Los sindicatos amenazan al Gobierno con ir a la huelga si no hay acuerdo en Muface

El Gobierno maniobra a contrarreloj para salvar el concierto de Muface, una mutualidad que ha permitido, hasta ahora, poder escoger cada año a 1,49 millones de funcionarios y familiares si querían atención sanitaria concertada o pública. Las tres aseguradoras que participaron en el último convenio (Adeslas, Asisa y DKV) anunciaron el martes que no se van a presentar al nuevo concierto (2025-2026). Los sindicatos más representativos dentro de los empleados públicos han mostrado su profundo malestar y amenazan con llegar a la huelga para que el Gobierno mejore la propuesta económica en la licitación exprés y consiga atraer a alguna compañía de seguros de salud.

El origen del problema está en la infrafinanciación que arrastra este modelo de sanidad concertada. Las aseguradoras que han estado en el concierto actual (2021-2024) aseguran que han perdido 600 millones de euros por el insuficiente pago de primas por parte del Estado. Las fuertes subidas de precios de 2022 y el aumento de las consultas y tratamientos médicos han acabado por descuadrar las cuentas. El Ministerio de Función Pública, que controla Muface, propuso una mejora del 17% en la dotación de la mutualidad, pero para el sector no ha sido suficiente. Asisa ha advertido que si aceptara podría llegar a entrar en quiebra. DKV calcula que perdería 74 millones de euros en dos ejercicios, que tendría que anotarse en los resultados de 2024, por la nueva normativa contable. En 2023 su beneficio fue de 43 millones, ya lastrado por la situación de Muface.

La dirección general de Muface ha convocado este jueves al mediodía a los sindicatos mayoritarios entre funcionarios. Su objetivo es trasladar a los representantes de los trabajadores que la mutualidad va a hacer lo posible para garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias como hasta ahora. Es decir, permitiendo elegir entre sanidad pública o sanidad de aseguradoras privadas.

Desde CSIF, el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se acusa al Ejecutivo de “poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios” y piden al ministro de Función Pública, Óscar López, que haga lo posible por salvar el concierto.

La central sindical ha convocado a los funcionarios a manifestarse el lunes 11 de noviembre delante de las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda “en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo”. Desde la entidad aseguran que “no descartan endurecer la movilización convocando paros parciales e incluso huelgas”.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Se trata de empleados públicos que trabajan en la Administración General del Estado (inspectores de Hacienda y de Trabajo, funcionarios de prisiones, Policía Nacional, Aduanas, etcétera). La mayor parte del colectivo, no obstante, son profesores que trabajan para comunidades autónomas. De hecho, el 65% de los mutualistas son docentes de primaria, secundaria y universitarios, de acuerdo con datos de UGT.

En caso de que el concurso exprés quede desierto, Muface tiene una carta bajo la manga. El Gobierno podría prorrogar el servicio hasta nueve meses más, atendiendo a “circunstancias de interés público”. Durante este tiempo, se mantendrían las actuales condiciones del contrato, lo que supondría extender la sangría de pérdidas que ya arrastran las aseguradoras. “Es como ponerse a negociar poniendo una pistola encima de la mesa”, apunta un directivo de una de las aseguradoras implicadas.

UGT Servicios Públicos, otro de los sindicatos mayoritarios entre funcionarios, reclama que la calidad del servicio no se puede ver afectada. Por su parte, Comisiones Obreras ha contactado con la dirección general de la mutualidad para conocer de cerca la situación actual. “Su respuesta ha sido de tranquilidad, manifestando que Muface seguirá garantizando la atención sanitaria a todas las personas mutualistas, tanto titulares como beneficiarias”, ha asegurado el sindicato.

Mientras el reloj sigue corriendo, crece el nerviosismo entre el colectivo. Las consultas a sus aseguradoras se han disparado y algunos han empezado a recibir publicidad para que contraten un seguro privado al margen de Muface. Para la mayoría de mutualistas es impensable no tener acceso a una aseguradora privada. “Mi padre tiene 83 años, lleva toda la vida en Muface, y sería un trauma tener que irse a la sanidad pública”, explica José María, un profesional del sector financiero que vive en Zaragoza.