de nuestra mutualidad, en lugar de hacerlo para recibir una pensión pública”.

El ministerio de Seguridad Social es consciente de la delicada situación de cientos de miles de profesionales liberales y está estudiando cómo poner en marcha esa pasarela. Además, para acabar con la excepcionalidad de que haya trabajadores que tengan un sistema alternativo de cotización, los nuevos colegiados tendrán que cotizar a través del RETA a partir de 2027. De esta forma, las mutualidades de previsión social serán simples aseguradoras con una adscripción totalmente voluntaria.

En el caso de otras mutualidades de colectivos profesionales —integradas en la Seguridad Social en los años 80—, algunos de sus antiguos trabajadores acabaron llegando al Tribunal Supremo hasta que les reconoció que durante años habían pagado impuestos de más, que ahora Hacienda tiene que devolver. Otro ángulo muerto vinculado al mundo mutual.

La salud de los funcionarios

Si algunos profesionales liberales temen por su escasa pensión, los empleados públicos temen por los servicios sanitarios que perciben. La inmensa mayoría de funcionarios están cubiertos por Muface (1,49 millones de beneficiarios), Isfas (559.000) o Mugeju (92.000). Cada año escogen si quieren ser atendidos por la sanidad pública o la privada. En un 76% escogen la segunda opción. En el último convenio, se presentaron para prestar este servicio Adeslas, Asisa y DKV, pero siempre se han quejado de que el dinero que recibían por parte del estado era muy escaso. Ahora, con una propuesta de incremento de las primas del 17%, hay un riesgo cierto de que alguna de ellas, o incluso las tres, decidan no presentarse a la renovación del convenio.

La magistrada Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, es muy pesimista con la situación de las mutualidades. “Espero que alguien conserve un mínimo sentido común para evitar que las mutualidades caigan porque sería también un golpe catastrófico para la sanidad pública”, reflexiona. En caso de que no se renovara el convenio con las aseguradoras privadas, Muface y el resto de mutuas tendrían que cerrar acuerdos con las consejerías de Sanidad autonómicas, en un momento en que la sanidad pública ya está colapsada.

A las mutualidades de previsión social de colectivos profesionales y al mutualismo administrativo se suma la situación de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, como Asepeyo, Fremap, Fraternidad o Mutua Universal. En este caso, se trata de asociaciones de empresarios que se unen para dar servicio en caso de accidentes de trabajo (altas y bajas), enfermedades laborales, rehabilitación, chequeos periódicos... Los sindicatos han denunciado con frecuencia el funcionamiento poco transparente de estas instituciones, su posición de poder a la hora de forzar el regreso al trabajo de asalariados enfermos, así como los altos sueldos de los directivos —que en muchos casos superan los 200.000 euros—, junto con indemnizaciones de oro en caso de despido.

Un directivo sindical reconoce las dudas que hay sobre el papel que juegan estas antiguas mutuas de accidentes de trabajo: “Los empresarios tienen una ascendencia sobre ellas muy fuerte, lo que condiciona las decisiones sobre altas y bajas laborales”. Además, “son un híbrido extraño porque, aún siendo entidades privadas, toda su actividad está enmarcada dentro de las competencias de la Seguridad Social”. Un ejemplo más de que las estructuras de propiedad alternativas (como fueron en su día las cajas de ahorros) así como las colaboraciones público-privadas generan conflictos de intereses y zonas de sombra donde es fácil perderse.