El paso de los abogados mutualistas a la Seguridad Social se atasca en el Congreso

La regulación de la pasarela que permita a los abogados y procuradores traspasar los fondos acumulados en sus respectivas mutualidades a la Seguridad Social a cambio de años cotizados para poder cobrar así una pensión pública sufrió un nuevo revés en el Congreso de los Diputados la pasada semana. El PSOE y Podemos intentaron llevar a cabo esta regulación a través de sendas enmiendas, muy diferentes entre sí, a una ley de medidas sobre la mejora del funcionamiento de la justicia debatida en Comisión el lunes pasado. Sin embargo, ninguna de estas dos formaciones lograron el respaldo suficiente para mantener las demandas de estos colectivos en la tramitación parlamentaria. Esta falta de apoyo no ha sentado bien en la Seguridad Social donde opinan que “ahora deben de ser los grupos (parlamentarios) los que expliquen por qué han rechazado estas mejoras”, apuntan fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz.

Los socialistas presentaron dos enmiendas que no consiguieron sacar adelante. En la primera, instaban a que el Gobierno se comprometiera a aprobar una legislación que regulara esta pasarela de los mutualistas al Régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA) en el plazo de tres meses. Mientras que en una segunda enmienda presentada posteriormente intentaron aprobar directamente la regulación completa de este traspaso de fondos. La propuesta del Ministerio reflejada en esta enmienda no hacía mención a la exigencia inicial de solo permitir el paso al sistema público a los profesionales vulnerables, pero sí establecía la fórmula para determinar como computarían los fondos acumulados cuando se entregasen a la Seguridad Social a efectos de años cotizados. En concreto, el texto rechazado señalaba: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, actualizada al IPC y aplicando a dicha base un coeficiente del 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

Esto significada que para conseguir un año completo de cotización en la Seguridad Social los mutualistas deberían de entregar el equivalente a ese porcentaje de la bases mínimas históricas de cotización aumentadas con el IPC. Esta fórmula encarece la “compra” del año cotizado frente a la propuesta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía, que determina, entre otras cosas, que la cantidad necesaria para obtener los quince años de cotización que se exigen para una pensión pública deberían rondar los 33.000 euros.

Además solo podrían usar esta pasarela los que se hubieran dado de alta en la mutualidad antes de de 2013 y quienes se encontraran “en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha 1 de enero de 2024″. Esto último eliminaría el acceso a todos los profesionales que, debido al ruido surgido durante todo este año, tras constatar las bajas pensiones que recibirán, se hayan pasado ya a la Seguridad Social al lo largo del presente ejercicio. Los socialistas mantenían también que, en general, a partir de 2027 los nuevos abogados y procuradores ya no podrán cotizar en sus mutualidades de forma alternativa la Seguridad Social.

Pero toda esta regulación propuesta por el Ministerio de Seguridad Social a través del Grupo Socialista, no reunió el consenso suficiente para salir adelante mientras que el PSOE tampoco mantuvo viva su primera enmienda que comprometía al Gobierno a legislar en esta materia en el plazo de tres meses.

En paralelo, Podemos mantuvo hasta el final de la comisión otra enmienda que tampoco obtuvo los votos necesarios para ser incluida en la norma, a pesar de que sí fue apoyada por Esquerra Republicana. En esta ocasión, la formación morada proponía que por cada año cotizado en las mutualidades de abogados y procuradores, estos profesionales que se quieran pasar a la Seguridad Social, obtendrían un año cotizado por la base mínima del RETA, a pesar de haber aportado, por lo general, bastante menos de lo que habrían hecho si hubieran estado de alta como autónomos. De esta manera podrían obtener mayores pensiones públicas, que en muchos casos duplicarían las que obtendrían de sus mutualidades.

En este escenario, la Junta de Portavoces del Congreso acordó el pasado jueves incluir la tramitación de la Ley medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, donde se recogería la regulación de la pasarela de estos mutualistas al RETA, en el pleno de la Cámara Baja de la próxima semana. Si bien, dado que ninguna de las dos enmiendas del PSOE sobre este asunto quedaron vivas, la única posibilidad técnica de volver a incluir esta regulación en esta norma sería una enmienda in voce, que recogiera un acuerdo de varios grupos para sacarla adelante.

Sin embargo, y a tenor de lo manifestado por algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del pasado lunes, donde llamaron la atención sobre lo “poco madura” que estaba esta regulación y la “ausencia de negociación e interlocución con el Ministerio” lo más probable es que el Gobierno renuncie a incorporar a esta ley la enmienda que regule la pasarela de los mutualistas abogados y procuradores que quieren pasar sus fondos acumulados a la Seguridad Social, según fuentes de estos colectivos de profesionales. Desde la Seguridad Social, por su parte, no desvelan sus intenciones respecto a cuál será el siguiente paso para lograr sacar adelante esta regulación y se limitan a insistir en que tienen “la mano tendida” para abordar esta futura normativa.