El Gobierno garantiza a los sindicatos la asistencia de Muface hasta octubre en ausencia de otra licitación

En medio de la tormenta surgida en el marco de la atención sanitaria de los funcionarios a través de Muface, el Gobierno ha querido trasladar este jueves a los sindicatos un mensaje de tranquilidad. El ejecutivo les ha transmitido que ha comenzado ya a trabajar en un nuevo concierto sanitario que resulte “más atractivo” para las compañías aseguradoras, después de que quedara desierta la anterior convocatoria, según fuentes sindicales. Y, en cualquier caso, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, que se ha reunido con los sindicatos CCOO, CIG, CSIF y UGT en el Consejo General de Muface, ha garantizado que, “en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público”, se podría prorrogar la actual asistencia hasta octubre de 2025, si antes no se aprobara una nueva licitación.

En un comunicado posterior al encuentro, la Secretaría de Estado de Función Pública ha enfatizado que “la continuidad de las prestaciones sanitarias está garantizada para todo el colectivo mutualista con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”. Además de los citados sindicatos, en la reunión han participado representantes de la Dirección General de la Policía y los ministerios de Educación, de Seguridad Social y de Hacienda, así como la directora general de Muface, Myriam Pallarés.

La actual licitación está vigente hasta el 31 de enero de 2025 y la citada ley especifica que, si al vencimiento de un contrato aún no se ha formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio,”se podrá prorrogar el contrato originario (...) por un periodo máximo de nueve meses” al existir “razones de interés público para no interrumpir la prestación”. Esto daría margen al Ejecutivo hasta finales de octubre del próximo año.

La reacción sindical ante la reunión con el Gobierno ha sido diversa. La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Maribel Loranca, ha confirmado lo dicho por el departamento de Función Pública y ha pedido “un esfuerzo” del Ejecutivo para lograr una nueva licitación, pero también ha reclamado “una mayor responsabilidad social de las empresas”. “Se trata de un sector muy sensible porque afecta al derecho a la asistencia sanitaria y a la salud y, por lo tanto, no es un sector normal en el que solo funcione el libre mercado y la oferta y la demanda”, ha agregado.

Sin embargo, CSIF y CCOO se han mostrado más combativos y han anunciado el inicio de distintas movilizaciones. Para el sindicato de funcionarios CSIF, las garantías dadas por el Ejecutivo acerca de la realización de un informe de viabilidad económico financiera para una nueva licitación suponen “explicaciones insuficientes y la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad”, sostienen en esta central. Por ello, sus responsables han anunciado que CSIF, aprovechará el inicio de las protestas previstas por este sindicato para el próximo lunes, 11 de noviembre, en demanda de mejoras laborales para los empleados públicos, para iniciar también una campaña de movilizaciones “para defender la atención sanitaria al colectivo de funcionarios adscritos a Muface”.

CCOO, que también ha anunciado movilizaciones, ha criticado que se haya convocado a las organizaciones sindicales a una reunión ordinaria, ”casi como meras espectadoras, en vez de abordar de manera exclusiva el futuro de la entidad y la garantía de servicio para todas las personas mutualistas”. El sindicato ha exigido conocer “la situación real sobre la nueva licitación” y la necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas.

Un concurso desierto

La citación del Gobierno a los sindicatos se ha producido después de que el pasado martes quedara desierto el concurso para dar asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface. Ninguna compañía, ni siquiera las tres que prestan el servicio en la actualidad (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV), se presentó a la licitación. Estas aseguradoras ya venían advirtiendo de la infradotación del concierto y de que el aumento de 303 millones de euros para el nuevo era insuficiente y les haría incurrir en pérdidas al proporcionar cobertura a un colectivo que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares (funcionarios) y beneficiarios (familiares).

Según UGT, el grueso de los funcionarios amparados por Muface pertenecen al sector de la enseñanza (unos 500.000), en tanto que unos 100.000 forman parte de la Administración General del Estado, donde se encuentran organismos como la Agencia Tributaria o prisiones. También lo estarían los funcionarios de Correos o la policía nacional.